Aquella era la primera salida después de que quitaron las restricciones de la covid19. Cuadré con unos amigos para alquilar un carro y así nos costaba más barato. La idea era ir calentado para mi cumpleaños. En tres meses cumplía 17.
En la fiesta compramos una botella de ron y empezamos a bailar. Recuerdo que uno de mis amigos participó en una especie de concurso de baile y se ganó unos tragos gratis que compartió con el grupo. La noche estaba inmejorable, hasta que alguien me dice que uno de los que vino conmigo se estaba fajando.
Me moví entre la gente e intenté divisar la bronca. De la nada, cuatro tipos se me tiraron encima. Lancé unos golpes al aire de forma un tanto descoordinada. Mi intención, más que darles, era mantenerlos a raya en lo que encontraba a los de mi grupo.
Entre golpes y empujones me doy cuenta de que aquella pelea ganaba en tamaño, al punto de llegar a no saber de dónde me venían los piñazos ni por qué. Mi único objetivo era salir con mis amigos de ahí lo antes posible.
Conecté algunos golpes y gané espacio para desplazarme hacia la salida, pero antes de cruzar la puerta alguien me reventó una botella en la cabeza. Ni me desmayé ni perdí el conocimiento ni nada por el estilo. Seguí adelante como si nada.
Al salir me encuentro con uno de mis compañeros, tenía un moretón en la cara y varios arañazos, pero nada de qué preocuparse. Desde ahí intentamos buscar al resto sin mucho éxito, hasta que mi amigo se percató de que tenía sangre en la espalda.
Primero pensé que era la misma sangre que tenía en la cabeza que me goteaba en la camisa, pero no. “¡Te pincharon!”, fue lo que alcanzó a decir mi amigo. Reconozco que al principio dudé porque no sentía dolor, pero a medida que pasaron los minutos comencé a sentirme cansado, decaído.
Cuando parte de mi grupo logró salir, descubrí que no era el único al que le habían dado una puñalada y tampoco el que peor había salido. Algunos ya iban hacia el policlínico, así que nos dispusimos a seguirlos. Por el camino íbamos ayudándonos unos a los otros para no caernos.
A mitad del viaje apareció un grupo de seis o siete tipos que corrieron hacia nosotros como si buscaran a alguien. Pese a que al parecer no éramos su objetivo, nos enfrentaron y uno de ellos me dio otra puñalada por el estómago.
Después de propinarnos unos golpes y gritarnos unas cuantas malas palabras, siguieron su camino y nosotros el nuestro. Justo en la entrada del policlínico me caí, hasta ahí me dieron las fuerzas, había perdido mucha sangre y finalmente perdí el conocimiento.
Estuve una semana ingresado en el hospital y un par más de reposo en la casa. Por suerte nadie murió y ninguna de las heridas se complicaron demasiado. Al final todo quedó en un susto, en una experiencia que espero nunca más se me repita.
(Declaración de un joven de 16 años víctima de un altercado violento en un centro recreativo estatal. Ocultamos su identidad y los detalles de los hechos por decisión propia).
LA VIOLENCIA SISTÉMICA
El hecho de ejercer la violencia, sea un acto premeditado o no, conduce a una idea defendida y debatida durante años por no pocos investigadores: cómo el machismo y la educación inciden en las conductas de los hombres y las consecuencias que ello trae consigo. Sobre el tema, el reconocido investigador y coordinador de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades, Julio César González Pagés, declaró en entrevista a la agencia internacional de noticias Inter Press Service en su corresponsalía en La Habana:
“Cuando un hombre es criado para que beba en exceso, eso trae consigo violencia; cuando un hombre es educado en el exceso de poder, es violento. Y todo este proceso va conformando el sustento, después, de una ideología que no solo es inherente a los hombres, también lo es a las mujeres, quienes pueden transmitir esos códigos machistas a sus hijos porque la aceptación social de un macho pasa por todo esto: son los códigos por los que son aceptados los hombres”.
Jóvenes que responden con ataques a otros ante un pisotón; que ultiman a otros simplemente porque agreden su pretendida “masculinidad” o porque los hacen “quedar mal” delante del grupo; hombres que asesinan a sus parejas si los engañan o deciden no continuar la relación; son algunos ejemplos de cómo se ejerce en la actualidad este tipo de violencia arraigada en parte considerable de la sociedad cubana.
