La indolencia, el desinterés y la falta de empatía son tres males que pueden remover los cimientos de cualquier sociedad, y los cuales, desde hace algunos años, vienen echando raíces en Cuba, robusteciéndose en algunas instituciones, dirigentes, esferas, grupos o personas, más que en otras. 

Sus manifestaciones, lamentablemente, son palpables y medibles. Se reflejan en el que sube en la guagua y no se aprieta un poquito más, para que los que quedan debajo puedan montar; el que posee un vehículo estatal y aunque tiene asientos vacíos no para, si no está el inspector; o en ese funcionario que demora un trámite o se escuda tras su cargo para desviar recursos. 

También en quienes elevan los precios indiscriminadamente, en los que no brindan una buena atención al público, en los que violan lo establecido y no permiten que los clientes ejerzan el pago electrónico, en los que se cierran como ostras y no flexibilizan los procesos, en todos los que de una forma u otra se olvidan de que sirven al pueblo y ponen trabas, en lugar de soluciones.  

Ejemplos existen miles, porque los que vivimos en Cuba lo sufrimos a diario. A veces lo hacemos callados, por aquello de que “al final no se resuelve nada”, y así nos subimos en la rueda del desinterés y, hasta cierto punto, pasamos a convertirnos en cómplices de estos modos de actuación tan cuestionables. 

En muchas otras ocasiones, cuando optamos por lo que debiera ser lo correcto: denunciar estos comportamientos, nuestras quejas se diluyen como la sal en el agua y en pocas oportunidades se recibe la respuesta adecuada o se adoptan las decisiones correctas con los infractores que, desde el plano institucional, cometen tales desatinos. 

Cuando una institución recibe una queja, debería verla como un buen síntoma, porque aunque es cierto que la inconformidad anuncia que existen problemas, también lo es que todavía quienes nos quejamos confiamos en el poder de esa entidad para resolver la situación, por lo tanto, esperamos se actúe en consecuencia para dar, al menos, una respuesta razonable y una solución de a cuajo.  

Sin embargo, la mayoría de las veces lo que toca es el “paño tibio”, la justificación de que ese compañero o compañera no tuvo un buen día, que el transporte, que las condiciones de trabajo, que los apagones, que la comida… En fin, cuestiones con las que todos lidiamos a diario y que no pueden influir en el trato al público ni dañar la esencia del servicio que se presta. 

Y lo que casi siempre sucede es que usted regresa a esa institución, tres o cuatro meses después, y esa persona que lo maltrató permanece en el mismo puesto laboral, incluso, hasta ascendió, y usted se pregunta: ¿cómo es posible? 

Si bien los mecanismos para reclamar nuestros derechos en cualquier institución se encuentran creados, escasean las administraciones que hacen análisis coherentes y profundos y adoptan las medidas pertinentes con aquellos que violan lo establecido. Y no se trata solo de sancionar, sino de reconocer el error y enmendarlo en la manera de lo posible, sin más perjuicios para el afectado. 

Ponernos en el lugar del otro ha de ser una máxima para quienes trabajan con el público. Empatizar, solidarizarnos con el problema ajeno son cuestiones muy necesarias en estos tiempos en que la indolencia, el desinterés y la falta de empatía, cual triada peligrosa, parecen querer borrar nuestros valores de un plumazo. 

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