Tres años después de su aprobación mediante Decreto Presidencial 198/2021, el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM) acelera su implementación, aunque no siempre a la velocidad esperada, o de acuerdo con las potencialidades de cada territorio.
Avances y también retrocesos han marcado la extensión de este programa en Matanzas. Desde 2022 funciona en el territorio yumurino un grupo de trabajo integrado por especialistas de diferentes sectores, rectorado por el Gobierno provincial y acompañado por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). Es este equipo el encargado de chequear de manera periódica su marcha a lo interno de cada municipio y también de las empresas y entidades, donde la capacitación ocupa un espacio esencial.
No obstante, si bien se rinde cuentas de esta gestión, y de manera formal se muestran algunos resultados halagüeños, son muchos los retos que todavía restan, especialmente en la aplicación efectiva de indicadores claves de este programa y también en la comprensión de su importancia a todos los niveles.
EMPODERADAS, EL PRIMER PASO HACIA LA EQUIDAD
Definido por el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez como “la piedra angular en el desarrollo de políticas a favor de las mujeres”, el documento propone una ruta orgánica de acciones concretas dividida en siete áreas estratégicas de trabajo: empoderamiento económico; medios de comunicación, educación, prevención y trabajo social; acceso a la toma de decisiones; legislación y derecho; marco normativo para el tratamiento y atención de la violencia de género, salud sexual y salud reproductiva, así como estadísticas e investigaciones.
El acceso a la toma de decisiones es una de las áreas claves del PAM. Sus objetivos en este apartado se dirigen, en primer lugar, a perfeccionar las políticas que posibiliten la promoción de las mujeres a todos los niveles de toma de decisión. Asimismo, resalta entre sus propósitos, dar continuidad a los análisis encaminados al cumplimiento de la política de cuadros, y en particular, lo referido a la promoción de estas a cargos de dirección en los organismos de la Administración Central del Estado y en el Sistema Empresarial.
De igual modo, se proyecta en función de incluir la preparación en temas de género dentro de ese sistema para la capacitación de cuadros, consciente de que es preciso lograr la eliminación de patrones culturales sexistas que tiendan a reforzar conceptos y roles tradicionales que discriminan a las mujeres en su aporte y potencialidades.
“A todos los niveles” es una frase vital dentro del articulado del PAM. No por gusto se reitera en casi todos los indicadores a trabajar, pues el éxito de su implementación requiere necesariamente la transversalización de este trabajo en los diferentes sectores y estructuras.
Partiendo de este presupuesto el acceso de las mujeres a cargos de dirección “a todos los niveles” deviene factor esencial para el éxito del PAM.
En este apartado la provincia de Matanzas, a juicio de Alberto Rodríguez López, funcionario del equipo de Coordinación de Programas y Objetivos de la Economía (dirección que asume al PAM), ha dado pasos significativos. Lo reafirma, informe en mano, señalando las 1837 mujeres que se desempeñan como cuadros, una fuerza laboral que representa casi el 65 % del total de plazas cubiertas por ese concepto. Sin embargo, el mismo resumen señala como deficiencia un retroceso en comparación al cierre anterior y la baja presencia de ellas en cargos decisorios a pesar de estas cifras.
“Con respecto a la presencia femenina en cargos decisorios persiste un incremento sostenido de 39 mujeres más en estas responsabilidades. Sin embargo, es un aspecto que varía por entidades y tenemos algunas en las que se retrocede en ese indicador”, argumenta Rodríguez López.
Se refiere a las direcciones de Deporte, Cultura, la Empresa de Seguridad y Protección del Consejo de la Administración Provincial y la Empresa Provincial de Materiales de la Construcción, que junto al Consejo de la Administración Municipal de la Ciénaga de Zapata integran el grupo en números rojos en cuanto a la representatividad femenina, un resultado ciertamente paradójico teniendo en cuenta, por ejemplo, que son ellas la mayor parte de la fuerza laboral y en formación en varios de estos sectores.
