En las dos entregas anteriores de esta serie, nacida al calor de las discusiones tras las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, hemos abogado por tender puentes entre la empresa estatal y el sector privado.
Pero ningún puente que se precie, y menos sobre un río revuelto, puede carecer de barandas firmes, sistemas de alerta temprana y un mantenimiento riguroso. Llega el momento de hablar, sin paños tibios ni optimismos ingenuos, de los riesgos que acechan cuando la palabra privatización se susurra sin los controles que una sociedad justa y equitativa debe exigir.
Uno de los principales peligros de cualquier proceso de apertura al capital privado es, más que el empresario que madruga para abrir su cafetería, el funcionario estatal que descubre en la nueva norma una oportunidad de lucro personal disfrazada de modernización.
La corrupción administrativa, esa hidra que llevamos décadas combatiendo con resultados insuficientes, encuentra en la frontera entre lo público y lo privado su caldo de cultivo más fértil. Cada acuerdo de cooperación, si no se blinda con mecanismos de transparencia radical, puede convertirse en la ventana por donde se escape el patrimonio de todos hacia los bolsillos de unos pocos.
La experiencia internacional funciona como espejo donde mirarnos. Desde la Europa del Este postsoviética hasta varias naciones latinoamericanas, la ausencia de marcos regulatorios sólidos en los procesos de privatización transformó industrias públicas centenarias en feudos de oligarquías nacidas al calor de una firma. Cuba, con su tejido institucional todavía fuerte pero amenazado por la escasez extrema, debe aprender de esas lecciones.
La primera baranda de este puente debe ser, sin excusas ni dilaciones, la licitación pública obligatoria. Ninguna alianza estratégica entre una empresa estatal y un privado —repito, ninguna— puede adjudicarse por la vía del acuerdo directo, la llamada telefónica o el compadrazgo de toda la vida. Las condiciones de cada contrato, los compromisos de inversión y los porcentajes de utilidad que retornan al Estado deben publicarse en plataformas accesibles, para que cualquier cubano pueda consultarlos sin necesidad de ser periodista o abogado.
A esa transparencia hay que sumarle un control social activo, y ahí la provincia tiene una herramienta que no siempre aprovecha: sus universidades, sus centros de investigación y, por supuesto, sus medios de comunicación. ¿Por qué no crear en territorio yumurino un observatorio ciudadano de las alianzas público-privadas, integrado por profesores y estudiantes de la Universidad de Matanzas, periodistas y representantes de los consejos populares? Un cuerpo así, sin poder ejecutivo pero con toda la autoridad moral, podría hacer la diferencia.
Mención aparte merece el sistema judicial y su papel disuasorio. De poco sirven las barandas si quien intenta saltárselas sabe que no habrá consecuencias. Cuba necesita, con urgencia, procesos penales ejemplarizantes contra todos los funcionarios que utilizan su puesto para enriquecerse ilícitamente; y ejemplarizantes no significa espectáculo mediático ni escarnio público sin garantías; significa juicios justos, con todas las pruebas, con sentencias firmes y proporcionales que devuelvan lo robado al pueblo y manden un mensaje inequívoco a quienes todavía creen que la apertura económica es sinónimo de impunidad.
Ahora bien, hay que ser igual de enfáticos en señalar lo que los controles no deben ser. No podemos repetir el error de crear una maraña burocrática tan densa que haga inviable cualquier proyecto. Cuando a un emprendedor le esperan veinte firmas y doce meses para obtener un permiso, la transparencia se vuelve tortura y el control se convierte en tráfico de influencias: ese funcionario que acelera el trámite a cambio de un regalito. Los mecanismos de fiscalización deben ser ágiles, porque la mejor vacuna contra la corrupción es un Estado que trabaja con rapidez y claridad, no uno que todo lo enreda.
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Otra salvaguarda fundamental es la separación tajante entre la función pública y el negocio privado. No puede ser que un director de empresa estatal, mientras ocupa su cargo, sea socio oculto de la mipyme que aspira a contratar con esa misma empresa. Ni que un cónyuge, un hijo o un testaferro hagan el puente que el funcionario no puede cruzar directamente. Las declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses, que hoy existen sobre el papel, deben verificarse con rigor, hacerse públicas en lo que respecta a los cargos de decisión económica y tener consecuencias reales cuando se detecte el ocultamiento.
El gran desafío es cultural y volvemos, cerrando el círculo, al punto de partida de esta serie de comentarios. Las barandas del puente no servirán de nada si los funcionarios encargados de construirlas siguen pensando que el sector privado es un enemigo a batir en lugar de un socio a regular. Ni servirán si la ciudadanía no asume que fiscalizar es un derecho y un deber, no una actividad sospechosa.
Cierro esta trilogía volviendo una vez más a la imagen que nos ha acompañado desde la primera entrega: el puente. La apertura económica que Cuba necesita no puede ser un salto al vacío, tampoco una pasarela tan estrecha y vigilada que nadie ose transitarla. Debe ser un puente ancho, con barandas firmes, pilotes profundos y un mantenimiento diario a cargo de un pueblo que no delega su soberanía en ningún burócrata.
Cuando empecé estas líneas, confesaba un nudo en el estómago al escuchar a ciertos decisores matanceros hablar del sector privado como una amenaza. Hoy, al terminarlas, el nudo persiste, pero se ha transformado en algo más parecido a un signo de urgencia. Urgencia de que aquellos funcionarios lúcidos —los que sí entendieron el mensaje de la Asamblea; los que lo tenían claro desde mucho antes— multipliquen su voz y nos ayuden a construir, entre todos, este puente que no privatiza lo público ni estatiza lo privado, sino que lo cruza para encontrarse en el punto medio de la prosperidad. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)
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