Garantizar la protección jurídica de los derechos de los niños, niñas y adolescentes constituye máxima prioridad para la Fiscalía en Matanzas que integra en esta misión a varias especialidades de trabajo y establece alianzas con órganos y organismos para garantizar las tareas de control y de prevención que tributan a una efectiva salvaguarda de estas garantías.
Explica Alina Domínguez García, fiscal jefa del Departamento de Protección a la Familia y Asuntos Jurisdiccionales en la Fiscalía Provincial de Matanzas, que “dentro de las funciones fundamentales de la Fiscalía General de la República definidas en la Constitución está el control general de la legalidad que implica un grupo de tareas dentro de las que se encuentra la protección jurídica a niños, niñas y adolescentes.
Para ello actúan en un amplio ámbito de trabajo, tanto para la protección de los niños que resultan víctimas de hechos delictivos, como también de aquellos que cometen hechos tipificados en la ley como delitos, que no reciben un tratamiento puramente judicial, sino un tratamiento administrativo.
“Es importante la labor del fiscal para controlar el cumplimiento de las medidas que se dispongan respecto a la conducta que haya tenido ese menor que ha sido transgresora de la ley. Por otra parte, también para atender las medidas con los niños que tienen un trastorno agravado de la conducta”, especifica Domínguez García.
De igual forma los fiscales efectúan visitas a todas las instituciones sociales que acogen niños y niñas que no son atendidos por su familia y velan en dichos establecimientos por el estricto cumplimiento de lo establecido para su permanencia, la vinculación al estudio, sus condiciones de vida y el trato que se les brinda.
“En los procesos donde interviene el fiscal ya sean civiles, familiares o de otra naturaleza donde se ventilen asuntos de menores también la Fiscalía participa buscando una tutela jurídica efectiva en defensa de sus derechos. Se investiga y se aporta a dichos procesos para que los jueces puedan tener todos los elementos a la hora de impartir justicia.
“Sobre todo en el ámbito familiar donde tantas transformaciones fueron aprobadas por el reciente Código de las Familias y que se encaminan a proteger los derechos de la infancia, incluso, en procesos que sus padres muchas veces tienen que establecer por cuestiones relacionadas con la comunicación, la pensión, la guarda y cuidado, la delegación hacia terceras personas de alguna parte del contenido de la responsabilidad parental y es importante que el fiscal esté ahí para velar que esto no menoscabe lo establecido”.
Otro ámbito de trabajo importante es el relacionado con la protección a todos los casos que llegan a la Fiscalía donde se denuncian la existencia de menores en situación de vulnerabilidad que pueden estar asociadas a problemas económicos, sociales, de haber sido víctimas de hechos de violencia, de maltratos y otras conductas inapropiadas por parte, incluso, de sus propios padres.
“En este caso actuamos según las leyes civiles y de familia y por la ley penal que establece sanciones para cuando se trata de delitos contra la minoridad y, por tanto, debemos velar por su tramitación y que llegue a hacerse justicia con aquellos casos donde realmente se han visto afectados los derechos de los menores, siempre con total transparencia y elevando el nivel de exigencia cuando son los propios representantes legales los causantes de estas transgresiones”.
En todos los órganos de la Fiscalía se tramitan quejas relacionadas con estos asuntos que atañen a menores y se ofrecen las respuestas que procedan, así como se indican los procesos legales a cometer para lograr que ningún niño quede desprotegido. “Trabajamos por ellos porque cumplimos con la máxima martiana de que los niños son la esperanza del mundo”, concluye Domínguez García.
