Desde el pasado verano, las turbulentas relaciones entre Washington y Caracas han venido experimentando una tensión creciente. Si bien durante los meses iniciales de su mandato el presidente estadounidense —más ocupado y preocupado por su agenda interna y por trabajar en algunas de sus principales promesas electorales— optó por seguir la línea defendida por Richard Grenell, consistente en un acuerdo negociado con Maduro, a partir de julio, la visión presidencial en relación a Venezuela comenzó a variar.
En el citado mes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, terminó por persuadir a Trump de asumir una abierta confrontación contra el chavismo. En tal cambio, la crisis del fentanilo y el consumo de estupefacientes en Estados Unidos, el alza de la violencia en algunas ciudades de este país y los señalamientos a la gestión migratoria del presidente parecen haber jugado un rol fundamental.
Los factores antes mencionados vinieron a entrecruzarse con las acusaciones que durante meses los representantes de la línea más hostil hacia Venezuela venían esgrimiendo contra Maduro, al que vinculaban con organizaciones del crimen organizado y el narcotráfico. Así, derrocar al mandatario venezolano pasaba a ser una necesidad de seguridad nacional. En dichos argumentos, Trump vio la oportunidad de legitimar su política migratoria xenófoba, así como la militarización de distintas ciudades estadounidenses.
En virtud de ello, el jefe de Estado norteamericano ordenaría al Pentágono a emplear la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga en la región, incluidos el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles —calificados por estas fechas como organizaciones terroristas—, a los que estarían ligados —siempre desde la lógica estadounidense— el presidente venezolano y otros altos miembros de su gobierno y el ejército.
En agosto, luego de duplicar la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares, Washington impulsaría un despliegue militar sin precedentes recientes en aguas del Caribe cercanas a la nación sudamericana. Para octubre, por su parte, Trump afirmaba ante la prensa haber autorizado a la CIA a desarrollar acciones encubiertas en territorio venezolano.
De forma más reciente, y luego de al menos 21 ataques contra presuntas narcoembarcaciones, el Departamento de Defensa, y su secretario, Pete Hegseth, anunciaban el desarrollo de la operación «Lanza del Sur» que, bajo el supuesto de fortalecer la lucha contra el narcoterrorismo, posicionará al poderoso portaviones U.S.S. Gerald R. Ford en las cercanías de Venezuela, estimulando aún más la escalada de tensiones.
Junto a la política de cañoneras de la Casa Blanca, además, Washington parece perseguir el objetivo de ampliar la asfixia y el aislacionismo sobre el Estado bolivariano y su pueblo. Con la designación del Cártel de los Soles el pasado lunes como «organización terrorista internacional», el gobierno norteamericano abre el camino para ejercer nuevas presiones económicas, a la vez que deja abierta la puerta al desarrollo de una incursión militar a discreción de la autoridad presidencial.
La Nobel de la guerra
En la promoción de la línea más belicista frente a Venezuela, no solo Rubio, Stephen Miller u otros políticos guerreristas han tomado parte. Desde enero, María Corina Machado, junto a otros miembros de la oposición, comenzaron a persuadir a políticos nominados por Trump para la formación de su administración, persiguiendo, a través de estos, que el mandatario norteamericano terminase por abrazar la tesis de que Maduro constituía una pieza clave dentro del Tren de Aragua y el Cártel de los Soles.
Machado, en diversas reuniones con altas figuras de la política estadounidense, sostuvo recurrentemente este argumento, hasta que las mismas fueron catalogadas como organizaciones terroristas.
La Nobel de la Paz, asimismo, ha insistido durante los últimos meses en promover la idea de que las fuerzas armadas y los cuerpos policiales están cada vez más distanciados de Maduro y el chavismo, al tiempo que su apoyo popular ha descendido a niveles récord. Con estos postulados —de dudosa veracidad— Corina Machado intenta generar un escenario factible para el desarrollo de mayores presiones, sin descartar la intervención.
Para la consecución de sus intereses, ha pregonado durante meses las ventajas que para los inversionistas y financistas extranjeros se abrirían en la nación luego de consumada la transición.
En sus ejercicios de cabildeo en importantes foros como el American Business Forum, el CeraWeek o el Council of the Americas, ha vendido una visión de la Venezuela poschavista notablemente atractiva para las grandes transnacionales. La privatización del petróleo y el gas, como de otras importantes reservas del país, representan las principales basas del programa de una Machado casualmente financiada y asesorada por algunos de los más poderosos círculos libertarios norteamericanos.
De esta manera, el proyecto belicista en Venezuela, más allá de la credibilidad real que Trump y su entorno puedan otorgar a las denuncias de los lazos del gobierno bolivariano con el crimen organizado, resulta sumamente atrayente para la Casa Blanca y las grandes compañías norteamericanas, más en un contexto de inflación económica e inestabilidad de los precios de los hidrocarburos.
La posibilidad de intervención
No obstante a las labores de la aspirante a convertirse en la Ahmed Chalabi del caso venezolano, y al eco que estas acusaciones han hallado en el trumpismo, la incursión militar directa contra Venezuela por parte de Estados Unidos es altamente improbable.
Por más que la narrativa grandilocuente del máximo jefe de la Casa Blanca pueda indicar lo contrario, difícilmente Washington esté considerando seriamente la carta de la intervención, dados los factores disuasorios que existen para emprender una acción de semejante envergadura.
Tal y como han señalado medios como The New York Times o Foreign Affairs, una acción de este tipo necesitaría el despliegue de una fuerza mucho más numerosa que la emplazada actualmente en el Caribe, con un consecuente desembolso mayor de recursos financieros.
También, las condiciones geográficas —favorables para el desarrollo de la lucha irregular contra la que Estados Unidos ha cosechado tan poco éxito en el pasado— y el importante grueso de las fuerzas armadas del país —a las que pudieran integrarse las fuerzas del Ejército de Liberación Nacional colombiano que se encuentran dispersas en las áreas fronterizas—, se presentarían como escollos para una conclusión satisfactoria de la misión.
Asimismo, la opinión pública norteña se muestra igualmente desfavorable. Según ha divulgado la CBS, un amplio margen de la ciudadanía se mostraría contraria a ello.
Los movimientos en el Caribe, más que a una invasión, apuntan a ser presiones tendientes a forzar la renuncia de Maduro, o bien su derrocamiento mediante una sublevación popular o militar, sin llegar a descartar, como han deslizado, la posibilidad de una negociación.
Frente a cualquier escenario, sin embargo, para el pueblo venezolano se avizoran momentos de gran tensión política y económica, en lo que puede resultar una larga guerra de desgaste contra el mayor imperio de la historia humana.