El enfoque de género y el estudio de las violencias machistas resultan fundamentales en este caso para entender por qué, con más frecuencia de la que desearíamos, se conoce de hechos violentos, ya sea a través de las redes o en las comunidades, muchas veces ejercidos por jóvenes o contra estos.
Un estudio de 2020 publicado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sugería que “las necesidades de salud de los hombres, especialmente los adolescentes, son más urgentes de lo que se pensaba. Se sugiere que el género masculino es una variable que ocasiona mayor vulnerabilidad al riesgo. Por ejemplo, en general en América Latina y el Caribe, la carga de enfermedad para los hombres es 26 % más alta que para las mujeres. Mucha de esta morbilidad se asocia a la construcción social de la masculinidad: accidentes de tránsito, homicidios, lesiones y enfermedades cardiovasculares, a menudo relacionadas con el uso del alcohol, el estrés y los estilos de vida. Estas tendencias sugieren la necesidad de trabajar con adolescentes varones, ya que muchos de los comportamientos que llevan a estos problemas de salud en la edad adulta emergen de patrones aprendidos en la niñez y la adolescencia”.
En ese sentido, en nuestro país, desde la legalidad se ha querido ofrecer protección a estos menores, sobre todo a los jóvenes de entre 16 y 18 años, en aquellos casos donde su actuar no origine daños contra la vida humana y cuya conducta ante los procesos de conjunto con sus antecedentes así lo avalen. Según explica
Yanelis Valdés Aragón, fiscal jefa del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial, la nueva ley del proceso penal aprobada en 2021 apuesta por proteger a estas figuras legales, en varios de sus artículos. No se trata de un tema novedoso en sí, la jurista recalcó que desde hace años la protección a los delitos cometidos por menores de 20 años es atendida de manera diferenciada.
“La edad penal se mantuvo en los 16 años de edad; sin embargo, a las personas que cometen delitos, imputados al inicio de la investigación, entre 16 y hasta que cumplen los 18 años, tienen una protección mayor. Esto incluye que para instruirlos de los casos de los que se les acusa, tienen que estar presentes uno o ambos padres, además de un fiscal y el abogado. Para tomarle su primera declaración también; de igual modo, para cualquier acción de instrucción que se vaya a llevar a cabo con ellos, dígase reconstrucción de los hechos, algún experimento de instrucción”, explicó Valdés Aragón.
La nueva ley del proceso penal también establece otras formas de reprimir las conductas de estas figuras que cometen delitos. Por lo general, argumenta Yanelis, existían sanciones principales relacionadas con la privación de libertad, el trabajo correccional con internamiento o sin internamiento, la multa o las limitaciones de libertad; no obstante, entre los aspectos más novedosos de esta ley resalta el criterio de oportunidad.
“Este principio, recogido en los artículos 16 y 17, estipula que se puede aplicar cuando se trata de un delito cometido por imprudencia, o en los casos de delito intencional cuyo marco sancionador no exceda los cinco años de privación de libertad. Al aplicarse el criterio de oportunidad, con multa penal administrativa o no, el proceso no se presenta al tribunal; por tanto, este criterio es una decisión que pone fin al proceso.
“En este caso se le pueden aplicar multas penales administrativas, así como valorar a aquellos que colaboran en la investigación o estén dispuestos a resarcir el daño ocasionado”.
La especialista catalogó como válido este principio que intenta salvaguardar el futuro, reeducar a los jóvenes fuera de centros penitenciarios y poner una alerta a la familia con sanciones menos rígidas. Sin embargo, resulta esencial ajustarse a las normas y actuar con apego a lo establecido, en aras de reforzar esta idea y no de crear el efecto contrario. La negligencia, en estos casos de extrema sensibilidad, podría conducir a que quienes cometen delitos o atentan contra la vida humana, con premeditación o no, encuentren en esta ley una garantía para mantener la impunidad.
Proteger el futuro de los jóvenes y dirigir su desarrollo lejos de conductas delictivas entraña replantear los modelos educacionales desde la familia, la escuela y las comunidades. Asimismo, diversificar opciones de recreación sana y espacios de ocio atractivos para este grupo etario, una tarea aún pendiente en la ciudad y que se agudiza al interior de los territorios y consejos populares.
