Desde hace algunos años se han puesto en boga tendencias políticas como el libertarismo y el anarcocapitalismo que, en sus postulados, atacan a la esfera pública, el estado de bienestar, los impuestos y al papel del Estado como ente regulador de la economía, pregonando la supremacía del mercado y sus «leyes invisibles». Estas ideas, claro está, no resultan en ninguna medida novedosas; concepciones como el neoliberalismo reivindicaron antaño esta misma línea.
El libertarismo y el anarcocapitalismo, que cuentan hoy con voceros tan mediáticos como el multimillonario sudafricano Elon Musk o el presidente argentino Javier Milei, son parte de la narrativa que el propio sistema capitalista engendra frente a sus cíclicas crisis. Tras sus sistemas de ideas se esconden conceptos como la meritocracia y el idílico papel del mercado y las leyes del valor que desde los albores del sistema se han tratado de establecer como dogmas. La realidad, no obstante, bien se encarga de desmontar cada uno de estos juicios, demostrando que, más que leyes, se tratan de mitos.
Uno de los mayores exponentes de esta mitología capitalista lo representa Silicon Valley: la capital tecnológica de los Estados Unidos que, presuntamente, fue erigida a partir de las iniciativas personales de ingenieros informáticos desde sus garajes en California. Este centro tecnológico pudo desarrollarse, no obstante, gracias a las inversiones federales realizadas por el gobierno estadounidense durante décadas, regulaciones fiscales beneficiosas y legislaciones migratorias igualmente favorables.
Bajo el influjo de la Guerra Fría y la carrera tecnológica con la Unión Soviética, distintas administraciones presidenciales destinaron fondos federales al desarrollo de investigaciones que aportasen beneficios al complejo militar-industrial norteamericano. Uno de los mayores receptores de estos fondos fue la Universidad de Stanford, alrededor de la cual se levantaría posteriormente Silicon Valley y buena parte de las grandes compañías tecnológicas asentadas hoy en esta subregión de California.
Los gastos gubernamentales, canalizados fundamentalmente a través del Departamento de Defensa, la NASA y la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA), sostuvieron no solo el crecimiento económico de una miríada de grandes empresas desde la segunda mitad del siglo XX, sino que, además, fueron determinantes para el desarrollo de tecnologías que a la postre adquirirían compañías privadas. Invenciones históricas dentro del mundo virtual como Internet, Google o Siri, poseen un estrecho vínculo con el complejo militar-industrial y la CIA.
Los gastos en defensa de los Estados Unidos tuvieron asimismo un rol medular en el sostenimiento de las grandes compañías tras el estallido de la burbuja del puntocom en el 2001, que lograron rebasar la recesión de la industria tecnológica gracias a la ampliación del presupuesto militar y el número de contratistas y subcontratistas tras el 11-S y la «lucha contra el terrorismo» iniciada por la administración del presidente George W. Bush.
Durante el presente siglo, compañías de Silicon Valley como Intel y Amazon —propiedad esta última de uno de los hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos— han recibido, según investigaciones recientes, 8.400 y 5.900 millones de dólares en subsidios gubernamentales que, en el caso de Intel, pudieran ser superiores, gracias al desembolso federal obtenido tras la aprobación de la Ley CHIPS y Ciencia bajo el gobierno de Joe Biden. Asimismo, la citada compañía de Bezos, Google, Oracle y Microsoft —estas dos últimas con sedes fuera de Silicon Valley— fueron beneficiadas en 2022 por un importante contrato con el Pentágono, ascendente a 9.000 millones de dólares.
Otras grandes compañías norteamericanas, fuera de Silicon Valley, se han visto igualmente favorecidas por los fondos públicos. Sobresalen, en este sentido, empresas como Boeing, Ford y Foxconn —principal proveedora de Apple que, con sede en Taiwan, forma parte de The Vanguard Group, una de los mayores fondos de inversión del mundo—, que han recibido, solo en la actual centuria, 15.500, 7.700 y 4.800 millones de dólares respectivamente.
