El 5 de septiembre de 2026, un barco de carga de 91 metros de eslora llamado «Grace» navegaba entre Cuba y México con un cargamento de combustible. No iba armado. No transportaba drogas ni armas. No violaba ninguna resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, la Guardia Costera de Estados Unidos lo interceptó, lo abordó y lo escoltó hasta Puerto Progreso, México, donde un equipo de inspección de la Armada mexicana confirmó lo que ya sabían: había combustible en los tanques de lastre y en varios contenedores.
El almirante Kevin Lunday, comandante de la Guardia Costera, celebró este “éxito” con una frase extraída de un sheriff de película del Oeste: «Los actores de la flota oscura que emplean tácticas engañosas para participar en actividades ilícitas no evadirán la justicia».
¿Justicia? ¿De qué justicia habla el almirante? ¿De la que emana de una orden ejecutiva firmada por un presidente que ha declarado abiertamente que su objetivo es cambiar el gobierno de Cuba? Porque, eso no lo decimos nosotros acá en A Contragolpe. Eso es lo que dice Reuters en su despacho del 2 de octubre: «La administración Trump ha declarado abiertamente que su objetivo es cambiar el gobierno de Cuba. El bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos a principios de este año ha puesto al país bajo una tensión severa mientras lidia con la escasez de combustible y los apagones exacerbados por una infraestructura fallida».
No hay ambigüedad. No hay medias tintas. No hay perdón. No hay dolor por el pueblo que sufre. No hay conciencia. El gobierno de Estados Unidos ha declarado, sin sonrojarse, que su política hacia Cuba es el cambio de régimen. Y para lograrlo, ha desplegado una maquinaria de guerra económica que incluye el bloqueo petrolero, la persecución de buques en aguas internacionales y la presión sobre terceros países para que se plieguen a sus designios. Todo ello, por supuesto, al margen del derecho internacional.
Porque ¿qué derecho le asiste a Estados Unidos para interceptar un barco que transporta combustible a Cuba? Ninguno.
El derecho internacional, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), establece que las aguas internacionales son un espacio de libertad de navegación. Ningún Estado puede interceptar, abordar o detener un buque de otro pabellón en alta mar, salvo en casos muy específicos como piratería, tráfico de esclavos, tráfico de drogas o apatridia. El transporte de combustible a Cuba no figura en esa lista.
Para imponer un bloqueo naval —que es lo que Estados Unidos está haciendo de facto— se requiere una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. No existe tal resolución, ya que Cuba no ha sido sancionada por la ONU. No hay ningún instrumento legal internacional que prohíba a un país comprar petróleo a otro. Lo que existe es una orden ejecutiva unilateral, firmada por un presidente que ha decidido que el derecho internacional es un estorbo para sus ambiciones geopolíticas.
No obstante, parece que para esa administración el transporte de combustible a Cuba es una actividad clandestina. Dice el Héroe de la República de Cuba, René González, por demás, una voz autorizada para analizar el fenómeno de los Estados Unidos, que “Habría que ver respecto a qué disposiciones del derecho marítimo internacional es un crimen que una nación acceda al combustible, sin haber sido sancionada por la ONU”. La pregunta queda flotando en el aire, y nadie en Washington se atreve a responderla.
Lo más grotesco del comunicado de la Guardia Costera es el uso del término «controles internacionales». Como si la interceptación de un barco en aguas internacionales por parte de una sola potencia, sin mandato de la ONU ni acuerdo con el país de pabellón, fuera un «control internacional». No lo es. Es un acto unilateral de fuerza. Es piratería, en el sentido más clásico del término, ya que implica el uso de la fuerza por parte de un Estado para apoderarse de bienes que no le pertenecen, en aguas que no le pertenecen, sobre un buque que no le pertenece.
