¡Muchacho! ¿qué precio tiene el melón?, pregunto mientras el vendedor ambulante parece no escucharme. Repito la interrogante y cuando por fin, parece que sí me escucha, pasa un conocido y se pone a hablar con él. Permanezco parada unos minutos en la acera de la Calzada de Tirry, observando la divertida conversación de ambos.
Doy la vuelta y continúo. En esta ocasión, precisamente, no me sobra el tiempo. Cruzo la acera en el afán de caminar unas cuadras y encontrar en “la placita” más cercana alguna fruta. Solo hay piña y boniato en las tarimas. ¡Muchacho!, ¿puedes alcanzarme unas piñas? Sin levantar el rostro del celular, el aludido contesta: “Esas no están buenas, llevan ahí una pila de días”. Sin darme tiempo a responder vuelve a sumergirse en la pantalla del móvil.
Frustrada ante la inatención evidente, pienso en las tantas veces que he escuchado aquel slogan de que “el cliente siempre tiene la razón” e intento hacer memoria de cuándo fue la última vez que visité un establecimiento y quedé conforme en cuanto a la presentación de los productos, variedad y calidad de la oferta, el precio, la profesionalidad de los empleados, la imagen e higiene de la unidad o el tiempo de espera, aspectos valorados por los que recibimos un servicio y muy pocas veces puestos en práctica por quienes deben prestarlo.
El respeto a los derechos del consumidor es casi una utopía en muchos lugares de Cuba. Si bien desde 2018, la Resolución 54 del Ministerio de Comercio Interior, establece la protección al consumidor en entidades que prestan servicios y venden productos, su conocimiento y uso permanece casi en el olvido tanto para quienes deben cumplirla, como para aquellos que deben controlar porque se ponga en práctica de manera adecuada.
Si no fuera así, no persistieran en nuestra sociedad tanto maltrato a los clientes. Ejemplos hay por montones y son tan cotidianos como respirar. Hablo de la falta de calidad en los productos y servicios; irregularidades en los precios, con ofertas que superan los topes establecidos y afectan gravemente el bolsillo del ciudadano común; o de la negación al uso de las plataformas de pago electrónico, a pesar de estar implementadas, lo que limita las opciones del consumidor y fomenta la desprotección.
Pudiera mencionar, además, la ausencia de pesas en algunos establecimientos o el robo en otros que sí cuentan con estas, la falta de información clara y visible sobre los productos que se ofertan, lo que dificulta la reclamación y el ejercicio pleno de los mismos tanto en el sector no estatal como en el estatal.
Lo cierto es que la mayoría de las veces, los consumidores quedamos en una especie de desamparo; ya sea porque nos falte la cultura del consumo y de reclamar lo que corresponde, o por la insuficiente formación de quienes ofertan bienes y servicios, que desoyen nuestros reclamos y contribuyen a perpetuar este irrespeto.
A esto se suma, que, si bien desde hace algunos años se vienen dando pasos para la puesta en práctica de una Ley de Protección al Consumidor, esta normativa aún no se ha concretado, lo cual limita los mecanismos de protección, que muchas veces se quedan en la formalidad y no llegan a la práctica cotidiana.
Empoderar a los consumidores, que estos conozcan sus derechos y las vías que tienen para reclamarlos es una tarea pendiente en Cuba. Por otra parte, es necesario avanzar en los mecanismos de atención a los reclamos de la población y en el sistema de supervisión y vigilancia para que no se viole lo establecido, y en algún momento de la cadena el cliente se sienta que puede hacer valer su razón.
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