«La mayoría de los cubanos apoyan a Castro (…) el único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales (…) hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba (…) una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros, para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno».
Así resumía Lester Mallory, en un memorándum secreto cursado al Departamento de Estado en abril de 1960, las directrices fundamentales que debía asumir el Gobierno estadounidense en su política hacia la Revolución cubana. El mensaje, que representa la génesis teórica del posterior bloqueo, comenzó a ser implementado desde que en el propio año fueran intervenidas y nacionalizadas —como respuesta a las acciones desestabilizadoras— distintas compañías norteamericanas presentes en la isla.
Desde ese entonces, el asedio económico pasó a jugar un rol medular dentro del diferendo. Sin embargo, ni los sucesivos sabotajes y embargos, ni el bloqueo ni la inclusión en la «Lista de Estados patrocinadores del terrorismo», ni las leyes Torricelli y Helms-Burton, lograron el cometido de generar un cambio de régimen; por el contrario, sirvieron de sustento al discurso revolucionario, radicalizando el proceso político y sosteniendo la cohesión en torno al Gobierno como salvaguarda de la soberanía nacional.
La coerción económica y la hostilidad que signó la proyección norteamericana determinó, asimismo, el acercamiento económico, político y militar de la isla al principal rival de Estados Unidos, la Unión Soviética, así como una política internacionalista enfocada en acelerar la lucha de clases en el Tercer Mundo como vehículo para la desestabilización del orden imperialista y como instrumento para quebrar el cerco diplomático impuesto por Washington.
El histórico fracaso de las acciones de esta índole ha sido frecuentemente reconocido por distintos congresistas, senadores y políticos estadounidenses. Incluso, luego de anunciar el inicio del proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas en 2014, el propio presidente Barack Obama insistió con rotundidad en la necesidad de abandonar la política del asedio económico. El mandatario, hacia el término de su segundo mandato, comprendía que su país lograría influir más sobre la isla mediante el entendimiento y el compromiso que a través de la hostilidad.
Nunca Cuba estuvo tan cerca de Estados Unidos desde 1959 como cuando se desarrollaba el «deshielo» entre ambos gobiernos. Con las pequeñas oportunidades abiertas por las contadas medidas de flexibilización de las sanciones, empresas como Google, Caterpillar, AT&T, General Electric o Carnival, comenzaron a explorar oportunidades de negocios o a establecer las primeras inversiones norteñas en más de cincuenta años.
El arribo de Trump al Despacho Oval en 2017, sin embargo, terminó por frustrar la exigua apertura. Con la readopción de la línea confrontacional, el republicano derribó las posibilidades políticas y económicas que para los intereses norteamericanos había abierto Obama. Con ello, la Casa Blanca abrió el camino a unas relaciones más estrechas con Rusia y China.
La línea trumpista hacia la mayor de las Antillas, que la administración Biden poco modificó, generó un ostensible deterioro económico en nuestra nación, desembocando en un éxodo hacia Estados Unidos y otras naciones del área. Este flujo migratorio inusual representó una importante carga para los países receptores —Estados Unidos incluido— y una crisis humanitaria que forzó la inmediata actuación de los gobiernos locales.
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Durante los meses finales del pasado año Estados Unidos actualizaba su Estrategia de Seguridad Nacional. En esta, la lucha contra el narcotráfico, la reducción de la inmigración irregular, el combate a la influencia china y rusa y el acceso a las cadenas de suministros y recursos estratégicos, se presentaban como preocupaciones fundamentales. Teóricamente, la nueva estrategia de seguridad asumía además una visión flexible en relación con aquellos regímenes políticos con «perspectivas diferentes» que, sin embargo, estén abiertos a la cooperación y compartan intereses con Estados Unidos. Estas consideraciones, no obstante, parecieran obviarse en las relaciones del actual gabinete presidencial con Cuba.
El jueves 29 de enero del presente año la Casa Blanca declaraba a Cuba como una «amenaza inusual y extraordinaria». Para actuar sobre ella, en su deber de preservar la seguridad nacional de Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmaba una orden ejecutiva que facultaba a los secretarios de Estado y Comercio a imponer sanciones arancelarias sobre los bienes de aquellas naciones que suministrasen combustibles a nuestro país.
La medida, presentada como un mecanismo para derrocar al Gobierno cubano y promover una transición democrática, más que facilitar sus objetivos declarados, coadyuvará a la intensificación de la crisis económica y energética, dejando a Cuba en una delicada situación. La escasez de combustibles para la generación eléctrica y el transporte pudiera redundar en una mayor tasa inflacionaria sobre los servicios y productos de primera necesidad, repercutiendo en un mayor deterioro del nivel de vida.
Esto, contravendría la Estrategia de Seguridad Nacional por cuanto estimularía, con toda probabilidad, un nuevo éxodo migratorio hacia Estados Unidos y otros territorios, así como el debilitamiento de las instituciones estatales y, por consiguiente, una reducción de los recursos para operar contra las rutas de tráfico de drogas cercanas a la isla.
A su vez, y por más que Trump y el lobby cubanoamericano que históricamente ha monopolizado la política estadounidense hacia Cuba, presentan la orden ejecutiva como una vía efectiva para enfrentar la influencia de Rusia y China en el país, el nuevo paso de estos grupos reaccionarios de la política estadounidense solo logrará acercar aún más a Cuba —miembro reciente de los BRICS— a sus aliados históricos frente al diferendo con Estados Unidos.
De la misma forma, la continuidad de una proyección conservadora sobre Cuba aborta las potencialidades que puede ofrecer la nación a inversores norteamericanos. Si bien la isla no cuenta con abundantes y variados recursos, posee una importante reserva de níquel en el nororiente, con resaltables concentraciones de tierras raras. En la franja norte, cuenta con yacimientos de crudo pesado y con posibles reservas de crudo por explotar que ya han despertado interés de muchas compañías en los últimos años.
A ninguna de estas esferas, como tampoco a la potencial industria turística o a una mayor exportación de productos agrícolas y maquinarias, han podido acceder las empresas estadounidenses. No por la contrariedad del Gobierno cubano —que ha aprobado recientemente un paquete de medidas para estimular la inversión extranjera directa—, sino por el peso de una política que antepone a los intereses nacionales de Estados Unidos las ambiciones de un pequeño grupo político.
Para la seguridad estadounidense, como bien se ha insistido acá, resulta más provechoso mantener relaciones de entendimiento y una negociación entre semejantes con el Gobierno cubano. El secuestro de las relaciones con Cuba por el secretario de Estado, Marco Rubio, no obstante, separa a su país de esta línea y moldea una situación inconveniente para el pueblo estadounidense, el gobierno —cuyo índice de aprobación ha caído a un 44%— y el Partido Republicano.
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