¿Qué se esconde detrás del “mayor acuerdo petrolero de la historia”?

Desde Cuba, acostumbrado a medir cada palabra del imperio con tremenda desconfianza, el anuncio de Donald Trump sobre el “mayor acuerdo petrolero de la historia” con Venezuela creo que son más fuegos artificiales electorales que un verdadero cambio de página.

Y no es que esto sea escepticismo gratuito. Sólo que hemos visto demasiadas veces cómo Washington fabrica titulares mientras la realidad se empeña en desmentirlos. Pero vayamos por partes, porque el asunto merece un análisis más profundo que vaya más allá del “¡traición!” que se lee en cada comentario en las redes.

El 28 de agosto de 2026, Trump y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciaron un acuerdo que otorgaría a Estados Unidos el control mayoritario de 17 yacimientos y más de 65 000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano. Esa cifra, según la Administración de Información Energética de EE.UU., equivale al 141% de las reservas probadas de crudo y condensado de Estados Unidos.

Trump lo calificó como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y aseguró que “más que duplica las reservas petroleras estadounidenses, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente el precio de la gasolina para todos los estadounidenses durante muchos años”.

Suena bien, ¿verdad? Demasiado bien. Y como suele decirse, cuando algo suena demasiado bien para ser cierto, probablemente no lo sea.

El mismo día del anuncio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro emitió ocho licencias generales modificadas que autorizan “determinadas actividades relacionadas con el petróleo y productos petroquímicos de origen venezolano”. No es un levantamiento de sanciones, ni mucho menos. Es una flexibilización calibrada, una “estrategia de administración del régimen de sanciones” que opta por “calibrar de manera periódica los permisos mediante letras correlativas”.

Y aquí está el primer gran engaño, ya que las licencias excluyen los pagos por impuestos locales, regalías, permisos y tasas, que deben depositarse en “fondos de gobiernos extranjeros o en otras cuentas determinadas por el Tesoro estadounidense”. Es decir, el gobierno venezolano no tendrá control directo sobre los ingresos derivados de su propio petróleo. Venezuela “debe solicitar cada gasto a la cuenta controlada por EE.UU.” Es un protectorado 2.0, un control financiero que hace innecesaria la ocupación militar.

Pero el verdadero disparate del acuerdo no es político, es económico y geológico. Todos los especialistas en el tema aseguran que extraer crudo pesado de la Faja del Orinoco —que contiene unos 235 000 millones de barriles de petróleo pesado y extrapesado, la reserva más grande del mundo— requiere inversiones monumentales a muy largo plazo antes de ver el primer dólar de beneficio. El 65% de esos crudos son extrapesados y el 35% restante es betún o bitumen natural.

Hagamos números. El acuerdo es a 25 años —no a 100, como se menciona—, pero la inversión inicial necesaria para reactivar esos campos se estima en unos 100 000 millones de dólares. La producción actual de Venezuela ronda el millón de barriles diarios. Duplicarla, como promete Trump, requeriría décadas y cantidades enormes de capital que ninguna empresa privada va a arriesgar en un país inestabilidad política y sanciones que pueden volver a imponerse en cualquier momento.

El 29 de enero de 2026, Venezuela publicó la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Esta reforma mantiene la regalía del 30% que deben pagar las empresas por explotar el crudo, pero establece los llamados “Contratos de Participación Productiva” (CPP), que permiten a empresas privadas —incluidas las estadounidenses— operar yacimientos en condiciones que antes estaban reservadas a la estatal Pdvsa.

Esta reforma, aprobada por el Parlamento venezolano, es la base legal que permite el acuerdo con EE.UU. No es una concesión unilateral, sino un cambio estructural que busca atraer inversión extranjera allí donde Rusia y China no lograron reactivar la producción. Empresas rusas como Rosneft, y chinas como CNPC, intentaron aumentar la producción venezolana y buscaron lo mismo que ahora firma con EE.UU. para recuperar los millonarios préstamos.

Este acuerdo no es un hecho aislado. Se inscribe en lo que ya se conoce como el “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe, lo que no es más que una resignificación del intervencionismo estadounidense para “reafirmar la primacía de EE.UU. y limitar la presencia de China y otros rivales en la región”. Como señala un análisis de El Plural, “la invasión de Venezuela y posterior secuestro de su presidente, Nicolás Maduro, reavivó sus llamas”.