Según el Anuario Estadístico de Cuba de 2022, en Matanzas ellas representan cerca del 56 % de los graduados de nivel superior y actualmente más del 70 % del total de estudiantes universitarios.
Por otra parte, si hablamos de representatividad en tal sentido no podemos obviar que en la provincia solo dos de los seis coordinadores de Programas y Objetivos del Gobierno son mujeres, constituyen siete de 19 directores generales y cuatro de 13 intendentes. El comportamiento en cargos de dirección o jefes de direcciones administrativas a nivel municipal es muy similar.
Aquí es preciso aclarar que no se trata de una batalla por que las mujeres sean mayoría en todos los sectores, ni de promoverlas, per se, para rellenar las estadísticas. Todo lo contrario, se dirige a revertir los estereotipos e imaginarios que, conscientes o no, las han relegado durante mucho tiempo a roles tradicionales o limitado su ascenso.
Otro aspecto esencial en la ruta del PAM es el empoderamiento económico. No es casual que sea esta la primera de las siete áreas estratégicas, pues las brechas de género en la participación laboral se calculan desde hace varios años por encima del 25 % a nivel nacional. El Anuario Estadístico de Matanzas de 2022, daba cuenta de que solo el 37 % de las matanceras activas en edad laboral participan en la economía.
En ese año, la tasa de actividad económica masculina era de 83,2 %, mientras la femenina alcanzaba apenas 55,6 %.
Las brechas de género en la participación laboral se mantienen desde hace varios años por encima del 26 % en la provincia de Matanzas.
Aun así se trabaja de conjunto con la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en varias estrategias para fortalecer el empleo y propiciar igualdad de oportunidades a las mujeres sin vínculos laborales. El más reciente estudio de desvinculados arrojó que existían en Matanzas unas 10 634 mujeres desempleadas, de ellas 8 793 no deseaban por el momento incorporarse al trabajo por diferentes motivos. Solo 1 851 mostraron disposición, con las cuales se trabaja estrechamente para garantizarles el acceso.
Asimismo, destaca entre las iniciativas promovidas con esta premisa, la organización y preparación de 127 Ferias de Empleo, desarrolladas en lo fundamental en comunidades y barrios.
Sin embargo, no es suficiente. El empoderamiento económico de las mujeres va más allá de proporcionarles empleo. Se trata de asegurar que participen en igualdad de condiciones en el trabajo y la protección social. También de estudiar cada uno de los escenarios y empoderarlas atendiendo a sus necesidades y condiciones.
Hablamos por ejemplo, de no ofrecer plazas de contabilidad, plomería, etc, en comunidades donde la mayoría de las mujeres poseen un bajo nivel educacional o poca formación en empleos no tradicionales. Convendría ofrecer antes, o a la par, capacitación, también sobre la base de estas necesidades y evitando fortalecer los roles tradicionales en los cuales se ha enmarcado a la mujer.
Para Odalys García Pérez, presidenta de la FMC en Matanzas, se trata también de ir un poco más allá y garantizar que el acceso sea también adecuado a las condiciones de cada caso y libre de estereotipos que discriminen por raza o apariencia física.
Por ejemplo, la apertura de ocho casitas infantiles en el territorio resalta como uno de los principales logros del año.
García Pérez comentó además que a través de la FMC no se han dejado de abrir talleres de adiestramiento para preparar a las mujeres que así lo deseen y favorecer de esta manera su acceso a empleos de todo tipo. El pasado año suman 180 los cursos y talleres de formación gestados desde esta organización con ese objetivo.
“Los números importan, como es lógico, porque nos ayudan a ver cómo vamos con respecto a años anteriores, pero realmente sabemos que nos queda mucho trabajo por delante en este frente”, aclaró.
La desventaja en materia de empoderamiento económico es evidente al interior de las estadísticas. Si miramos los números de las nuevas formas de gestión no estatal con un enfoque de género, algo de lo cual se carece hoy en algunos de los organismos encargados de liderar el PAM, podremos comprobar que aquí también se acentúan las brechas. De las más de 400 constituidas en Matanzas hasta la fecha, en su mayoría mipymes privadas, solo el 25 % de los socios son mujeres.
