Para la economía cubana constituye una costosa inversión generar electricidad en las industrias del país, debido a su dependencia del combustible fósil (petróleo), nativo e importado. Por ello, apropiarse de forma fraudulenta de un solo kilowatt representa un delito.
Es innecesario escribir, en términos monetarios, de cuánto implica la generación de esta energía y su distribución en las redes primarias y secundarias, para que llegue a su hogar o establecimiento estatal o privado. Se trata en su conjunto de un alto costo, pero multiplicado por los millones de KWh que sustraen a diario quienes gustan de utilizarlos sin pagar este beneficio de múltiples usos, personal y familiar.
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Quizás a algunos les suenen lejanas tales inversiones y muchas otras, como las necesarias para restablecer, tras una avería, las calderas de las industrias generadoras, reparar líneas y torres de alta tensión, las redes citadinas —a veces soterradas—, el empleo de importantes medios de transportación, calificar a hombres y mujeres, etc.
No son pocos los residenciales que pretenden escapar del pago adecuado del consumo electroenergético mediante trampas que, tarde o temprano, serán detectadas por los inspectores y recibirán la sanción adecuada, según describe y faculta el Decreto-Ley No. 260, que regula las contravenciones del servicio eléctrico si el cliente realiza algún tipo de actividad productiva o de servicio y comete este tipo de violación.
Cárdenas, Matanzas y Jovellanos se incluyen entre los territorios donde mayor cantidad de estos problemas enfrenta el sector eléctrico, y aunque han surgido acciones alternativas con brigadas de inspectores, la situación adversa sigue.
En la demarcación cardenense se pierde casi la mitad de la energía entregada por la barra distribuidora, que es de 24 MWh. Y aunque existen factores externos perjudiciales por causa de las redes, una gran parte de tales mermas se debe al fraude eléctrico.
Es bueno significar que la referida labor de rescate de energía, cada vez que se detecta un fraude, ha permitido facturar miles de MWh en estos territorios, con pagos y sanciones adecuados a dicho Decreto del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros.
Cuando hace poco dialogaba con un ingeniero de la Empresa Eléctrica matancera, este mostraba en su rostro las huellas del trabajo intenso que realizan en cada municipio por causa de esa dañina práctica, pero también reafirmó que no cejan hasta localizar al último ladrón de esta energía.
Subterfugios tan alarmantes como alterar las cifras indicadoras del consumo, en fachadas y puertas, no son nuevos ni mucho menos. Quienes así actúan, y consideran que siempre lo harán de forma impune, malversan un recurso, por una parte, destinado a la industria eléctrica, y también vital para no pocas funciones sociales que involucran a todos los sectores.
Hay numerosos ejemplos negativos de individuos que tal vez difieran en sus mecanismos, pero cometen el mismo delito, con el agravante común de agredir así el bienestar inmediato, del barrio, de la comunidad.
Un aporte positivo a esta penosa realidad es interceder, advertir y, si es necesario, denunciar, como parte de una sociedad que en buena medida es la principal afectada por las fechorías de algunos.
Estimado Dago:
El pasado noviembre sobre un artículo suyo sobre igual tema, inserté el comentario que sigue, y que considero útil reiterar: Las llamadas pérdidas comerciales facturables no solo tienen su causa en el fraude en el que incurren los consumidores. Los variados métodos fraudulentos empleados para impedir que el metrocontador registre parcial o totalmente la energía consumida por el usuario (toma de energía anterior al metrado o «chivo», alterar la posición del metro o «acostarlo», uso de imanes para alterar o retrasar el sistema de registro, etcétera) son responsables de una parte de la energía consumida y no facturada. Se le unen, y es un hecho no solo conocido y denunciado por la población, además de ser reconocido por la institución, los delitos provocados por la corrupción de personal encargado de la lectura, medición, control y fiscalización del consumo. Por último, están las causas técnicas, obsolescencia de gran parte del parque de equipos registradores o metrocontadores, demanda eléctrica de la instalación superior a la capacidad del aparato, lo cual altera su registro, falta de constancia en la revisión y mantenimiento del equipo y conexiones, no existencia del metrocontador (conexión del consumidor en «empate directo» y facturación por un promedio), lo cual le da patente de corso para consumir a gusto, y en último lugar, las conexiones indiscriminadas, «tendederas» y otras, a consumidores fuera de todo control.