Y no se trata de un caso aislado. La misma nota menciona la detención del «Jaira Provider», «otra embarcación que no cumplía con las normas y que, a principios de este verano, se descubrió que transportaba combustible ilícito con destino a Cuba». La «flota fantasma», «las tácticas evasivas», «el tráfico ilícito» —todo el vocabulario está diseñado para criminalizar lo que no es más que comercio legítimo entre naciones soberanas—. Cuba tiene derecho a comprar combustible. Cualquier país tiene derecho a venderlo. El hecho de que Estados Unidos no lo autorice no convierte esa transacción en un crimen.
En medio de esta agresión, los defensores del bloqueo argumentan que Cuba importó 1,67 millones de barriles de petróleo de Estados Unidos en el primer semestre de 2026, lo que, según ellos, demostraría que el bloqueo petrolero no existe. Es una falacia que no resiste un análisis serio.
Según declaraciones del ministro de Energía y Minas de Cuba, el país necesita ocho cargamentos mensuales de combustible, similares al que dejó el buque ruso «Anatoly Kolodkin» en marzo pasado en el puerto matancero, que transportaba aproximadamente 370 000 barriles.
Eso significa que Cuba necesita unos 35,04 millones de barriles en un semestre. Lo que el sector privado cubano ha podido comprar en Estados Unidos representa apenas un 4,8% de esa necesidad. El resto —el 95,2%— no ha podido entrar al país.
El presidente Miguel Díaz-Canel lo confirmó en el espacio radial «Criterio Compartido». «En este país hace nueve meses que no entra un barco de combustible. ¿Cómo se puede sostener la economía? ¿Cómo se puede trabajar en esas condiciones? ¿Cómo se pueden dar todos los servicios que necesita la población? ¿Cómo se puede levantar la producción?».
Nueve meses sin un barco de combustible. Y mientras tanto, la Guardia Costera de Estados Unidos patrulla las aguas del Caribe, interceptando barcos, escoltándolos a puertos extranjeros, decomisando su carga. Todo ello, según el almirante Lunday, para garantizar que «los actores de la flota oscura no evadan la justicia». La justicia, en este caso, es el nombre que Washington le da a su derecho a saquear.
El objetivo de estas acciones no es otro que provocar un estallido social en Cuba. La lógica es malvada, cruel, genocida, pero simple. Si se asfixia económicamente al país hasta límites insoportables, si se impide la entrada de combustible, si se destruyen las infraestructuras energéticas, si se bloquean las transacciones financieras, entonces el pueblo, desesperado, se levantará contra su gobierno. Y ese levantamiento, real o fabricado, justificará una «intervención humanitaria» que ponga fin al «régimen».
Es la misma receta aplicada en Irán, donde la guerra de agresión busca el cambio de régimen. Y es la misma receta que se aplica contra Cuba desde hace más de sesenta años, con la diferencia de que ahora el bloqueo es total, integral, sin fisuras.
El derecho internacional prohíbe el castigo colectivo. El artículo 33 del IV Convenio de Ginebra establece que «no se castigará a ninguna persona protegida por delitos que no haya cometido personalmente». El bloqueo contra Cuba es un castigo colectivo que viola ese principio, porque afecta a toda la población —a los niños, a los ancianos, a las mujeres, a los enfermos— por las supuestas faltas de nuestro gobierno. Y la interceptación de barcos en aguas internacionales es una violación adicional de la libertad de navegación y del derecho al comercio.
Ante este escenario, la única respuesta posible es la resistencia. La misma que ha sostenido a Cuba durante 67 años. La misma que ha permitido al pueblo cubano sobrevivir a nueve meses sin un barco de combustible. La misma que ha hecho posible que, a pesar del bloqueo, la isla siga en pie, construyendo su propio futuro con sus propias manos.
No se trata de negar las dificultades. La situación es extremadamente grave. Los apagones se prolongan, el transporte se paraliza, los hospitales operan con generadores que dependen del mismo combustible escaso, la producción se desploma. Pero el pueblo cubano sabe quién es el responsable. Y sabe también que la rendición no es una opción. Porque si algo ha demostrado la historia, es que los imperios no se detienen ante los débiles. Solo se detienen ante los que resisten.
