La provincia de Matanzas está considerada como la segunda del país -después de Artemisa- en el acápite del robo de energía eléctrica, lo que técnicamente se conoce como fraude, cometido por igual y de forma sistemática por clientes residenciales y estatales. Grave delito económico sancionado drásticamente al detectarse por las autoridades pertinentes.
El ingeniero Yadrián Alejandro Peñate Rodríguez, director Comercial en la Empresa Provincial de Electricidad, en exclusiva para Girón, explicó que la perdida de energía de distribución posee dos vertientes, la que merma en redes, y la comercial.
Esta última es la que se factura por diversos motivos, y que tiene en el fraude a una de sus causas más notorias y negativas al dejarse de cobrar la energía consumida real, al violentarse los medios técnicos disponibles (metro-contadores) que indican la cantidad utilizada por cliente en un periodo mensual.
Aseveró el funcionario público que todos los municipios se hallan implicados en este problema, liderados por Cárdenas, Matanzas y Jovellanos, donde se detectan los mayores volúmenes de energía robada. Por ejemplo, el primero de ellos pierde cada mes la mitad de la electricidad entregada por la barra distribuidora.
No hace falta tanto cálculo para sabe qué significa este derroche de la costosa energía en las actuales circunstancias económica y financiera del país, sin obviar los recursos materiales necesarios para generar tal cantidad de electricidad en las plantas radicas a lo largo y ancho del país.
Alto es el costo que a pagar por tales pérdidas, que incluye el deterioro de los metro-contadores, empleo de sistemas para inutilizarlos maliciosamente, engaño a los inspectores eléctricos, no solo por moradores de viviendas con números en las puertas irreales, sino en establecimientos estatales que implica a los energéticos, administradores, directores y en particular, a los colectivos obreros que se involucran sindical y moralmente por la mala acción de los primeros en el caso y donde suceda.
Sin embargo, la labor de los trabajadores del sector, incluidas brigadas alternas formadas, como hasta ahora en Cárdenas, por obreros y especialistas del sector, permitieron detectar a no pocos ladrones. Estos supervisores de consumo y control energético llevan un trabajo constante, y de entre los 278 mil clientes de la provincia recuperaron este año 2,5 Gwh, y solo en octubre descubrieron 124 fraudes con 205 megawatt hora devueltos a la facturación, con las correspondientes sanciones a los violadores.
Otro ejemplo del resultado del trabajo constante de los inspectores eléctricos es que detectaron en el área que abarca la Calle de Medio, desde La Vigía hasta Dos de Mayo, 20 servicios estatales que no pagaban electricidad, robo que recibió una contundente respuesta.
Además Peñate Rodríguez manifestó que con miras a mejorar el cuerpo de inspectores y el trabajo de fiscalización en cada vivienda y establecimiento estatal y privado se crean los mencionados grupos alternativos que, bien capacitados, ayudarán a hallar más ladrones de electricidad, a los que se aplican la medidas dispuesta en el Decreto 260, severo, pero aún insuficiente para este delito económico de gran incidencia negativa en el país.
Las llamadas pérdidas comerciales facturables no solo tienen su causa en el fraude en el que incurren los consumidores. Los variados métodos fraudulentos empleados para impedir que el metrocontador registre parcial o totalmente la energía consumida por el usuario (toma de energía anterior al metrado o «chivo», alterar la posición del metro o «acostarlo», uso de imanes para alterar o retrasar el sistema de registro, etcétera) son responsables de una parte de la energía consumida y no facturada. Se le unen, y es un hecho no solo conocido y denunciado por la población, además de ser reconocido por la institución, los delitos provocados por la corrupción de personal encargado de la lectura, medición, control y fiscalización del consumo. Por último, están las causas técnicas, obsolescencia de gran parte del parque de equipos registradores o metrocontadores, demanda eléctrica de la instalación superior a la capacidad del aparato, lo cual altera su registro, falta de constancia en la revisión y mantenimiento del equipo y conexiones, no existencia del metrocontador (conexión del consumidor en «empate directo» y facturación por un promedio), lo cual le da patente de corso para consumir a gusto, y en último lugar, las conexiones indiscriminadas, «tendederas» y otras, a consumidores fuera de todo control.