No se trata de una realidad que sorprenda, más bien era predecible si tenemos en cuenta que el 34,4 % del trabajo por cuenta propia es desempeñado por mujeres, buena parte de las cuales son trabajadoras contratadas y no dueñas de estos negocios. Eso sin contar a las que de manera informal ejercen esta actividad.
El comportamiento de los datos de ocupación según la situación de empleo refleja también brechas de género.
En declaraciones a Cubadebate, la economista Ileana Díaz, profesora de la Universidad de La Habana y coordinadora de su Red de Emprendimiento, aseguraba que un elemento esencial de las desventajas de las mujeres frente a las nuevas formas de gestión tiene que ver con el capital acumulado.
“Ellas poseen menor capital acumulado que los hombres; no solo financiero, sino también social, relacional, lo que les impide moverse con mayor facilidad en el mundo empresarial, de negocios”, explicó la experta.
TODOS LOS ESFUERZOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La atención y prevención a todas las manifestaciones de violencia de género se encuentra refrendada no solamente en el PAM sino también dentro de la Estrategia Integral para la Prevención y Atención de la Violencia de Género y en el Escenario Familiar, que como política pública parte del reconocimiento y atención a las brechas de equidad de género en la sociedad cubana.
A juicio de Alina Domínguez García, fiscal jefa departamento de protección a la familia y asuntos jurisdiccionales de la Fiscalía Provincial, en la Estrategia quedan muy bien definidos sus objetivos generales y específicos, así como el plan de acción que debe cumplirse desde el nivel nacional hasta el entorno comunitario. Son 10 los componentes que la integran, entre los que se destacan la comunicación social, la educación y formación, las actividades de comunicación, la protección, el desarrollo, la información así como la investigación, aspectos que permiten trazar pautas por cada entidad respecto a cómo van a cumplir esos indicadores.
“La institución ha participado activamente como miembro de los grupos provinciales y municipales que se organizan en cada territorio del PAM, fundamentalmente en acciones de asesoramiento jurídico y de orientación para la implementación.
“Sin embargo, indudablemente la preparación constituye el eje fundamental para garantizar el éxito de estos programas que son de obligatorio cumplimiento por todos los organismos y entidades del Estado. Resulta imprescindible el conocimiento y el rigor en el chequeo a su implementación para que podamos cumplir con lo que está normado y regulado e incidir en los otros organismos”, resaltó Domínguez García.
Por otro lado, la especialista señaló además de la capacitación articulada, la sensibilización en estos asuntos, en particular sobre los organismos en instituciones encargados de ofrecer atención a las víctimas de violencia, como principal reto a trabajar para garantizar procesos amigables, donde se respeten los derechos de las mujeres y además estos constituyan espacios libres de revictimización.
“Por ejemplo, el año pasado nosotros recibimos una reclamación relacionada con una mujer que trató de formular una denuncia relacionada hacia su expareja por amenazas que realizara sobre su persona, y a pesar de haber acudido a la policía no se le había radicado la denuncia. Inmediatamente, la Fiscalía contactó con la PNR, se esclareció el asunto, se tomaron las medidas y se hizo oficial la queja. Estos casos son los que nos demuestran que hay que seguir trabajando sobre la responsabilidad que ocupa a cada organismo en cuanto a la protección de la mujer y la necesidad de trazar todas las estrategias para que ningún hecho quede impune”.
Un acercamiento de Girón al fenómeno de la violencia en Matanzas daba cuenta del incremento progresivo en los últimos cuatro años de las muertes de mujeres como consecuencia de la violencia de género. Solo en el primer semestre de 2023 se superó la cifra alcanzada en el año anterior.
Número de mujeres víctimas de la violencia de género en los últimos años, según un informe preliminar estadístico del Servicio Provincial de Medicina Legal.
