La Gaceta Oficial de la República divulgó recientemente dos acuerdos del Consejo de Ministros que modifican el reglamento para otorgar subsidios a personas naturales con el propósito de realizar acciones constructivas en sus viviendas, así como el procedimiento para la asignación de viviendas y la entrega de recursos financieros a madres, padres y tutores que tengan a su cargo tres o más niñas, niños y adolescentes de hasta 18 años.
Los Acuerdos 10326 y 10327 del Consejo de Ministros, publicados el 20 de mayo de 2026 junto con resoluciones de los ministerios de la Construcción, Salud Pública y Trabajo, sustituyen las normas vigentes desde 2021. Estas disposiciones se corresponden con lo estipulado en el Programa Económico y Social de Gobierno para 2026 y buscan perfeccionar la protección social y las condiciones habitacionales de la población.
El Acuerdo 10326 mantiene la lógica del anterior 9072/2021 —financiar con cargo al presupuesto estatal las obras en viviendas de personas sin solvencia económica— pero introduce cambios sustanciales en los montos y, sobre todo, en quién ejecuta las obras. Según la información divulgada, los topes máximos de los subsidios se multiplicaron en términos nominales.
En ese sentido, para la construcción de una célula básica habitacional —de al menos 25 m²— el subsidio pasó de 188 560 a 700 000 pesos, un aumento del 271 %; mientras que para la rehabilitación pasó de 133 742 a 656 300 pesos —un 390 % más—.
La norma actualiza igualmente que para la conservación mayor el monto asa de 38 816 a 273 000 mil pesos, y para acciones de conservación menor de incrementó a 56 500 pesos.
Los incrementos, aunque llamativos, deben leerse en el contexto de la inflación acumulada desde la unificación monetaria de 2021. El financiamiento toma como referencia los precios oficiales del Ministerio del Comercio Interior.
El nuevo procedimiento establece además un sistema de puntuación que prioriza a las familias que llevan más tiempo viviendo en la ciudad, a las familias más numerosas y a las mujeres jefas de hogar. El gobierno cubano ha reconocido que 44 000 madres con tres o más hijos menores de 18 años necesitan mejorar las casas donde residen. Se prevé que las nuevas regulaciones beneficien a 230 000 familias, lo que equivale a más de 690 000 personas.
El paquete normativo responde a la necesidad de aliviar un «déficit superior a las 900 000 viviendas». La Gaceta Oficial recoge que desde 2021 se acumularon «problemas que impiden la ejecución de las intervenciones arquitectónicas aprobadas a las personas beneficiadas».
En sintonía con estas disposiciones, el Consejo de Ministros también acordó financiar mediante el Presupuesto del Estado el 50 por ciento de los precios de venta de los materiales de construcción a quienes sufrieron afectaciones en sus viviendas, totales o parciales, tras el azote de eventos meteorológicos. Asimismo, se aprobó que el Presupuesto del Estado financie el diferencial de la tasa de interés, por encima del 2,5 por ciento anual.
Estas medidas forman parte de un conjunto de acciones del gobierno cubano para enfrentar el déficit habitacional y fortalecer la protección social de los sectores más vulnerables, en medio de las difíciles condiciones económicas impuestas por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos.
