Era sábado y le tocaba ir a la Universidad. Como tenía prueba, llegó a la parada mucho antes de la hora reglamentaria que garantiza la puntualidad.
Entonces, pasó uno… y otro… otro más, y ninguno paró. Un desfile de chapas “B” pasó por su lado, con capacidades vacías, pero haciendo caso omiso a las señas que procedían del tumulto de personas que esperaban el milagro de la compasión.
Los choferes más educados señalizaban un desvío en la siguiente esquina; otros hacían ademán de llenos cuando en la parte trasera solo había un pasajero, en ocasiones, menor de edad; mientras que los más insensibles clavaban su vista al frente, como si no vieran a la anciana con bastón, a la mamá con su infante de dos o tres años en brazos o a la joven que la propia vestimenta develaba estudiante universitaria.
“Es así siempre los fines de semana con los carros estatales. ¡Tal parece que son privados!”, vociferó alguien del grupo con una molestia poco disimulada. Lo cierto es que la realidad no varió en las siguientes horas.
Desde niña siempre sentí curiosidad por las chapas de los carros, que en los años 90 tenían disímiles letras, en dependencia de la provincia a la que pertenecían. En aquella época era la coloración la que indicada si se trataba de carros estatales (azules) o particulares (amarillos), o si pertenecían a embajadas (negras), turismo (marrones) u otras denominaciones. Luego, llegó la reestructuración donde las chapas quedaron divididas en su mayoría en dos grandes grupos: las B (transporte empresarial) y P (transporte privado).
Desde los 90, identificarlas no se trataba solo de curiosidad. Mientras los transportes del Estado (los asociados a empresas) costaban cinco pesos en un punto de recogida o te daban un aventón sin costo alguno cuando les hacías seña en carretera, el particular podía ponerse “creativo” en tarifas.
Esa última realidad no ha variado: el transporte privado continúa siendo más costoso y, aunque ciertamente solventan la necesidad imperiosa de trasladar personas de un punto distante al otro, lidiar con sus precios en el día a día puede volverse un problema con mayúsculas.
De ahí que los carros B sigan siendo una luz, sobre todo en tiempos en que el habitual transporte público que favorece a la masividad —dígase guaguas— está severamente afectado, lo mismo por déficit de piezas que por combustible.
Sin embargo, tal parece que un número considerable de choferes estatales y algunos dirigentes olvidan lo complicado de la situación actual y lo imprescindible que resulta ayudarnos los unos a los otros. También olvidan que el vehículo a su disposición no es un bien propio, sino del Estado, y que tienen en sus manos por asignación temporal.
Un poco antes de la covid, durante la llamada “Coyuntura”, un período de limitación extrema de combustible, se comenzó a implementar el transporte solidario, iniciativa que obligaba a estos carros a detenerse y recoger personas en paradas. Mucho ayudó, sin embargo, aun cuando de aquel entonces a este la realidad ha cambiado bastante poco, la solidaridad sí ha ido disminuyendo al punto de que, los fines de semana, prácticamente se muestra nula.
¿Será necesario recordarles a los directivos que la chapa B no indica que son dueños absolutos? ¿Habrá que volver a circular por escrito una normativa que obligue a los choferes estatales a ser más solidarios y empáticos?
Pensar que un cargo o un bien nos hace superiores e insensibles al dolor ajeno es violar los principios contemplados en nuestra Constitución. Solo podremos superar la dureza de estos tiempos con el actuar unido, con la solidaridad como escudo y el amor como bandera.
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