Entrega de usufructos a privados: ¿la ansiada solución?. Foto: Raúl Navarro
El anteproyecto de Ley de Propiedad, Posesión y Uso de la Tierra se debate hoy en los mismos surcos donde, durante años, germinaron más expedientes que frutos. Uno puede imaginar a un campesino, con las manos llenas de tierra y el alma atiborrada de argumentos, sentado frente a un burócrata, quien le exige un papel que certifique que ese suelo que pisa es, en efecto, suelo. La voluntad del legislador parece sincera: actualizar el régimen de tenencia, atraer capital y recursos, sacar del ocio legal a miles de hectáreas y reconocer a sujetos hasta ahora ignorados o tolerados solo en los resquicios de la práctica administrativa. Pero las leyes, como las semillas, no se miden por la hermosura del enunciado, sino por la cosecha que son capaces de rendir.
La nueva legislación, concebida para unificar unas 25 normas dispersas y actualizar a los tiempos que corren las mentalidades del sector, aterriza en un sistema agropecuario caracterizado por una morosidad extrema en la formalización de expedientes de usufructo. En este escenario, la novedad de extender las asignaciones de tierras a personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras —incluyendo a cubanos residentes en el exterior— corre el riesgo de convertirse en un brindis al sol: se invita a nuevos actores a una fiesta en la que los anfitriones aún no han logrado poner la mesa.
Cuando la regla es la excepción, el productor termina acorralado entre la necesidad de sembrar y la obligación de esperar. El anteproyecto aspira, precisamente, a revertir esta lógica, reconociendo legalmente a figuras que ya operaban de hecho, solo que fuera de los canales oficiales —o sea, en la ilegalidad—, debido a este cartapaso de “antigarantías” que incluye, además, los archiconocidos pagos atrasados, o su ausencia total, y recelos arraigados desde hace décadas.
Los impagos a los productores agropecuarios constituyen una tendencia desesperanzadora. El usufructuario siembra, riega y recoge; la empresa estatal recibe el producto, lo comercializa y, cuando llega el momento de liquidar, el dinero se esfuma en los dédalos contables de una entidad que carece de liquidez o de voluntad para cumplir. El efecto es inmediato: quien trabaja la tierra deja de hacerlo o se refugia en los circuitos informales; frustrando, precisamente, el propósito recaudatorio y alimentario que persigue la nueva norma.
En el apartado de los recelos sí hay tela por donde cortar. Durante mucho tiempo, se asoció la propiedad privada sobre la tierra —y más aún la inversión foránea— con la restauración de los latifundios capitalistas de la primera mitad del siglo pasado; de modo que esta apertura legislativa debe librar una batalla previa en el terreno de los símbolos. Cabría preguntarse: en las condiciones actuales, ¿quién se va a preocupar por el rendimiento de la tierra, sino aquellos que ven en él la alimentación, sustento y prosperidad de sus familias, su pueblito querido, su país que tanto ha tenido que aguantar?
Entonces, para que la Ley no se quede en la Gaceta Oficial, los ministerios y entidades involucrados tendrán que emprender una reforma administrativa de similar envergadura. No basta con firmar un contrato de usufructo si el pago llega tres años tarde o si la semilla certificada se malvende en el mercado negro, mientras el productor espera por asignaciones estatales. Agilizar las comisiones agrarias, digitalizar los registros, establecer plazos máximos perentorios con consecuencias reales para el funcionario que los incumpla y, sobre todo, transparentar el proceso de selección de beneficiarios constituyen condiciones previas sin las cuales la ley operará como un motor que gira en el vacío.
Si queremos que se produzca la tierra no podemos tener miedo a darla al que demuestre capacidades para sacarle provecho. Ese “miedo a dar” es la contracara del “miedo a hacer” y su persistencia determina que la distancia entre el texto y el terreno se mida en cosechas perdidas. Mientras se continúe espaciando en el tiempo la entrega de tierras y se fijen precios que apenas cubren los costos de producción, el usufructuario —ya sea cubano o japonés— encontrará escasos incentivos para permanecer en la legalidad. Aprobar la ley sin resolver antes —o al mismo tiempo— los nudos de la burocracia, los impagos y la desconfianza, desvirtuará su necesario propósito.
La Ley de Propiedad, Posesión y Uso de la Tierra puede convertirse en la más importante reforma agraria del siglo XXI cubano, o en un documento amarillento que los futuros historiadores citarán como un hermoso intento truncado. La diferencia entre ambos destinos no se escribirá en La Habana, ni siquiera en las capitales provinciales; se decidirá cada mañana, tarde y noche en cada oficina municipal y cada pedazo de tierra en que, por fin, deje de descansar el sueño eterno.
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