El pasado fin de semana las autoridades del territorio realizaron un ejercicio de conjunto con la Dirección Provincial de Finanzas y Precios, para controlar la implementación de la Resolución 225, relativa a la regulación temporal de precios minoristas máximos para productos de alta demanda, por parte de los diferentes actores económicos en todos los municipios.
Para ello se organizó un grupo de trabajo a nivel provincial, 13 municipales y 79 para los consejos populares. Además, se prepararon 531 inspectores, 377 profesionales y 154 eventuales, con trabajadores de diferentes organismos.
Durante el ejercicio, se ejecutaron 1 154 acciones, con 274 imposiciones de multas por la violación de las normas que rigen la política de precios y tarifas, 67 llamados de atención, 25 ventas forzosas en los valores reglamentados, se cerraron 10 establecimientos por no exhibir productos como el pollo y la leche, y se retiró un proyecto.
La comisión provincial visitó los municipios de Matanzas, Cárdenas, Colón, Jovellanos, Pedro Betancourt, Jagüey Grande y Unión de Reyes. Los principales reclamos de los actores económicos giraron en torno a productos adquiridos a precios que les impiden cumplir con la norma.
Las autoridades destacaron que todavía existe desconocimiento de la Resolución 225 en el sector privado. Esta implica una regulación temporal de precios minoristas máximos para productos de alta demanda como pollo troceado, aceites comestibles (excepto el de oliva), leche en polvo, pastas alimenticias, salchichas y detergente en polvo.
También se detectaron distorsiones en los precios acordados con los transportistas privados en varios municipios. Esto demuestra la incapacidad de los grupos creados en abril del año 2023 para supervisar la actividad económica.
Alina Vera Bouza, directora provincial de Finanzas y Precios, reconoce que, en los primeros días de la aplicación del tope de precios máximos, algunos actores económicos sacaron del mercado productos como el pollo, pero que en la medida en que los proveedores mayoristas han ido ajustando el precio de venta, este ha vuelto a aparecer en las ofertas.
El llamado es a que la población reclame su derecho a comprar los productos en cualquier forma de gestión por debajo del tope establecido y que, además, tenga la posibilidad de escoger el modo de pago, en efectivo o por transferencia.
Las autoridades repetirán los ejercicios de control, de manera aleatoria, dos veces al mes; y las medidas que se tomen contra los infractores serán ejemplarizantes.
