Representantes del Ministerio del Interior y de la Fiscalía Provincial ofrecieron declaraciones a la prensa sobre uno de los delitos que afecta hoy al sistema electroenergético nacional.
El debilitamiento del sistema electroenergético en la Isla, que ha traído consigo largas horas de apagones desde hace ya varios años, es una de las principales preocupaciones de quienes habitamos el país y sufrimos sus consecuencias cada día.
Es este uno de los sectores que en la actualidad más recursos demanda para la recuperación de su infraestructura y también de los más afectados durante décadas por el bloqueo económico y financiero, recrudecido en los últimos meses a partir de las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente estadounidense Donald Trump, que limita la entrada de combustibles al país, tan necesario para su funcionamiento.
Aun cuando las reservas del vital líquido se agotan, las autoridades cubanas han comunicado que se continúan buscando alternativas para salir de la crisis, amparados en el legítimo derecho de Cuba a adquirir combustibles. Sin embargo, ¿qué sucede cuando, además de las carencias internas y el bloqueo, se suman otros obstáculos que atentan contra la llegada de la escasa energía a los hogares?
TRAS LA PISTA DEL ACEITE DIELÉCTRICO
El robo de aceite dieléctrico de transformadores ubicados en subestaciones o en puntos de distribución fue uno de los hechos que se incrementaron en la provincia durante el primer trimestre del año, así lo confirmaron a los medios de prensa el teniente coronel Roberto Domínguez Rodríguez, jefe del Órgano de Investigación Criminal del Ministerio del Interior e Iliac Castellanos Chávez, fiscal jefe del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial en el marco del Quinto Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas, las ilegalidades e indisciplinas sociales.
Este fenómeno que no es exclusivo de Matanzas, pues tiene manifestaciones en el resto del país, ha dejado sin electricidad en la provincia a comunidades y afectado directamente la producción agrícola en varios municipios. Este tipo de aceite permite disipar el calor generado en los bobinados del transformador y facilita su enfriamiento mediante la circulación de aire natural o forzado.
Al disminuir su nivel puede producirse el sobrecalentamiento de las bobinas y generarse un cortocircuito entre espiras. Lo cual se traduce en que cuando se sustrae casi siempre se daña este equipo.
Según expresa Domínguez Rodríguez este aceite se utiliza como combustible, lo cual lo hace un bien preciado en tiempos en que este escasea y los precios llegan a alcanzar niveles alarmantes. “La mayoría de las veces quienes lo sustraen no lo hacen para consumo propio, o sea para solventar una necesidad, sino para lucrar”.
Entre los municipios con mayores incidencias se encuentran Jovellanos, Los Arabos, Calimete, Martí, Perico, Colón, Pedro Betancourt y Jagüey Grande, si bien no está exento el resto del territorio.
“Quienes cometen estos hechos casi siempre siguen el mismo modus operandi: aprovechan la falta de electricidad, buscan lugares apartados y con falta de protección, escalan los postes, perforan los transformadores y drenan el aceite hacia los tanques que luego comercializan”, aclara el teniente coronel.
“En el caso de las subestaciones violentan los tapones y sustraen el aceite. Hoy el robo en estos sitios es de los de mayor impacto en la provincia, pues de la generación de ellas dependen gran cantidad de personas”.
Y sí, aunque algunos piensen que es un delito menor, las consecuencias en la economía y en la vida de los matanceros se hacen sentir de inmediato. Por ejemplo, en Calimete y Pedro Betancourt el robo de aceite dieléctrico en las conocidas “fregadas”, sistemas que garantizan el riego ha afectado la producción de arroz. Asimismo, se interrumpió el bombeo de agua central en Jovellanos
Por su parte, comunidades como San José de Marcos en Jagüey Grande y, México y René Fraga en Colón han padecido largas horas sin corriente por encima de las afectaciones que generan los molestos apagones, por resultar dañado un transformador, cuyo tiempo de reposición se alarga si tenemos en cuenta que debe trasladarse desde otra provincia o, en el peor de los casos, importarlo, pues se carece de estos recursos en el territorio para resolver el problema de inmediato.