Nadie está de brazos cruzados, insiste García Pérez. Desde su posición al frente de la organización feminista expone que como parte del PAM se han creado en cada municipio las Consejerías contra la violencia de género, con el objetivo de viabilizar el acceso de las víctimas a la ayuda correspondiente en cada territorio.
“A pesar de ello y todos los proyectos, son muchos los casos que hoy se dan en la comunidad que no buscan ayuda, y esa es una deficiencia porque tenemos que lograr que nuestra institución sea un punto de apoyo imprescindible a donde puedan llegar con confianza las mujeres que estén en estas circunstancias. Con ese objetivo hemos desarrollado charlas, intervenciones comunitarias, pero la base de todo está en el trabajo conjunto desde la educación y la familia, porque lo ideal no es procesar un caso de violencia, sino prevenirlo”, enfatizó.
Desde la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Matanzas, Mariela González Robaina, a partir de su experiencia en grupos de trabajo comunitarios en barriadas de la cabecera provincial, advierte:
“Trabajar con las comunidades a veces puede ser un poco complicado porque responde a las particularidades de cada una de ellas y a cómo cada comunidad ve el asunto de la violencia. Por tanto, si se quiere lograr un trabajo articulado y efectivo, es preciso hacer un diagnóstico previo porque insertarse en ellas no es una camisa de fuerza”.
Otro asunto medular es lo referido a la salud sexual y reproductiva. Un análisis reciente del PAM por parte del Parlamento Cubano arrojó, entre otros deficiencias, “dificultades en el acceso a los servicios de anticoncepción, la regulación menstrual y el aborto, pues no se garantiza que las adolescentes y sus familias puedan llegar más fácilmente a las instituciones sanitarias, independientemente de la zona de residencia.
“Persiste un inadecuado uso de métodos anticonceptivos que conlleva a embarazos no deseados, y propician la utilización indiscriminada de la regulación menstrual como método anticonceptivo. Se percibe una ausencia de la percepción de riesgo y de la cultura sobre el comportamiento sexual y reproductivo”, explicaba en dicho contexto Matilde Molina, Subdirectora del Centro de Estudios Demográficos.
En el caso de los anticonceptivos, la inestabilidad y escasez que durante años experimenta el sistema de salud en cuanto a estos insumos, son una causa evidente de la alta tasa de fecundidad adolescente que experimenta el país en los últimos años. En 2022 la tasa específica de la fecundidad del grupo entre 15 y 19 años se ubicó en 50,6 hijos por cada mil mujeres, y representó el 17,91 % de la fecundidad total del país.
Ante este desafío poco pueden hacer las instancias locales. Lo sabe Isleiky Quintero Llanes, miembro de la esfera ideológica del Secretariado Provincial de la FMC, quien asegura que a pesar de las charlas en las escuelas, con la participación de profesionales de la salud, sin condones disponibles ni acceso estable al resto de los otros métodos anticonceptivos —incluídos los de emergencia— es muy difícil conseguir resultados en estos indicadores.
Se sabe que es un tema que atañe no solo al Ministerio de Salud, sino que es multisectorial, comunitario y familiar, pero ciertamente, la disponibilidad de anticonceptivos desde edades tempranas resulta un derecho sexual y reproductivo que debería garantizarse.
Articular un programa tan extenso y complejo como el PAM no resulta una tarea sencilla. Se sabe que depende de muchos factores —y de muchos actores— para que su implementación resulte un hecho palpable en nuestra sociedad. Precisamente, bajo este supuesto, quedó instituido como programa de gobierno, y no como una estrategia más, de ahí que su cumplimiento no resulte opcional.
A pesar de ello, también es evidente que no siempre se asume, se le da seguimiento o se evalúa con el rigor y la sistematicidad que requiere. Cuestiones objetivas y subjetivas como el escaso conocimiento de sus postulados por parte de algunos directivos, resulta otro de los elementos hacia los que dirigir el foco de atención para lograr un trabajo integrado.
