Querer prevenir un embarazo o protegerse de infecciones de transmisión sexual puede ser un problema hoy en Cuba, un país con muchísimos logros en materia de salud pública al que, sin embargo, le cuesta sostener métodos anticonceptivos en su red de farmacias, y su acceso resulta especialmente complejo en zonas rurales.
Ante la escasez, no solo de condones, sino de píldoras, parches o vacunas, solo quedan dos alternativas: adquirirlos en el mercado negro o tener relaciones sexuales desprotegidas, ambas opciones con un costo importante.
Un breve sondeo en grupos de compra-venta arrojó que el precio de los condones oscila entre 30 y 50 CUP; un test de embarazo, 250; tabletas anticonceptivas, 300; vacunas, entre 600 y mil; y las llamadas “píldoras del día después”, entre 150 y 250.
Que las parejas tengan que pagar estos elevados precios, ante la escasa y en ocasiones nula disponibilidad en el sistema de salud; que vean limitadas sus posibilidades de acceder con estabilidad a estos métodos anticonceptivos; que la tasa de fecundidad adolescente se incremente cada año; así como el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual (ITS); deberían representar prioridades del sector ante los riesgos que entrañan.
No es el primer abordaje del periódico Girón sobre este asunto. El tema también ha sido analizado exhaustivamente en reportajes y comentarios, incluso más allá del territorio yumurino. Los recurrentes acercamientos y reclamos han dejado huella en la prensa, mas no así sus soluciones. Hablar de ello, una vez más, siempre será oportuno e imprescindible ante argumentos y explicaciones invariables en casi una década, relacionados en su mayoría con las dificultades económicas de Cuba, su imposibilidad para producir muchos de estos insumos o por la covid-19.
Es cierto que la crisis generada por la pandemia impactó en todas las esferas de la sociedad, especialmente en la salud. El propio ministro José Ángel Portal Miranda reconoció en un reportaje publicado por el diario Granma que “no es un secreto la limitación en la disponibilidad de anticonceptivos en este período pandémico”.
También se conoce de las dificultades para acceder a insumos médicos de cualquier tipo y que, aun cuando no se expenden para la mayoría de la población, los sectores más vulnerables y grupos de riesgo han contado con suministros de este tipo en los últimos meses. No obstante, la responsabilidad de garantizar este derecho sexual y reproductivo a la gran mayoría de la población no puede permanecer varada en el tiempo.
Sus consecuencias ya son palpables. “Durante 2022 se captaron 14 994 embarazadas adolescentes en el territorio nacional: 9 594 entre 15 y 18 años. Además, se realizaron unas 9 015 interrupciones voluntarias. Las que deciden dar a luz comienzan a presentar inestabilidad en la escuela o la abandonan por completo. Por esta causa, 246 adolescentes dejaron los estudios el pasado año”, reveló hace menos de dos meses un texto publicado en la sección Cuba Joven del sitio digital Cubadebate.
Prevenir embarazos no deseados, adquirir un método anticonceptivo seguro y estable, frenar el contagio de ITS o adquirir condones sin mayores sobresaltos al bolsillo, debería ser la norma y no la excepción en un asunto tan delicado y de tanta relevancia para el bienestar de nuestra nación.
