Ancianos en Cuba: La vejez entre el cerco, la responsabilidad y el morbo. Fotos: Izet Morales
Duele, sin duda alguna. Y no por cotidianas, debemos normalizar imágenes que, por su crudeza, mueven dentro de cada uno de nosotros un millón de tristes sensaciones.
Un anciano desorientado deambulando por una calle, una abuela haciendo fila desde las cinco de la mañana para cobrar una pensión que se esfuma en un par de días. Estas escenas, reales en su dolor, son también capturadas por teléfonos móviles y lanzadas al ciberespacio con una pregunta implícita: ¿dónde está el Estado?
Es una pregunta legítima, sin duda. Pero cuando se formula desde el anonimato de una red social, sin contexto y con una intención que a menudo trasciende la solidaridad, corre el riesgo de convertirse en un instrumento de guerra cognitiva.
En Cuba, el envejecimiento poblacional es una realidad demográfica ineludible. Al cierre de 2024, el 25,7 % de los cubanos tenía 60 años o más, lo que coloca al país como la población más envejecida de América Latina y el Caribe.
A esto es imprescindible sumar al análisis la presencia de un cerco económico que asfixia cualquier respuesta institucional. El debate exige analizar lo general, para llegar a lo particular. La voluntad política de un Estado que destina el 66% de su presupuesto a lo social, la asfixia de un bloqueo que impide adquirir medicamentos y combustible, y la responsabilidad de una sociedad y unas familias que, en medio de la crisis, deben sostener la vida de sus mayores.
Contrario a la narrativa que presenta al Estado cubano como ausente, la evidencia muestra una arquitectura legal y presupuestaria diseñada para proteger a los adultos mayores. La Constitución de 2019 y el Código de las Familias reconocen explícitamente la dignidad, la autonomía y la protección reforzada de este sector.
En el plano legislativo, se ha avanzado con el Decreto 109/2024, que establece el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida, y la Resolución 247/2025, regula los servicios de cuidados por actores no estatales.
El compromiso financiero es igualmente significativo. Para 2026, el Parlamento aprobó un presupuesto en el que el 66 % de los gastos se destina a programas sociales y servicios básicos, con un 22 % específico para la Seguridad Social y un 3 % para la Asistencia Social. Asimismo, se aprobó un incremento parcial de las pensiones que representa más de 20 000 millones de pesos, garantizando su pago mensual.
Desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se ha subrayado que el Estado mantiene su papel humanista como garante de estos servicios esenciales. Sin embargo, esta voluntad política choca de frente con una realidad material devastada por el bloqueo.
El bloqueo económico, comercial y financiero no es una abstracción; es una fuerza concreta —y tremenda— que degrada la calidad de vida de los ancianos. La representación permanente de Cuba ante la ONU ha denunciado que el cerco energético recrudecido en 2026 —con cortes de combustible y apagones prolongados— afecta directamente a los hospitales, el acceso al agua y la continuidad de tratamientos médicos para personas con enfermedades crónicas.
La escasez de alimentos y medicamentos no es producto de la falta de planificación, sino del acoso financiero que impide al país adquirir insumos en el mercado internacional. Los testimonios de adultos mayores que sobreviven con pensiones ínfimas, complementadas por la caridad de comedores religiosos, son el rostro humano de una política de asfixia que busca doblegar a un pueblo. En este contexto, exigir al Estado cubano resultados óptimos sin condenar el bloqueo es como pedirle a un cirujano que opere con las manos atadas.
Por otro lado, la narrativa que descarga toda la responsabilidad en el Estado ignora deliberadamente el papel fundamental que juegan las familias y la comunidad en Cuba. El cuidado de los adultos mayores recae, en primera instancia, en los hogares, y con especial peso en las mujeres.
El Estado cubano reconoce esta corresponsabilidad; el sistema de atención integral incluye casas de abuelos, hogares de ancianos y apoyo a cuidadores, pero es consciente de que el cuidado “ocurre en familias, hogares, comunidades”. La propia Organización Social de los Cuidados en Cuba se define como un sistema de relaciones donde confluyen el Estado, las familias, las instituciones religiosas y las redes de solidaridad vecinal.
Exigir al Estado que sustituya completamente a la familia no solo es irreal en cualquier sociedad, sino que desconoce la cultura cubana de apoyo intergeneracional. El verdadero debate no es Estado versus familia, sino cómo el Estado puede apoyar a las familias que, en medio de la crisis, hacen malabares para cuidar a sus mayores.
Es innegable que la situación de los adultos mayores vulnerables es crítica. Pero la forma en que ciertos actores la exponen en redes sociales revela una intención que va más allá de la denuncia.
Investigaciones cubanas sobre el tema señalan que las narrativas digitales sobre el envejecimiento en Cuba a menudo “traducen una dicotomía desde posicionamientos políticos”.
No es casualidad que los videos más virales sobre ancianos en situación de calle coincidan con campañas de descrédito que buscan presentar al Estado como un ente fallido. La utilización de deepfakes y la creación de contenido sintético para simular ancianos pidiendo una intervención extranjera es una técnica documentada de guerra cognitiva.
Mientras tanto, las verdaderas historias de resiliencia —como la de la anciana que, tras recibir ayuda de un familiar en el exterior, defiende su Revolución— son silenciadas o ridiculizadas. El “like fácil” se convierte así en moneda de cambio para una maquinaria que no busca soluciones, sino fabricar un consenso para la subversión.
La situación de los adultos mayores en Cuba es un desafío mayúsculo, agravado por un bloqueo genocida que no distingue entre edades. El Estado cubano, con sus limitaciones, ha demostrado una voluntad política inquebrantable, destinando la mayoría de sus recursos a la protección social.
No obstante, ningún Estado puede sustituir el calor de un hogar ni la solidaridad de una comunidad. La respuesta a la crisis no puede ser el morbo digital que convierte el dolor en espectáculo, sino la solidaridad concreta.
Frente a la narrativa que busca deslegitimar cualquier esfuerzo estatal, la única verdad material es que, a pesar del cerco y las campañas de descrédito, Cuba sigue priorizando la vida de sus mayores.