CUIDAR A LOS JÓVENES
El Grupo Empresarial de Comercio en Matanzas administra 17 empresas, 3 provinciales y 14 municipales, y cada una cuenta con un especialista en seguridad y protección que debe aplicar y monitorear un grupo de medidas básicas; aunque queda en manos de cada unidad establecer el resto de las normas que sean pertinentes según sus especificidades.
En los centros recreativos en particular queda prohibido sobrepasar la capacidad para evitar que la aglomeración de personas propicie un ambiente favorable a las indisciplinas. Tampoco se pueden ofertar productos de primera necesidad o escasos, para evitar que acudan a las fiestas coleros y especuladores.
Es obligatorio el cumplimiento de los horarios de apertura y cierre de los locales, y la administración debe prestar la máxima atención al chequeo de los documentos en la entrada, para evitar exponer a situaciones de peligro a menores de edad. De igual manera, se establece un límite de 18 años para aquellos que deseen alquilar una habitación o comprar cigarros y bebidas alcohólicas.
Incluso, se pueden llegar a coordinar acciones con las autoridades del territorio y las organizaciones políticas y de masas, así como con la Policía Nacional Revolucionaria, Salud Pública y el Cuerpo de Bomberos.
Luis Manuel Hernández, especialista de protección y seguridad del Grupo Empresarial de Comercio, reconoce que realmente toda medida que se tome es poca debido a los niveles de delito que enfrenta hoy en día la provincia, pero reconoce que uno de los dilemas principales radica en los mecanismos de seguridad de las empresas.
“Ahora mismo tenemos identificado que existen problemas en el completamiento de las plantillas de trabajadores para las cuestiones de protección. Muchas veces las empresas no ven necesario contratar más seguridad y a veces el mismo tema salario no se los permite, porque el dinero que se puede pagar es muy bajo.
“Eso ha provocado que hoy en buena parte de los centros nocturnos no haya un personal de seguridad propiamente dicho, que revise a las personas en la puerta y que vele por la disciplina dentro de la unidad. Esto es fundamental, porque muchas veces es ahí donde se encuentran los cuchillos, las navajas y las botellas de cristal que entran a los locales.
“En las discotecas y centros recreativos particulares sí hemos identificado que cuentan con equipos de seguridad, pero es una realidad que los niveles de precios que ellos manejan les permiten pagar este tipo de servicios; a diferencia de muchas de nuestras unidades, donde el margen de ganancia es menor y limita la capacidad de gestión de la administración.
“Un custodio y un personal de seguridad cobra poco más de 2 000 pesos, y nadie se va a meter en un lío con un par de borrachos o ni siquiera aguantará despierto una madrugada entera por esa cantidad de dinero”.
El Grupo Empresarial de Comercio no puede asumir el pago de seguridad profesional, que sería lo ideal en estos casos. Solo se acude a este tipo de servicios en contadas excepciones, como la presentación de artistas de renombre. A ello se suma que también han aumentado los robos a los centros que ofertan alimentos y productos de primera necesidad, por lo que se incrementa la demanda de personal de seguridad.
Al final, es el administrador de cada unidad quien asume la máxima responsabilidad ante cualquier suceso extraordinario e, incluso, puede cargar con consecuencias legales si un menor de edad resulta lastimado dentro de su local.
SOLUCIONES A LA VISTA
Sin duda, proporcionar espacios de recreación atractivos, y sobre todo adecuados para los más jóvenes, constituye un reto en el que urge trabajar entre las entidades y centros recreativos comprometidos con esta función. No obstante, alejar a los jóvenes del consumo de alcohol en edades tempranas e inculcar valores que potencien conductas sociales responsables depende también de la familia, la escuela y la comunidad en general.
Por desgracia no siempre ocurre así. En los últimos meses, diversos episodios con hechos violentos han atentado contra la vida de jóvenes de varios municipios matanceros; por lo que en tales casos tampoco se puede perder de vista la capacitación de todos los implicados en conducir dichos procesos legales, a fin de garantizar apego a la ley que tanto protege a este grupo etario.
(Por: Lisandra Pérez Coto y Boris Luis Alonso Pérez/Ilustración: Dyan Barceló)