De la misma forma, Tesla y SpaceX, pertenecientes ambas al magnate Elon Musk, han recibido jugosas tajadas del dinero público. Aun cuando pueda resultar irónico, dado que Musk constituye uno de los más importantes paladines del libertarismo, una reciente investigación realizada por The Washington Post develó que el dueño de X (antiguo Twitter) y sus empresas han recibido 38.000 millones de dólares procedentes del gobierno.
Desde que Musk fundase Tesla y SpaceX a inicios del siglo XXI, con una fortuna proveniente de un ámbito familiar con fuertes vínculos con el régimen segregacionista sudafricano, los contratos gubernamentales, préstamos, subsidios y créditos fiscales obtenidos fueron fundamentales para generar los ingresos que hoy ostentan estas, salvándolas incluso en algunos momentos críticos.
En relación con esto, un préstamo de 465 millones de dólares, concedido a Tesla durante el año 2010 por el Departamento de Energía fue imprescindible para el crecimiento de la compañía en un momento en el que apenas generaban ganancias. Igual de importantes han sido los créditos regulatorios federales y estatales que Tesla recibe y comercializa con otros fabricantes de autos, a los que están ligados cerca de un tercio de las ganancias de la compañía desde 2014. Similar trascendencia posee el subsidio de 7500 dólares —que actualmente Musk llama a eliminar— otorgado a la venta de coches eléctricos en los Estados Unidos, que contribuyó por años a abaratar el costo de los vehículos comercializados por la empresa, haciendo estos más asequibles para los consumidores.
Musk se ha beneficiado igualmente de fondos estatales concedidos por agencias y gobiernos estatales y locales, destacando un paquete de incentivos de 1.300 millones de dólares otorgado en Nevada para la construcción de una fábrica de baterías de litio en Reno junto a Panasonic, 750 millones de dólares que el estado de Nueva York concedió en 2014 a SolarCity —hoy parte de Tesla— en un fallido plan, o los miles de millones de dólares obtenidos en California antes de trasladar sus empresas a Austin, Texas.
Mientras, SpaceX, la empresa aeroespacial que busca llevar seres humanos por primera vez a Marte, ha tenido desde su fundación en 2002 una estrecha y lucrativa relación con la NASA, el Departamento de Defensa y DARPA. A través de estas y otras agencias federales y estatales SpaceX ha recibido alrededor de 20.000 millones de dólares en contratos públicos durante los últimos 15 años, según datos disponibles en el portal USAspending.gov, pudiendo ser superiores, dado el carácter clasificado de muchos de los convenios en materia defensiva.
Entre los contratos más suculentos que ha suscrito la empresa de cohetes de Musk se halla el firmado en 2008 con la NASA por valor de 1800 millones de dólares para el transporte de suministros a la Estación Espacial Internacional, los establecidos con el Pentágono para el desarrollo de misiones de defensa y espionaje satelital y los servicios de Internet satelital Starlink prestados a agencias federales, valorados en miles de millones de dólares igualmente. Este acceso a los fondos públicos, además, ha permitido a SpaceX desplazar a otras importantes competidoras como Boeing, Lockheed Martin y Blue Origin de la industria aeroespacial.
Paradójicamente, hasta hace unas semanas Musk fue el máximo responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), creado dentro de la presente administración de Donald Trump para recortar la deuda fiscal de los Estados Unidos. Desde este el magnate cargó contra los presupuestos dirigidos a financiar la educación y la salud pública, así como otras formas de asistencia social. Mientras, el dinero generado por los contribuyentes dentro del régimen fiscal, a partir de la riqueza colectiva creada por la clase trabajadora, multiplica las riquezas de Musk y otros multimillonarios.
Los datos expuestos, ilustran no solo la falacia en la que las ideas libertarias y anarcocapitalistas se basan, sino también la importancia que el complejo militar-industrial posee para las grandes empresas, por más que estas intenten desmarcarse de estos vínculos. Conflictos militares como el de ucrania o la competencia con china resultan altamente lucrativos para las mismas, y en tanto esta relación no deje de ser beneficiosa, los gobiernos, que representan los intereses oligárquicos, no cesarán de alimentar los presupuestos militares en función de la «seguridad nacional», aun cuando deba ser a costa de la reducción de programas sociales que benefician a millones de seres humanos. (Por José Carlos Aguiar Serrano)
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