Bloqueo energético contra Cuba. Foto: tomada de nuevapensamientocritico.org
La lógica del imperio, cuando se enfrenta a la resistencia de los pueblos, suele seguir un patrón predecible que ya hemos analizado en esta sección.
Hay que inventar una amenaza, un enemigo, mediáticamente factible y estratégicamente posible. Para ello, no importan los hechos, la moralidad o las leyes. En el caso de Cuba, este mecanismo se ha perfeccionado a lo largo de más de seis décadas, hasta alcanzar niveles de cinismo que rozan lo ridículo.
La Casa Blanca insiste en presentar a nuestra pequeña Isla como un «peligro inminente» para una de las mayores potencias jamás conocidas. Como señaló el canciller cubano Bruno Rodríguez el pasado mes de abril, resulta «absurdo el argumento del Departamento de Estado de que la nación antillana, en desarrollo, relativamente pequeña y sometida a una guerra económica brutal, pueda significar un peligro para la mayor potencia militar, tecnológica y económica del mundo».
Y tiene toda la razón. La única amenaza real que Cuba representa para Estados Unidos es la de ser un contraejemplo incómodo, la prueba viviente de que es posible resistir al imperio con dignidad, sin doblegarse jamás.
La comunidad internacional lleva más de tres décadas dando lecciones de geografía básica a Washington, sin que nadie en la Casa Blanca parezca escuchar. El 29 de octubre de 2025, la Asamblea General de la ONU aprobó por trigésima tercera vez una resolución en la que exige el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba. Un año antes, el rechazo fue aún más abrumador.
La tendencia del voto en las Naciones Unidas demuestra que la inmensa mayoría de naciones del mundo —incluyendo aliados tradicionales de Washington— considera el bloqueo como una violación flagrante del derecho internacional.
El propio texto de la resolución recuerda principios básicos como la “igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales”.
El bloqueo no es solo una política obsoleta, sino también ilegal en su aplicación. El Parlamento Europeo denunció en 2025 su «alcance extraterritorial», que obliga a empresas de terceros países a cumplir con normas estadounidenses bajo amenaza de sanciones.
Empresas de la Unión Europea han disminuido o suspendido su cooperación con Cuba ante las amenazas coercitivas de Washington. Incluso, la inclusión de Cuba en la lista de Estados «patrocinadores del terrorismo» ha obligado a instituciones financieras a bloquear transferencias para adquirir alimentos, medicamentos y combustible. El mundo sabe que quien debe rendir cuentas no es Cuba, sino la potencia que la asfixia.
Mientras Washington argumenta su inquina con la absurda cantinela de la «seguridad nacional», el verdadero costo de esta política se mide en vidas perdidas. Un reciente informe del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR) de Estados Unidos —es decir, una institución del propio país agresor— reveló que la tasa de mortalidad infantil en Cuba se ha disparado un 148 % entre 2018 y 2025, en un período coincidente con el recrudecimiento de las sanciones.
El indicador pasó de cuatro muertes por cada mil nacidos vivos en 2018 a 9,9 en 2025, lo que se traduce en aproximadamente 1 800 fallecimientos adicionales de bebés que pudieron haberse evitado.
El estudio del CEPR concluyó que las sanciones adoptadas por los Gobiernos estadounidenses desde 2017 «están diseñadas para causar daños económicos a Cuba» y que «pueden y parecen estar destinadas a provocar recesiones, crisis de balanza de pagos y mayor inflación».
Como si esto fuera poco, el informe agrega que el impacto más devastador ha caído sobre los más vulnerables, ya que los niños menores de cinco años representaron el 51 % de las muertes atribuibles a sanciones a nivel global entre 2012 y 2021.
Las cifras globales del bloqueo son escalofriantes. Entre marzo de 2024 y febrero de 2025, el costo ascendió a 7 556 millones de dólares. Al ritmo actual, la asfixia financiera alcanza más de 20 millones de dólares diarios.
La mayoría de la población cubana ha nacido y vivido íntegramente bajo este asedio, soportando la destrucción de nuestra calidad de vida y bienestar sin que Washington muestre el menor atisbo de rendición de cuentas.
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El bloqueo no es un instrumento de presión entre dos Estados, sino un acto de guerra económica contra un pueblo inocente, una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano.
El argumento de Washington para justificar esta maquinaria de castigo es que Cuba «representa una amenaza a la paz y la seguridad». Sin embargo, esta afirmación se desmorona tras el primer examen de los hechos.
Cuba no tiene bases militares en el extranjero, no participa en guerras de agresión, no invade países vecinos y no promueve golpes de Estado. Por el contrario, mantiene un historial limpio contra el terrorismo, el crimen internacional organizado y la violencia.
El propio senador demócrata Tim Kaine reconoció el mes de abril último, durante un debate en el Senado, que, «como miembro de los Comités de Servicios Armados y de Relaciones Exteriores, nunca ha oído la sugerencia de que Cuba represente una amenaza inminente para la seguridad de los Estados Unidos».
Kaine fue más allá al señalar que Estados Unidos «está involucrado en hostilidades con Cuba, porque utiliza la fuerza estadounidense, principalmente la Guardia Costera, para participar en un bloqueo económico muy devastador contra la nación».
La recomendación del senador fue que «Estados Unidos no debería estar en guerra con Cuba, a menos que haya un debate y una votación en el Congreso». Esa propuesta, sin embargo, fue rechazada en votación por el Senado, demostrando hasta qué punto la maquinaria belicista tiene secuestrada la voluntad popular en Estados Unidos.
Cuba no es una amenaza para Estados Unidos y el bloqueo no protege la seguridad nacional de Estados Unidos, sino que viola masivamente los derechos humanos de millones de cubanos. No es un acto de defensa legítima, sino de castigo colectivo.
No es una política de paz, sino un acto de guerra económica sin declarar. No es un instrumento para promover la democracia, sino un mecanismo para destruir la economía de una nación soberana que cometió el «crimen» de decidir su propio destino.
Así que dejemos las cosas claras de una vez. Quien debe explicar sus contradicciones no es Cuba, sino un imperio que, a pesar de su enorme poderío, no puede demostrar que una pequeña isla constituye un peligro real para su seguridad. El mundo lo sabe. La ONU lo sabe. Incluso algunos senadores estadounidenses lo saben.
La única amenaza aquí es la de seguir permitiendo que la hipocresía y la injusticia se disfracen de política exterior. Cuba aguarda con la frente en alto, mientras la conciencia moral de la humanidad exige el cese inmediato de esta política criminal. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)
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