Gente sin casas, casas sin gente. Fotos: Felix González Pérez
Matanzas es la cuarta provincia cubana más afectada por la emigración. Se estima que en los últimos cuatro años su población efectiva se ha visto reducida en una cifra superior a las 80 000 personas. Esto se traduce en una pérdida considerable de fuerza de trabajo y de personal profesional.
El fenómeno genera, además, otro tipo de situación un tanto peculiar. Si miles de personas, entre las que se incluyen familias enteras, abandonan el país, ¿qué sucede con sus viviendas?
La respuesta más lógica es que, al menos, hayan intentado venderlas o alquilarlas, pero no todo el mundo se encuentra a tiempo con un comprador dispuesto a pagar en dólares. Por otra parte, el valor de las viviendas ha disminuido exponencialmente, en comparación con el año 2019.
Algunos se vieron forzados a vender sus casas en una cantidad de dinero ocho veces menor a la que pagaron por ellas en su momento, ante la premura de reunir divisas para viajar. A su vez, un amplio grupo de emigrantes prefiere conservar sus viviendas, para tener un respaldo por si no les va bien en el nuevo país, o no consideran justo venderlas por tan poco dinero y deciden cerrarlas o prestarlas.
Con ello han surgido dinámicas que eran impensables en Cuba hace algunos años, como personas que ocupan casas vacías de manera ilegal, o emigrantes que pagan salarios a cuidadores para que protejan las viviendas que dejan atrás.
Todos estos datos contrastan con la compleja situación que atraviesa el territorio en términos de vivienda, con alquileres imposibles de pagar y un plan estatal muy limitado por la escasez de recursos necesarios para la construcción de casas. Esto, inevitablemente, provoca que en Matanzas, ahora mismo, haya gente sin casas y casas sin gente.
ENTRE ALQUILERES, OCUPAS, ROBOS Y MULTIPROPIETARIOS
En la cabecera provincial, hace un mes se contabilizan poco más de 300 arrendamientos entre viviendas, espacios para negocios y casas de renta para el sector turístico. Número que el propio Yankiel Varela González, especialista del departamento de empleo no estatal del Ministerio del Trabajo, reconoce que no es representativo de la realidad.
Algo similar sucede en el resto de los municipios. Los contratos de alquiler se pactan entre arrendador y arrendatario; el primero no paga los impuestos establecidos y ambos quedan expuestos a que la otra parte viole el acuerdo sin consecuencias legales.
Por otra parte, existen personas que han comprado viviendas y las han inscrito a nombre de familiares, incluso amigos, para alquilarlas por “la izquierda”. Un mediador en este tipo de negocios expresó que trabaja con poseedores de hasta seis casas en distintos puntos de la ciudad.
Los alquileres en la urbe yumurina oscilan entre los 5 000 y 20 000 pesos, en dependencia de la zona. Basta con “echarle un ojo” a los grupos de Facebook donde se ofrecen viviendas para renta, para percatarse de que cada vez son más los usuarios que exigen el pago en dólares con cifras cercanas a los cien.
Una de las reacciones ante la imposibilidad de acceder a una vivienda ha sido la de ocupar ilegalmente casas vacías o infraestructura de propiedad estatal abandonada. Tales delitos han tenido un considerable incremento en el país. Por ello, a partir del 2022, se reformuló esta figura delictiva en el Artículo 421 y 422 del Código Penal cubano, aprobado el 15 de mayo del 2023.
Autoridades del Ministerio del Interior (Minint) en la provincia afirman que en Matanzas la cifra de denuncias por estas causas no ha aumentado exponencialmente en los últimos años, lo cual no quiere decir que no ocurran y que las fuerzas del orden no estén al tanto del tema.
En la actualidad, la condena por usurpar una vivienda establece un marco sancionador que incluye prisión de seis meses a dos años, o multas de 200 a 500 cuotas; si bien la pena puede cambiar según las particularidades del caso.
A la par de la ocupación, ha crecido el número de denuncias de robos en casas vacías. Ello ha dado pie a que prospere el negocio de los cuidadores de viviendas, con salarios para nada despreciables.
Una joven cardenense refirió que gana 7 000 pesos al mes por cuidarle la casa a una persona que emigró a Estados Unidos y que viaja a Cuba unas dos veces al año. Asimismo, comentó que conoce a algunos que ganan mucho más por hacer lo mismo y con cifras cercanas a los cien dólares.
LOS DERECHOS DEL QUE SE VA
Uno de los principales afectados en este fenómeno es el propietario de la vivienda que emigra hacia otro país, puesto que, como ciudadano cubano, tiene un grupo de deberes y derechos a cumplir ante la ley.
