En el tablero geopolítico, Estados Unidos se identifica como juez de derechos humanos. Pero cuando sus calles arden por protestas contra políticas antiinmigrantes y sus campus universitarios son militarizados por reclamar por la vida de millones de palestinos en Gaza, mientras que en Cuba estudiantes y gobierno dialogan sobre tarifas de internet, la hipocresía queda al descubierto.
Hoy contrastamos dos realidades: la represión con bota militar en Los Ángeles y la búsqueda de soluciones en toda Cuba.
Hay sangre sobre el asfalto de los Estados Unidos. Son más de un centenar de inmigrantes detenidos. Uno de ellos, Marcelo Gomes, de Milford, Massachusetts, un estudiante brasileño detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), camino a un partido de voleibol.
La orden federal de Trump permitió arrestos indiscriminados, incluso contra menores. Las protestas estudiantiles han sido disueltas con violencia, gases y cargas de caballería. Patricia Hyde, funcionaria de ICE, admitió: “No era el objetivo, pero las políticas nos obligan a entrar en las comunidades”. Linda manera de normalizar las agresiones y la vulneración del derecho.
Otros, como Dylan, del Bronx, Nueva York, solicitante de asilo venezolano, fue arrestado sin debido proceso. Su caso revela el patrón: criminalización de migrantes como estrategia y de “quedar bien” con una base política que reclama acciones.
Además, sobre esa misma línea, Trump ordenó recortar fondos a Harvard y Columbia por protestas pro-Palestina, tildando a los estudiantes de “antiestadounidenses y proterroristas”. JD Vance, su vicepresidente, declaró: “Los profesores son el enemigo”.
Voces rebeldes desde los campus universitarios siguen reclamando elementales posiciones humanistas. “La libertad académica enfrenta una amenaza existencial”, de acuerdo con Lynn Pasquerella, de la Asociación de Universidades Estadounidenses.
La respuesta estatal: congelar 100 millones de dólares en investigación en Harvard, deportar estudiantes críticos y vigilar redes sociales. Connor Murnane, de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión, (FIRE por sus siglas en inglés) alerta: “Mañana podrán deportarte por un tuit”.
Por otro lado, en Cuba, tras un ejercicio de diálogo y búsqueda de consensos, se manejan y estudian nuevas acciones para dar respuesta a los reclamos de amplios sectores populares sin condenar la sobrevivencia de la Empresa cubana de telecomunicaciones, un sector estratégico para la nación.
Como bien analiza Ernesto Limia en sus redes sociales, la Administración Biden, lejos de desmontar la arquitectura de «máxima presión» heredada del anterior mandato de Donald Trump, perfeccionó su letal eficacia.
Ningún mandatario estadounidense —desde Eisenhower hasta hoy— logró estrangular con tanto rigor la economía cubana: ni el bloqueo comercial ni la inclusión en la lista de «Estados patrocinadores del terrorismo» fueron revertidos.
Este cerco financiero, reforzado por operaciones de inteligencia para interceptar flujos monetarios, desangró el 77% de los ingresos en divisas de ETECSA entre 2018-2024. Resulta por lo menos cínico, entonces, sorprenderse cuando la empresa —descabezada de recursos— plantea ajustes tarifarios.
La rectificación emprendida —reconocida en el programa presidencial— no nace de la generosidad, sino de la demostración de que Cuba, incluso bajo asedio, tiene voluntad política y que la escucha social es posible.
Mientras, EE.UU. gasta más de tres mil millones anuales en armas para Israel, pero declara ‘terrorista’ a nuestro país, en el cual los estudiantes universitarios debaten tarifas de internet con ministros y el Gobierno. Mientras Trump convierte universidades en campos de batalla, Cuba demuestra que, pese al bloqueo, el diálogo es la única arma para la justicia social.
La doble moral queda al desnudo: ¿Quién teme más a su pueblo?
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