En la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial de Matanzas, este miércoles, se celebró el juicio oral y público correspondiente a la causa 1-104 de 2025, contra un ciudadano, por un delito relacionado con drogas ilícitas.
El acusado, natural de Jagüey Grande y sin antecedentes penales, se dedicaba a la adquisición y posterior expendio de drogas tóxicas, específicamente cannabinoides sintético, conocida comúnmente como «químico» o «papelillo».
Para estos actos, compraba a un precio de 150 pesos cada dosis de la mencionada droga, y en áreas cercanas al parque contiguo al establecimiento “Servicupet” de Jagüey Grande, proponía y efectuaba su venta, a personas que por allí pasaban, incluyendo jóvenes, a razón de 200 pesos cada dosis.
Al momento de la detención del acusado, le fueron ocupados 0.25 gramos de picadura vegetal del cannabinoide sintético MDMB-4en-PINACA, contenidos en varios envoltorios de papel y nailon y en una caja de cigarro H.Upmann Selecto, así como 104 envoltorios con 0.06 gramos de fragmentos de papel que tenían impregnado 5-Fluor ADB. Al efectuarse un registro en su domicilio se le ocuparon otros 53 envoltorios con 0.03 gramos de pequeños fragmentos de papel, que igualmente se correspondían con 5-Fluor ADB.
La fiscalía imputó un delito relacionado con drogas ilícitas o sustancias de efectos similares, previsto y sancionado en el Artículo 235.1 inciso a) del Código penal y solicitó la sanción de 7 años de privación de libertad, y las accesorias de los artículos 42 y 59 del propio cuerpo legal, consistentes en la privación de derechos públicos y la prohibición de salida del territorio nacional, respectivamente. A su vez, por el actuar colaborativo del acusado durante el proceso investigativo y el acto del juicio oral, solicitó la aplicación de la circunstancia atenuante de la responsabilidad penal, prevista en el Artículo 79 c).
El juicio quedó concluso para sentencia, la cual será notificada al acusado y a la fiscalía el día 16 de octubre de 2025, y de estar inconformes con la misma, les asiste el derecho de interponer recurso de casación contra dicha decisión del órgano judicial.
En la tramitación del proceso y en el acto de juicio oral se cumplieron las garantías procesales establecidas y el respeto al debido proceso consagrado en la Constitución de la República.
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