La ley migratoria cubana establecía un plazo de 24 meses en los que se podía permanecer fuera del país. Vencido dicho período, el Estado confiscaba la vivienda y a la persona en cuestión se le asignaba la condición de emigrante. No obstante, la propiedad del inmueble podía ser reclamada por un familiar.
Nubia Tellechea Segundo, presidenta de la Sala de lo Civil, de lo Familiar, de lo Administrativo, de lo Mercantil y del Trabajo y de la Seguridad Social, del Tribunal Provincial Popular de Matanzas (TPP), explica que, a partir del 2019, el Estado cubano reformuló la condición de emigrante. Ahora, mientras se conserve la ciudadanía, se mantienen todos los derechos en el territorio, incluidas las propiedades.
De esta manera, la persona que sale del país, por los motivos que sean, tiene tres opciones para proteger su vivienda. La primera es un contrato de cesión de uso de derecho real de la habitación a un familiar, conocido o vecino; en el que, a cambio de ocupar el inmueble, el propietario negocia un grupo de responsabilidades a cumplir con el inquilino, como el mantenimiento de la casa o el pago de facturas.
La segunda vía es la de autorizar un poder donde se le conceden facultades a uno o más individuos sobre cuestiones legales relacionadas con la propiedad. De esta forma, dicha persona, o grupo de personas, responde ante la ley por el inmueble y puede pagar los servicios de esta, pero no la habitan.
Una última opción, para proteger legalmente la vivienda, sería la de arrendar el inmueble mediante un contrato. De este modo, al igual que en la cesión de uso de derecho real de la habitación, se pactan las responsabilidades y los límites, y el propietario recibe un pago en condición de cuentapropista.
La jueza titular Idalmis Pérez Hernández aclara que un pacto verbal entre dos partes no posee valor legal y que, si el propietario que sale del país por tiempo indefinido no deja un poder a otra persona, se complejiza el proceso de denunciar, tanto un robo como una ocupación del inmueble; aunque cualquier vecino tiene la potestad de contactar con las autoridades ante una situación de este tipo.
Mirielis Morales Rondón, jueza profesional de la Sala Primera de lo Penal del TPP, reconoce que se cuenta con poca experiencia en este tipo de acto delictivo, porque antes del 2022 no existía en la norma la usurpación de viviendas, y era necesario establecer otros mecanismos para denunciar.
Por este motivo, ante un delito de usurpación, ocupación y posesión ilícitas de locales y viviendas, por lo general, se acude a la vía administrativa o civil. Una vez vencidas todas las opciones, la Sala Penal del Tribunal tramita la denuncia.
Aunque la persona afectada no haya dejado a un familiar o conocido con un poder legal, igual puede nombrar un abogado y reclamar los derechos sobre su vivienda y sus bienes, pero siempre se recomienda prever este tipo de situación.
LAS VIVIENDAS QUE FALTAN
Pese a que desde 2018 se implementa un plan de recuperación y construcción de viviendas, el déficit habitacional continúa siendo una deuda pendiente en la provincia.
Según datos del Balance Anual de la Dirección Municipal de Vivienda, en 2024, del plan estatal de 349 viviendas, se terminaron apenas 201 en el territorio. Respecto a los subsidios la situación es similar, de 213 casas planificadas solo se lograron culminar 56.
El porcentaje general es maquillado por los inmuebles construidos por esfuerzo propio, con ayuda estatal, con un plan de 92 que fue superado hasta llegar a las 345.
Estos números no satisfacen la demanda habitacional, y el déficit de recursos e inversión no permite que el sector pueda crecer mucho más.
Cabe destacar que, como mismo no alcanza para construir casas nuevas, tampoco se cumplen a cabalidad los planes de mantenimiento, y a la mayoría de los matanceros la economía no les permite gastar demasiado en ese sentido, por lo que el progresivo deterioro de los inmuebles es otro problema para sumar a la lista.
Respecto a las viviendas que son propiedad estatal y están dispuestas para arrendar, Elaine Medina de Guevara, jefa del Departamento de Control de Fondo, asegura que en Matanzas existen 2 749 arrendamientos, de los cuales 911 se encuentran ubicados en la cabecera provincial. Estas cifras incluyen casas del Estado, viviendas ilegales y decomisos.
La inaccesibilidad a la vivienda incrementa la desigualdad social, incide de forma negativa en la natalidad, provoca fisuras en la familia y, agregado a las carencias en el transporte, dificulta que las personas escalen laboral y profesionalmente.
La Constitución de la República de Cuba reconoce a todas las personas el derecho a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable, y que el Estado hará efectivo este derecho mediante programas de construcción, rehabilitación y conservación de viviendas. Resulta una idea hermosa y justa que en la realidad, pese a los esfuerzos, está muy lejos de cumplirse.
