Que en Cuba tenemos un problema con los precios no es noticia; que una inflación castiga el bolsillo de los cubanos, tampoco. Pero que existan mecanismos legales para contenerla, como la Resolución 225/2025 del Ministerio de Finanzas y Precios, y que estos sean violados de manera sistemática e impune, eso sí merece un análisis más profundo y, sobre todo, una mirada crítica hacia adentro.
Porque resulta que el Estado, en un esfuerzo por proteger al consumidor, estableció precios topes a productos de primera necesidad: pollo troceado, aceites, leche en polvo, pastas, salchichas y detergente. Productos que, además, están exentos del pago de impuesto aduanero precisamente para facilitar su importación y venta a precios asequibles.
Ello facilita la importación, se pone un tope, y el pueblo accede. Pero la realidad se empeña en desmentir la teoría.
Lo que estamos viendo estos días en redes sociales, en negocios particulares y mipymes, es un descontrol que duele. Aumentos injustificados, violaciones descaradas de la ley, y una sensación generalizada de que «aquí no pasa nada».
Y no, no es que los actores económicos sean los malos de la película por naturaleza. El problema es más complejo y pasa por la falta de control efectivo, por la impunidad que se ha normalizado y, por qué no decirlo, por la complicidad silenciosa de quienes tienen el deber de fiscalizar y a veces miran para otro lado.
El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, ha declarado que se realizan «controles integrales» en todo el país, con inspecciones que incluyen la verificación de precios, el uso de cuentas fiscales y el enfrentamiento a la evasión. Incluso, ha orientado que se impongan multas elevadas, cierres de negocios y otras medidas.
Suena bien sobre el papel, pero hay preguntas recurrentes que ningún cubano puede evitar hacerse. Si existen controles, inspectores, multas: ¿cómo es posible que los precios abusivos sigan siendo el pan nuestro de cada día?, ¿dónde está la mano firme que detenga esta hemorragia?
Aquí conviene recordar algo que el marxismo nos enseña. La ley, por sí sola, no transforma la realidad. Puede haber mil resoluciones, pero si no hay una correlación de fuerzas que las haga cumplir, si el aparato de control no llega, si la ciudadanía no se empodera para exigir, entonces, el marco legal se convierte en papel mojado.
Y ojo, que en esto último el pueblo tiene una gran cuota de responsabilidad. El propio ministro ha insistido en que es «imprescindible el apoyo de la población» mediante la denuncia de precios abusivos y el uso de cuentas fiscales. No se trata solo de quejarse en el portal del vecindario o en el grupo de Whatsapp. Se trata de actuar, de poner el teléfono a funcionar, de exigir el descuento por pago digital que por derecho corresponde —y que está establecido—, de no normalizar lo que está mal.
Por otro lado, hay una arista que no podemos olvidar. El primer ministro, Manuel Marrero, ha señalado acertadamente que el problema de fondo es la necesidad de incrementar la producción nacional y las ofertas. Si hay escasez, la especulación encuentra terreno fértil. Pero mientras se resuelve esa ecuación estructural —que no será de la noche a la mañana—, el control de precios es una herramienta insoslayable.
No puede ser que la población pague los platos rotos de la ineficiencia en la distribución o de la falta de inventarios que la propia ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, reconoció al hablar de déficits en el acopio de leche, huevos y otros productos básicos.
Entonces, ¿qué hacer? Primero, exigir que los mecanismos de control existentes funcionen. Que las inspecciones no sean un saludo a la bandera, sino una práctica sistemática y rigurosa.
Segundo, que las multas y sanciones sean ejemplarizantes y se apliquen con independencia del tamaño del negocio. Tercero, y quizás más importante, que la ciudadanía asuma su rol fiscalizador. Cada vez que pagamos de más y callamos, cada vez que aceptamos un precio violando la Resolución y no denunciamos, estamos siendo cómplices de la distorsión.
La Resolución 225 existe. Los precios topes están publicados en la Gaceta y disponibles para cualquiera que quiera consultarlos. Las autoridades han hablado de controles y de bancarización.
Si el pollo se vende por encima de los 312.80 pesos la libra, si el aceite de un litro supera los 990 pesos, si la leche en polvo se dispara más allá de los 1 675 pesos el kilo; estamos ante un fracaso colectivo. No del modelo, no de la Revolución, sino de la capacidad de hacer cumplir la ley. Y ahí, como siempre, el pueblo tiene la última palabra. No para linchar a nadie, sino para exigir, denunciar y, sobre todo, para no resignarse.
Porque la especulación no se combate con buenas intenciones, sino con control popular y mano dura contra quien abuse. Y eso, en una sociedad que se pretenda justa, no es negociable.
