Un total de 432 inspectores de los organismos provinciales y municipales de la Inspección Integral, junto a una representación de diferentes organismos de Finanzas y Precios, Agricultura, Comercio, Transporte, Salud, Trabajo y la Policía Nacional Revolucionaria, supervisaron el trabajo de comercialización de negocios y empresas, tanto privadas como estatales, en la ciudad de Matanzas, según informa Noel Sánchez Roque, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial del Poder Popular.
De las 1108 acciones de inspección, se detectaron 562 violaciones y se aplicaron 523 multas. De ellas 218, un 40,4%, fueron por violaciones en la conformación del precio dictaminado en el decreto ley número 30.
Por el decreto 91 se aplicaron 33 multas relacionadas con violaciones de normas y otras ilegales. Se ejecutaron 42 ventas forzosas y se cerraron 6 establecimientos por no vender mediante los canales electrónicos de pago, algo que las autoridades alegaron que no tolerarán.
Se enfrentaron 67 acciones de comercialización ilegal de productos, todos con multas aplicadas y otras medidas, incluso el decomiso en algunos casos.
Por violaciones de la Resolución 225 del Ministerio de Finanzas y Precios, en la que se limita los precios máximos de seis productos (el pollo, el aceite, la leche en polvo, el detergente en polvo, la salchicha y las pastas alimenticias), se impusieron 56 multas. Principalmente en los casos del pollo y el aceite, cuyas venta está delimitada hasta 310 pesos la libra, el primero, y hasta 990 pesos, lo segundo.
Por violar los precios establecidos en los Consejos de la Administración Municipales sobre los productos agropecuarios se impusieron 73 multas y por violaciones de precios y otras normas en el transporte se aplicaron 47 decretos.
En el caso de la cabecera municipal, se trabajó en todos los Consejos Populares con excepción de Guanábana. Además, se trabajó las áreas con incidencias en violaciones en las cercanías de los hospitales Materno, Pediátrico y el Faustino Pérez. Se registraron tres denuncias por desacato a los inspectores, las cuales se encuentran bajo el proceso reglamentario y se aplicarán las sanciones pertinentes.
“En el territorio continuarán las acciones de este tipo, pues nadie tiene derecho alguno de violar lo establecido y lucrar con el pueblo, no estamos exigiendo nada que no esté en la ley y los propietarios de negocios y empresas que cumplan, produzcan y generen servicios, acorde a las normas, pueden dormir tranquilos”, afirmó Sánchez Roque.
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