Un mayor número de quejas de mujeres tramitadas relacionadas con el tema de la violencia de género ha recibido la Fiscalía en Matanzas durante el último período, lo cual obedece a que este órgano tiene un ámbito de actuación para exigir el restablecimiento de los derechos y ofrecer una integralidad en su atención.
Señala Alina Domínguez García, fiscal jefa del Departamento de Protección a la Familia y Asuntos Jurisdiccionales (PFAJ) en la Fiscalía Provincial de Matanzas que “en la medida en que hemos perfeccionado nuestros sistemas de trabajo, nuestras maneras de hacer y nos hemos visibilizado más ante la población, esta ha incrementado la asistencia ante nuestro órgano buscando orientación, información o protección”.
Afirma la jurista que en la provincia se han dado casos relacionados con la muerte de féminas que ocupan y consternan mucho a la sociedad y este órgano tiene un estricto control sobre la tramitación de esos asuntos hasta su conclusión y el juicio oral. “Son procesos en los cuales la Fiscalía, en nombre del Estado y de la víctima, solicita penas severas que están en correspondencia con estos actos denigrantes que no deberían ser cometidos contra una mujer, ni la familia”.
De igual forma han recibido otros planteamientos relacionados con la atención a niños, niñas y adolescentes que pueden estar en una situación de violencia y que se pueden erigir en víctimas, sobre los cuales la Fiscalía también actúa.
En este sentido todas las especialidades de trabajo entre las que se incluyen los Procesos Penales, Atención de los Ciudadanos y PFAJ se integran para cumplir con las normas internas que han venido a atemperar las normas gubernamentales relacionadas con el tema del enfrentamiento a la violencia de género y los derechos de la mujer.
“Cuando una mujer es fatalmente víctima de violencia, además de las penas principales, que significan generalmente privación de libertad, se ponen sanciones accesorias. Su novedad es que podemos evaluar en casos concretos donde se haya dado muerte a una fémina, que si se ha actuado de manera violenta contra ella y hay hijos comunes en la familia esa persona pudiera, en el caso de ser también el padre de sus hijos menores, perder o ser suspendida la responsabilidad parental.
“Se tiene en cuenta que esta persona se ha comportado de forma violenta, a veces incluso, delante de sus propios hijos, por lo tanto, no puede ejercer responsabilidades en el orden familiar, formar nuevas generaciones y crear valores porque su comportamiento ha demostrado que está incapacitado para ello”, refiere Domínguez García.
Relacionados con la protección jurídica de los derechos de la mujer en los últimos años el país ha dado un salto cualitativamente superior, empezando en el 2019 por la aprobación de la Constitución de la República donde se consignaron preceptos bien claros sobre esa protección.
“Es muy novedoso que se haya incluido, además, el tema de la violencia que nos permitió que leyes posteriores en el ámbito familiar, civil y penal, obedeciendo el mandato constitucional, pongan en práctica cuáles son los derroteros que deben seguirse por ser un fenómeno que ocupa y preocupa a toda la sociedad cubana”.
“No todo está logrado, tenemos insatisfacciones porque consideramos que debemos preparar más a nuestras fuerzas de trabajo para atender con calidad estos procesos y ello debe partir del dominio de estas normativas, del análisis conjunto de los casos y de la visión multilateral de estos procesos para que la Fiscalía se erija en un lugar donde cada mujer o familia pueda encontrar un aliado para enfrentar estos fenómenos indeseados”.
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