El “Corolario Trump” no es solo retórica. Es la aplicación de una doctrina que busca contener y regular “la presencia de potencias extracontinentales en el hemisferio occidental”. En otras palabras, Washington no quiere que China o Rusia se beneficien del petróleo venezolano, y está dispuesto a todo —incluido el secuestro de un presidente— para impedirlo. El caso venezolano, como advierten los analistas, “vuelve a encender las alarmas” y existe “consenso en que el verdadero peligro no es solo el caso venezolano, sino el precedente”.

Para entender el alcance de este movimiento, creo que hay que mirar más allá del Caribe. El 15 de agosto de 2025, Trump recibió a Putin en Anchorage, Alaska, en una cumbre que el Kremlin consideró “un triunfo diplomático incontestable”. Trump puso alfombra roja al líder ruso, rompiendo con la política de aislamiento de Occidente. Pero un año después, el “espíritu de Anchorage” se ha desvanecido. Las relaciones entre Rusia y EE.UU. atraviesan “uno de los peores momentos desde el regreso del republicano a la Casa Blanca”, y la cumbre no produjo ningún resultado tangible.

En ese contexto de tensiones, el 25 de agosto de 2026, el director de la CIA, John Ratcliffe, realizó un viaje secreto a Moscú. Se reunió con su homólogo ruso, Serguéi Naryshkin, en lo que algunos medios interpretaron como una advertencia a Putin para que no ataque a ningún país de la OTAN. Otros lo ven como un intento de reabrir canales de comunicación en un momento de máxima tensión.

¿Qué tiene que ver esto con Venezuela? Todo. El acuerdo petrolero con Venezuela no es solo una operación comercial, creo que debemos entenderlo como el movimiento de una pieza en el tablero global. Es la confirmación de que el “Corolario Trump” está en marcha, y que Washington está dispuesto a redefinir las reglas del juego en el hemisferio occidental, aunque eso signifique pisotear la soberanía de sus vecinos.

Delcy Rodríguez, en su alocución, planteó que (en Venezuela) “necesitamos inversión, tecnología, infraestructura, capacidad productiva para convertir esa riqueza en bienestar para nuestra gente. De nada sirve tener nuestras reservas petroleras bajo tierra únicamente (…) cuando no podemos traducirlo en desarrollo para Venezuela”. Y tiene razón. La producción petrolera cayó desde más de 3 millones de barriles diarios en 1990 a apenas 400 000 en 2020, recuperándose hasta el millón actual. Sin inversión, esa riqueza no sirve de nada.

Pero el precio de esa inversión es alto. Venezuela mantiene la propiedad de los recursos, pero pierde el control sobre los ingresos. Los pagos por regalías y tasas no irán a las arcas del Estado venezolano, sino a cuentas controladas por el Tesoro estadounidense. Es una soberanía energética a medias, o más bien, una soberanía bajo tutela.

Lo único real, dentro de la coyuntura actual para Venezuela, que debe solicitar cada gasto a la cuenta controlada por EE.UU., a cambio de la pérdida de soberanía —que ya existe desde el secuestro de Maduro— es que la ingente inversión de empresas de EE.UU. se traducirá en la economía local, como nóminas de trabajadores venezolanos, contratistas nacionales que reciben encargos, aumento de demanda en el sector servicios.

Este acuerdo no es lo que Trump vende. No es una victoria aplastante ni un golpe maestro. Tampoco es, desde la perspectiva venezolana, una “traición” en el sentido más absoluto. Es, como tantas cosas en la geopolítica del siglo XXI, un movimiento pragmático en un tablero donde las opciones son limitadas.

Venezuela ha optado por una vía distinta a la de Irán o Cuba, que combina el pragmatismo y la asunción de la realidad sobre el terreno. No tiene capacidad o voluntad de lucha directa, y su economía, en serias dificultades, es incapaz de hacer frente a la presión, las sanciones y los bloqueos por parte de EE.UU.

Trump, por su parte, ha logrado un titular espectacular a dos meses de las elecciones intermedias. Pero los titulares no sacan petróleo del subsuelo. Y el petróleo de la Faja del Orinoco, ese que promete “duplicar las reservas estadounidenses”, seguirá bajo tierra durante décadas, esperando inversiones que nadie sabe si llegarán.

Como tantas veces desde esta orilla del Caribe, asistimos a una nueva demostración de que el imperio confunde sus deseos con la realidad. Y como tantas veces, la realidad —en este caso geológica y económica— se encargará de recordarle que los sueños de grandeza no se construyen con tuits, sino con inversiones que nadie está dispuesto a hacer.