Desde hace algunos meses, el periodista que escribe estas líneas reside en la calle Salamanca de la cabecera provincial; y le sorprende el hecho de que, a pesar de no ser esta una de las arterias principales de la ciudad, son varias las paradas de ómnibus que puedes encontrar en su recorrido, con señales oxidadas por el paso del tiempo.
Sin embargo, es más probable que por ellas transite un camello o una gacela —y no hablo de nuestra fauna automotriz, sino de la africana—, antes que una guagua. Muchos son los vestigios que, en nuestra provincia, nos remontan a un pasado, no tan lejano, en que la situación del transporte era difícil, sí, pero existían aspectos inviolables en su implementación: rutas, precios, horarios.
A finales de 2023, fue anunciado con bombo y platillos que el municipio cabecera restablecería el transporte público antes de culminar el año en cuestión. Se habló de neumáticos y baterías nuevas, de horarios, de rutas. Hoy, a inicios de 2025, cabe preguntarse: ¿era real lo anunciado? Y, si la situación en Matanzas y otros territorios de alta demanda como Cárdenas o Colón es tan crítica, ¿qué quedará para el resto de la provincia?
Han existido pérdidas irreparables: los trenes de Hershey y Agramonte-Matanzas, el servicio de ómnibus Hicacos, el decimonónico edificio de la terminal provincial. Y qué decir de los precios, sobre todo en el sector privado: en el papel del parabrisas dice un monto, pero llega el camión o el carro a la parada y el inspector de tránsito es el primero en gritar: “¡Vamos, 150 a Santa Marta!”; “¡500 hasta Jovellanos, que se va!”.
En reunión para informar los resultados del ejercicio nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, que tuvo lugar recientemente en Matanzas, se explicó que la ofensiva en cuanto al transporte no estuvo ni estará enfocada en los precios, sino en la legalidad o no de las licencias de operación, pues estas “son fáciles de controlar” y los precios “no tanto”.
Vuelven las preguntas “incómodas”. ¿En serio es tan difícil controlar que los transportistas cobren lo estipulado? ¿Qué es más importante? ¿El que ejerzan su función dentro de la legalidad, o el hecho de que exijan montos irrisorios por distancias más que mínimas?
Según información del ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, quien recientemente visitara el territorio, Matanzas solo cumplió el 42 % de su plan previsto para el 2024, con Unión de Reyes como el municipio más atrasado en este sentido. De las rutas que opera la Empresa Provincial de Transporte, más del 70 % estuvo paralizado por problemas técnicos o falta de combustible.
No son pocas las medidas implementadas para aliviar este déficit, mas, vendría bien revisar la correcta aplicación y, en algunos casos, la pertinencia de las mismas, pues a veces son más los problemas generados que los resueltos.
Persisten las preguntas: ¿en serio la mejor opción para trasladar “temporalmente” la terminal provincial de ómnibus era la sede de su contraparte ferroviaria?; ¿existe la posibilidad de crear varias rutas de triciclos eléctricos en la ciudad cabecera?; ¿quién controla los precios de los transportes arrendados, y por qué no lo hace?; ¿por qué las guaguas de Transmetro, Transtur, Transgaviota o las FAR no recogen pasajeros, aunque vayan vacías?
Muchas preguntas, pocas respuestas, y cientos de señales y transeúntes que se oxidan en espera de un medio de transporte que quizá no pase nunca y, si pasa, no parará.
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