No es un secreto que vivimos en medio de un complejo escenario económico. Una crisis acentuada, de manera exponencial, por el bloqueo económico que impone el gobierno de los Estados Unidos. No obstante, también hemos comprobado en los últimos años el dinamismo de las nuevas formas de gestión. Las mipymes y los trabajadores por cuenta propia han dejado de ser una figura abstracta para convertirse en una alternativa y un complemento estratégico e imprescindible de la resistencia y el desarrollo nacional.
Como analizamos en el trabajo anterior, lejos de ser una concesión a modelos ajenos, son una herramienta económica creada y perfeccionada por la Revolución para, desde la inventiva popular, enfrentar la crisis, generar empleo y producir los bienes y servicios que el Estado, bajo las actuales tensiones, no puede garantizar por sí solo.
La incorporación formal y masiva de estos actores no es un accidente ni una improvisación. Es el resultado de una evolución consciente, debatida y aprobada en los más altos niveles de dirección del país. Los Lineamientos de la Política Económica y Social, ratificados en sucesivos congresos del Partido Comunista de Cuba, trazaron el camino para la «actualización del modelo económico», donde la empresa estatal socialista seguiría siendo el actor principal, pero necesitaba de la agilidad y el empuje de formas de gestión no estatales. Este marco no es una ruptura, sino la materialización de un socialismo próspero y sostenible que sabe adaptarse a las circunstancias, siempre con el pueblo como protagonista.
El impacto de este sector es ya innegable. Mientras las empresas estatales se enfocan en sectores estratégicos y de gran escala, las mypimes y los cuentapropistas llenan los vacíos del día a día. Cada producto o servicio que ofrecen es un eslabón que reactiva la economía desde la base, genera circulación monetaria y, mediante el pago de impuestos, contribuye al presupuesto nacional que sostiene la salud, la educación y la seguridad social gratuitas.
Sin embargo, este florecimiento trae consigo desafíos complejos que no pueden obviarse y que explican, en parte, la percepción ambivalente de una parte de la población. La principal tensión radica en la contradicción entre la necesaria libertad para operar y el imperativo del control estatal en una economía socialista.
Uno de los problemas más sensibles es la evasión fiscal. Algunos actores, buscando maximizar ganancias en un entorno de escasez, operan total o parcialmente en la informalidad, evadiendo el pago de impuestos que son vitales para el erario público. Esta práctica no solo es un delito, sino un acto de deslealtad que perjudica a toda la sociedad, pues debilita la capacidad del Estado para invertir en beneficio colectivo.
De la mano de esto viene la especulación con los precios. La ley de la oferta y la demanda, en un mercado con déficit, puede llevar a precios abusivos que hacen inaccesibles bienes esenciales para la mayoría. Esta dinámica, alimentada a veces por la obtención de insumos mediante canales informales o importaciones paralelas, distorsiona el mercado, corroe el poder adquisitivo del salario y genera una justificada indignación popular. Asimismo, la contratación de personal fuera del marco legal, sin garantías laborales ni seguridad social, es una práctica que atenta contra la dignidad del trabajador y reproduce vicios del capitalismo salvaje que nuestra Revolución combatió.
Un fenómeno particularmente dañino es la influencia que algunas de estas dinámicas tienen sobre el valor informal del dólar. La necesidad de divisas para importar insumos o equipamiento, unida a la especulación, puede alimentar un mercado cambiario paralelo. Este «dólar informal» actúa luego como un termómetro distorsionado que influye en los precios internos de manera inflacionaria, creando un círculo vicioso que golpea el bolsillo de todos los cubanos.
La solución a estas desviaciones no puede ser, bajo ningún concepto, la prohibición o el retroceso. Eso sería estrangular una fuente vital de oxígeno económico y empleo, y castigar a la inmensa mayoría que cumple las reglas. La respuesta inteligente y revolucionaria es la corrección, la reorientación y la integración efectiva.
Primero, se requiere un control estatal más eficaz y moderno. No una fiscalización asfixiante, sino un sistema ágil que utilice la tecnología para detectar la evasión, simplifique los trámites para el cumplimiento voluntario y aplique con rigor la ley a los infractores. La educación tributaria es clave: cada actor económico debe entender que sus impuestos son una inversión en la Cuba que todos queremos construir.
Segundo, es vital canalizar estas energías hacia el desarrollo territorial. Las mypimes y los cuentapropistas deben dejar de ser vistos como islas aisladas para integrarse en las cadenas productivas locales. Los gobiernos municipales pueden y deben articular proyectos donde la empresa estatal provea materias primas y el sector no estatal agregue valor mediante la manufactura o los servicios. Así se sustituyen importaciones, se crean encadenamientos y la riqueza generada se queda en el territorio.
Tercero, el Estado debe trabajar para crear las condiciones que desincentiven la ilegalidad. Esto implica facilitar el acceso a insumos a precios racionales a través de mayoristas estatales o mercados mayoristas no estatales regulados, agilizar los mecanismos de importación para estos actores y ofrecer líneas de crédito bancario que les permitan crecer sin recurrir al financiamiento informal.
La percepción negativa de la población se combate con transparencia y resultados. Cuando la gente vea que el cuentapropista o la mypime de su barrio no solo prospera, sino que paga sus impuestos, ofrece precios justos, contrata legalmente y contribuye a mejorar la comunidad —quizás atendiendo a tres embarazadas, reparando un parque o apoyando una escuela—, la visión cambiará. Pasarán de ser vistos como “nuevos ricos” o «enriquecidos» a ser reconocidos como emprendedores sociales, actores legítimos y necesarios en la batalla económica.
En definitiva, el éxito de las nuevas formas de gestión en Cuba no se medirá solo por su número o su facturación, sino por su capacidad para articularse de manera sinérgica y legal con el proyecto socialista. Son el fruto de la confianza de la Revolución en la iniciativa de su pueblo.
Corresponde ahora a todos —gobierno, sector no estatal y sociedad— trabajar para que este poderoso motor económico funcione con el combustible de la legalidad, la ética y la responsabilidad social. Solo así cumplirán plenamente su destino: ser un instrumento decisivo para lograr, entre todos, la nación próspera y sostenible a la que aspiramos.
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