De acuerdo a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, los Gobiernos de Estados Unidos y Cuba estarían enfrascados en un diálogo al máximo nivel en México.
A partir de la insistencia de Trump en la idea, un puñado de medios de prensa han compartido informaciones supuestamente obtenidas a través de fuentes confidenciales. El 2 de febrero, por ejemplo, Politico publicaba un artículo titulado ¿Podría un Castro convertirse en nuestro hombre en La Habana?, que situaba a un alto funcionario cubano en México como parte de una delegación negociadora. El «informe» de Politico, sin embargo, provenía de informaciones compartidas por el medio opositor cubano 14yMedio, basadas en una publicación especulativa posteada en Facebook.
La pasada semana, interrogado por medios como Associated Press, EFE y CNN, el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío, afirmó que, si bien se habían producido en fechas recientes algunos intercambios de mensajes entre ambas partes, no existía una mesa de negociación bilateral.
Pese a la aclaración del Gobierno cubano, el diario español ABC, reafirmaba la existencia de negociaciones en curso, ubicando al funcionario y empresario mexicano, Efraín Guadarrama, como facilitador de las conversaciones entre Washington y La Habana. La validez del reporte, al igual que en los casos anteriores, es altamente cuestionable y, según Drop Site, Guadarrama no habría formado parte de ningún proceso mediador.
El 8 de febrero, un alto funcionario del Departamento de Estado declaró a New York Times que los contactos más recientes entre Estados Unidos y Cuba se limitaban a procesos de repatriación de migrantes, lo que coincide con las reiteradas declaraciones de funcionarios cubanos y del propio primer secretario del Partido y presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sobre el tema.
¿Por qué afirman desde el Despacho Oval que se está negociando?
Para explicar esta persistencia de Trump y su equipo de prensa, pudieran ser planteadas, cuando menos, tres hipótesis: el Gobierno cubano estaría negociando con Estados Unidos, aun cuando se haya desmentido; Trump estaría mintiendo, en pos de presentar avances en relación con el tema cubano; o al presidente le estarían entregando informes falsos.
La primera de estas tesis se puede descartar en base a los reportes que distintos medios rigurosos han difundido, como el citado artículo de New York Times. La segunda, por su parte, pudiera ser verosímil por la mitomanía que caracteriza los comportamientos del mandatario y por la existencia de una eventual estrategia de Washington para tantear las posibles respuestas de La Habana.
La tercera, por otra parte, aunque sustentada por ciertos reportes, resultaría poco creíble, teniendo en cuenta que es el secretario de Estado la figura a la que estos sitúan como el responsable de la desinformación. Ello, toda vez que Rubio pertenece al círculo reaccionario de la comunidad política de Miami —que de ninguna manera aceptaría un proceso negociador—, arrojaría no pocas dudas alrededor de la idea.
¿Es posible un diálogo?
A lo largo de la historia del diferendo, aun en sus momentos más álgidos, existieron intentos de mejorar las relaciones bilaterales. En la década del 60, por ejemplo, se produjeron contactos entre figuras de alto nivel durante la presidencia de John F. Kennedy y, posteriormente, bajo el gobierno interino de Gerald Ford. De la misma forma, en la década del 70 el gabinete encabezado por James Carter mostró interés en un acercamiento, como también lo haría Obama de forma más reciente a finales de la primera década del actual siglo.
En todas las ocasiones, sin embargo, la posibilidad del diálogo estuvo amenazada o abortada por los intereses de los círculos más reaccionarios del exilio cubano, que históricamente han monopolizado la proyección del gobierno norteamericano hacia Cuba.
Ello hace pensar que cualquier diálogo gubernamental, más allá de los contactos técnicos que periódicamente se han sostenido, cuenta con escasas posibilidades de concreción. Como otro obstáculo para una negociación se presenta la posición de fuerza desde la que el Gobierno estadounidense insistiría en partir, como también las concesiones políticas que exigirían, irreconociendo el derecho a la autodeterminación y la soberanía.