Explica el teniente coronel que a estos gastos económicos se suman otros, derivados del esfuerzo realizado por el Partido, el Gobierno y otras instituciones por mantener vital estas comunidades que no disponen de fluido eléctrico por largos períodos de tiempo.
Afirma Domínguez Rodríguez que, si bien durante los primeros meses del año hubo un incremento, “en el segundo trimestre hemos hecho un enfrentamiento en los municipios de Calimete, Martí, Los Arabos, Perico y Jovellanos donde hoy tenemos alrededor de 40 personas que están siendo procesadas, con más de 10 cadenas delictivas que abarcan un aproximado de 33 denuncias que se están esclareciendo”.
La buena noticia es que han existido casos en los que se ha podido recuperar el aceite y se ha entregado a la Empresa Eléctrica para poder restablecer los transformadores.
¿QUÉ DICE LA LEY?
La provincia tiene varios expedientes de fase preparatoria con los imputados donde se han determinado cadenas delictivas. La fiscalía, como parte de su función del control de la investigación penal, lleva el control de esos expedientes y, a su vez, vela por los derechos y garantías de esos imputados, a partir de que ellos también han aportado pruebas en el proceso, han contribuido y han dicho de qué forma cometieron los hechos, cuestiones tenidas en cuenta durante el proceso investigativo.
“Estos delitos se han radicado como sabotajes y robo con fuerza. En estos casos se tiene en cuenta el grave perjuicio, y el valor económico puede ser que sea ínfimo, pero el impacto que tiene en la sociedad es alto y también en la economía. Por ejemplo, una fregada que se rompa afecta la producción, al igual sucede cuando una comunidad se queda sin energía, se deben poner en función de ella recursos que se encarecen”, explica Castellanos Chávez.
“El Tribunal Supremo Popular emitió el dictamen 475/2025 donde establece aquellas conductas que pueden tipificar el delito de sabotaje y dentro de los sectores que comprende, entre ellos el de las comunicaciones y el ferroviario, también está el electroenergético, por lo que representan los esfuerzos que realiza el país para recuperar el sistema electroenergético nacional.
En estos casos se valora el lugar donde se cometió el hecho y el impacto en la sociedad y la economía. Por lo general, la medida cautelar que se impone por la fiscalía es la de prisión provisional, la medida más severa en consecuencia con los perjuicios que ocasiona.
El delito de sabotaje comprende sanciones severas. Es un delito contra la seguridad del Estado, el orden interior y con una tutela que vela por el funcionamiento adecuado de todo lo relacionado con las instituciones del Estado, y su curso correcto. El enfrentamiento a este delito es una prioridad para el país, de manera que no haya impunidad.
“En algunos de los expedientes no están los autores principales, pero sí personas que receptan, con quienes también se adoptan medidas”, añade el fiscal.
Agrega que “es importante que la población sepa que estos hechos afectan directamente al pueblo y a la economía. Por lo tanto, es preciso hacer énfasis en la protección de las empresas estatales, de la Empresa Eléctrica, de las comunidades, que sepan que se afectan sus intereses y crear estrategias en torno a proteger estos recursos.
“Se ha visto con las empresas que estos lugares deben contar con una protección física y en el caso de aquellos enclavados en equipos de riego, estar asignados a organismos que puedan protegerlos.
Alerta el fiscal que con respecto a la responsabilidad de las entidades se valoran medidas penales y administrativas, porque aquel que no cuide los bienes que por su cargo le están asignados y son su responsabilidad, puede cometer un delito de incumplimiento del deber de preservar bienes en entidades. De igual manera, pueden corresponderles sanciones administrativas a aquellos que tenían el deber de velar porque no ocurran estos hechos.
La situación económica hoy en el país se torna compleja y el aceite dieléctrico es vital para el funcionamiento de los transformadores, lo que permite garantizar el servicio eléctrico a la población. Todos pudiéramos vernos afectados por estos hechos, de ahí que también es de todos la responsabilidad de evitar que actos como estos no ocurran en nuestro entorno más cercano. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)
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