
El teatro geopolítico tiene nuevos actores, pero el libreto sigue siendo el mismo. La reciente elección de Rosa María Payá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) huele a naftalina y embajada gringa.
Mientras Cuba resiste un bloqueo asfixiante, Washington despliega su última ficha: una opositora que jamás pisó una trinchera de derechos humanos reales, pero maneja un currículum inflado con dólares federales.
La comedia fue tan predecible que hasta los extras sabían sus líneas. Cuando el secretario de Estado Marco Rubio «exhortó a los Estados miembros de la OEA a apoyar la candidatura de Rosa María» días antes de la votación, confirmó lo que todos saben: esta es una operación con sello del Departamento de Estado.
Payá no caminó hacia la CIDH: la subieron en limusina diplomática. Sus reuniones con Christopher Landau, subsecretario de Estado y futuro jefe delegación USA-OEA, fueron el ensayo general de una obra donde el elenco repite consignas anticubanas desde 1961. No obstante, el colmo llegó cuando el Departamento de Estado calificó su nominación como «un orgullo para EE.UU.». ¿Activismo independiente o uro casting político?
Detrás del título de «defensora de derechos humanos», Payá dirige dos ONGs financiadas por Washington. La Fundación para la Democracia Panamericana, que no es más que un lobby contra Cuba con oficina en Miami; y Cuba Decide, una plataforma para promover sanciones bajo eufemismos democráticos. Estas no son organizaciones: son startups contrarrevolucionarias. Según investigaciones, reciben más de dos millones de dólares anuales de agencias como la tristemente célebre USAID.
Payá pidió expulsar a Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (marzo 2024). Y esto no es más que la confirmación del doble trasero y el mundo irónico de la oposición cubana. Solicitudes y demandas de quien vive en Miami desde el año 2012, lejos de la Cuba que dice «liberar»; de quien nunca ejerció como defensora DDHH dentro de nuestro país; y de quien aplaude como foca las sanciones que ahogan al pueblo cubano.
La elección de Payá corrobora la deriva política de un organismo que debería ser imparcial. Su agenda prioritaria ya la adelantó Washington: «tomar una postura firme contra Cuba». Por ello es casual que también ataque a México, por no alinearse con sanciones; a Colombia, por procesos de paz progresistas; y a Venezuela – ¡cómo no! -, un objetivo histórico del intervencionismo USA.
¿Coincidencia? No me parece. Es la hoja de ruta del Departamento de Estado para aislar gobiernos no afines.
Y es que la trayectoria de Payá sigue un script probado, el cual comienza por la fabricación de credenciales: Estudió Física -por cierto, nada relacionado con DDHH-, y fue miembro del Movimiento Cristiano de Liberación -un grupo opositor financiado desde el exterior-. Su bautizo político se produjo el 2013 en Washington, tras una reunión con Marco Rubio, Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart, y se la cual salió perfilada como una «líder juvenil contra la Revolución».
Se traslada a Miami, convirtiendo esa ciudad en una base operativa para cabildeo y en donde recibe acceso a fondos federales y lobbies anticubanos.
Payá opera en un organismo que Cuba abandonó en 1962, cuando la OEA —bajo presión USA— expulsó a nuestro país por resultar «incompatible con el sistema interamericano». Mas la paradoja es grotesca: una cubana sin mandato popular representando intereses gringos en un foro que legitimó invasiones a República Dominicana (1965) y Granada (1983).
Este flujo de dinero viola la propia Carta Democrática Interamericana que Payá dice defender, pues financia grupos para desestabilizar gobiernos soberanos. Por ello, Rosa María Payá es una total desconocida a pie de calle. No es una activista, es un proyecto geopolítico. Su ascenso en la CIDH expone la hipocresía de un sistema que castiga a Cuba con sanciones inhumana, pero premia a opositores alineados con Washington.
Mientras, Cuba sigue resistiendo. Sin ceder a presiones. Sin doblegarse. Porque como bien sabe la Payá, la verdadera dignidad no se compra con dólares ni se negocia en la OEA.
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