Marzo no resultó atípico en comparación con los últimos meses en el trabajo sistemático de los inspectores para la fiscalización a los diferentes tipos de comerciantes estatales y privados, y de otras actividades en Matanzas, territorio en el que afloraron múltiples violaciones que recibieron la aplicación de la correspondiente justicia punitiva o de otra índole.
Según lo informado por Yanet Vázquez Fragoso, jefa de Grupo en la Dirección de Inspección, se realizaron 502 acciones, en las que se impusieron 232 multas ascendentes a 390 050 pesos, cantidad monetaria que en su mayoría, 329 000, pertenecen al Decreto 30, derivados de engaño al consumidor mediante el peso y el precio de los artículos expendidos a los clientes.
Además, incluye en sus incisos pizarras no visibles para conocimiento del producto en venta, pues se ha
hecho común en los comercios –en particular bodegas- no situar a la vista de todos el producto y el costo, o exhibirlos lejos para que no se aprecien fácilmente.
Por el Decreto-45, para trabajadores por cuenta propia, se aplicaron 65 multas por valor de 55 500 pesos, al demostrarse violación del proyecto original –ventas no apropiadas-, engaño en peso y precios, no mostrar al consumidor cuanto se expende y precios no aprobados, e indisciplinas de precios no aprobados por el Consejo de la Administración en las diferencias instancias.
En cuanto al ornato público –Decreto-272-, los inspectores impusieron 17 multas que sumaron 1 700
pesos, y por la misma Resolución, pero en higiene comunal, impusieron 22 sanciones por 3 850. Incluye
arrojar basura a lugares públicos no autorizados y que afean el entorno, además de crear vertederos en
los que pululan roedores, cucarachas y otros agentes que conspiran contra la salud humana.
Yanet también manifestó que hubo 268 apercibimientos a trabajadores por cuenta propia, y se realizaron
17 ventas forzadas por diferentes motivos.
Sería bueno de que en aras de evitar que algunos núcleos no reciban los productos que les pertenecen, se obligue a los dependientes y administradores de bodegas a informar cuanto llegue a las dependencias,
para que los clientes no tengan que “adivinar” los que hay en existencia en el comercio, y pierdan artículos alimentarios y de otra índole por desconocimiento involuntario.
No menos importante es mantener la labor de inspección y control general de los carretilleros que día por día inflan los precios, a veces con alimentos agrícolas sin la calidad adecuada, entorpecen la vía pública, obligando a los peatones a bajar de las aceras, con peligro para sus vidas. E igual los revendedores de todo tipo, alimentos y otros artículos, sin licencia ni autorización alguna.
Mucho queda por hacer para impedir que malechores de toda índole prosigan su obra en la que se impone un denominador común: hacer dinero sin importar cómo.
Pese que no tienen completa la plantilla adecuada (20), ni con el transporte para materializar visitas a los
comercios estatales y privados de cada consejo popular, dichos inspectores realizan ingentes esfuerzos para cumplir el ciclo.
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Hay un tema, además de los inspeccionados que deberían ser objeto de control en el cual deberían también enfocar el trabajo aunque sea 1 o 2 veces al mes y es la falta del peso adecuado en el pan normado que viene a las bodegas que según publicación en página de Telegram del Gobierno recientemente debe ser 80 gramos y no llega siquiera a 60. Tenemos 36 comprobaciones de enero a la fecha y así lo puedo afirmar, ademas de quejas de otros ciudadanos de otros lugares con similar queja en esa página que es un Chat abierto para intercambiar con la población, pero el problema continua. Nuestro pan viene de la Panadería de Los Mangos a nuestra bodega de compra La Mano. Muchas gracias.