El 19 de febrero de 2026 estoy seguro que pasará a los anales de la jurisprudencia estadounidense como el día en que la ficción del «presidente imperial» recibió un revés monumental. La Corte Suprema de Estados Unidos, por seis votos contra tres, dictaminó este jueves que Donald Trump excedió su autoridad al imponer aranceles globales invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977.
El presidente del Tribunal, John Roberts, redactó una sentencia que es, en esencia, una lección de constitucionalismo elemental. «La IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles. El Congreso, no el ejecutivo, tiene el poder constitucional de imponer aranceles en tiempos de paz».
Pero lo interesante acá es que lo que para la prensa corporativa es una noticia sobre comercio global y devoluciones millonarias —se estima que hasta 175 mil millones de dólares podrían tener que reembolsarse a importadores—, para quienes seguimos bajo el cerco del Imperio esa decisión tiene un sabor particularmente revelador. ¿Por qué? Pues porque apenas veinte días antes de este fallo, el 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles a cualquier país que se atreva a venderle petróleo a nuestra isla.
¿La base legal de esa orden ejecutiva? La misma IEEPA. ¿El argumento? Que Cuba representa una «amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional» de Estados Unidos. Ese argumento es tan descabellado que podría dar risa sino fuera algo tan serio y peligroso para mi país y nuestra gente.
La administración Trump construyó su política de asfixia energética contra Cuba sobre los mismos cimientos jurídicos que la Corte Suprema acaba de declarar insuficientes, inconstitucionales y violatorios de la doctrina de las «cuestiones importantes». Como señala un análisis del National Law Review, la orden ejecutiva contra Cuba «se emitió en virtud de la IEEPA tras determinarse que la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU. se ven amenazadas por las acciones del gobierno cubano». Exactamente el mismo lenguaje, la misma invocación de emergencia, la misma pretensión de poder omnímodo que los jueces acaban de desmontar.
El argumento central del fallo es lapidario. «Si el Congreso hubiera tenido la intención de otorgar el poder distinto y extraordinario de imponer aranceles mediante la IEEPA, lo habría hecho de forma expresa, como lo ha hecho de manera sistemática en otros estatutos arancelarios». La traducción para quienes no dominan el leguleyo es que Trump actuó como un emperador tropical, y la Corte le recordó que hasta el imperio tiene límites.
¿Y ahora qué? ¿Qué puede pasar? Pues lo fascinante del caso no es solo el revés jurídico, sino lo que revela sobre la naturaleza de la política exterior estadounidense hacia Cuba. La orden ejecutiva del 29 de enero, que tanto ruido mediático generó en las tertulias de Miami y en los cables de las agencias, era esencialmente un castillo de naipes construido sobre arenas movedizas legales.
Los despachos de abogados especializados en comercio internacional ya habían advertido que la autoridad de Trump para imponer estos aranceles bajo IEEPA era incierta y que la decisión de la Corte Suprema, entonces pendiente, «podría limitar o prohibir otros aranceles impuestos» bajo esa legislación. Clark Hill, en su análisis inmediatamente posterior a la orden, señaló con precisión quirúrgica que «incluso mientras la Corte Suprema considera el alcance de los aranceles IEEPA, la Administración vuelve a invocar IEEPA para construir un nuevo marco arancelario». Era un desafío directo, una apuesta a que el tribunal validaría su interpretación expansiva del poder ejecutivo. Y perdieron.
Ahora, cualquier país amenazado —México, que se ha convertido en el principal proveedor de petróleo a Cuba en 2025; Rusia; China; Argelia— puede recurrir a los tribunales estadounidenses argumentando que la medida carece de base legal. El precedente es vinculante. La doctrina Roberts se aplica tanto a los aranceles globales como a los diseñados para asfixiar a nuestra isla.
Más allá del tecnicismo legal, el fallo tiene implicaciones geopolíticas de primera magnitud. Como apuntó la BBC en su cobertura, «esta decisión debilita la mano de Trump cuando intenta forzar a otras naciones a hacer concesiones». Y eso, en el tablero de las relaciones internacionales, es una mala noticia para quienes han hecho de la coerción arancelaria su principal herramienta diplomática.
México, que enfrenta presiones internas y externas, puede ahora respirar con algo más de tranquilidad. Sus envíos de petróleo a Cuba, que representan menos del 1% de su producción pero son vitales para nuestro país, ya no pesan bajo la espada de Damocles de represalias arancelarias ilegales. Lo mismo aplica para cualquier otro país que decida mantener relaciones comerciales normales con Cuba, desafiando la pretensión hegemónica de Washington de regular el comercio mundial según sus obsesiones electorales.
El bufete Lupicinio, en su análisis de la orden ejecutiva, ya advertía que «este enfoque plantea varios desafíos relevantes para las empresas internacionales, incluyendo la posible colisión normativa derivada de la extraterritorialidad de las medidas estadounidenses». La Corte Suprema, sin mencionar directamente a Cuba, ha puesto un dique a esa pretensión extraterritorial.
Trump, por supuesto, no se quedará de brazos cruzados. Su representante comercial, Jamieson Greer, ya adelantó que «el presidente va a tener aranceles como parte de su política comercial en el futuro». Pero las opciones que le quedan son más limitadas, más lentas y políticamente más costosas. La Sección 232 —que requiere investigaciones del Departamento de Comercio—, la Sección 301 —procesos largos y específicos por país—, o buscar una nueva legislación del Congreso, algo improbable con las mayorías republicanas ajustadas y las elecciones de medio término en el horizonte.
Mientras tanto, en Cuba, la vida continúa. Los apagones persisten, la gasolina escasea, el bloqueo histórico sigue causando estragos. Pero hay algo que este episodio deja claro: las amenazas, cuando se construyen sobre bases jurídicas endebles, terminan siendo humo.
La administración Trump quiso usar el petróleo como ariete para doblegar a nuestro pueblo y su Revolución, y se encontró con que sus propias leyes —aplicadas por jueces conservadores que él mismo nominó— le cerraron el paso.
Desde esta esquina del Caribe, donde llevamos más de sesenta años resistiendo asedios de todo tipo, el espectáculo tiene algo de aleccionador. No porque confiemos en la justicia del imperio —sería ingenuo—, sino porque demuestra que incluso en el corazón del monstruo existen contradicciones, límites, frenos y contrapesos.
La misma Corte que ha validado tropelías en otros ámbitos ha puesto un dique a la pretensión de un presidente de gobernar por decreto arancelario.
La orden ejecutiva contra Cuba no ha sido derogada formalmente pero ha quedado herida de muerte. Cualquier intento de aplicarla enfrentará desafíos legales inmediatos, con un precedente de la máxima instancia judicial como escudo. Los países que han mostrado solidaridad con Cuba tienen ahora un argumento jurídico sólido para defender su derecho al comercio internacional sin injerencias.
Al final, la historia se repite. Cada vez que el imperio aprieta las clavijas pensando que esta será la definitiva, algo falla en sus planes. Esta vez fue la Corte Suprema. La próxima, quién sabe. Lo único seguro es que Cuba, y los cubanos, seguiremos aquí, resistiendo, mientras el imperio se enreda en sus propias contradicciones.
