Asamblea Nacional. Foto: Ismael Francisco/ Cubadebate.
Luego de un amplio debate en el plenario, los diputados cubanos aprobaron la nueva ley de salud pública presentada por el ministro del sector en horas de la mañana.
“Si tuviésemos que sintetizar en algunas palabras el proyecto de Ley de Salud Pública, habría que decir que es actualizado, integral, protector, construido en colectivo, innovador y ético, comprometido con principios tan medulares como la dignidad humana, coherente, en armonía con el ordenamiento jurídico de la sociedad cubana, necesario y pertinente, respetuoso, inclusivo, visionario, enfocado en los derechos humanos más sagrados: la salud y la vida de las personas”, afirmó este viernes el ministro José Angel Portal Miranda.
Al presentar el proyecto a los diputados, el ministro de Salud Pública recordó que hace cuatro años, luego de promulgada la Constitución y acorde con el cronograma legislativo aprobado por el Parlamento, el Minsap creó un grupo temporal de trabajo intersectorial y multidisciplinario para identificar las necesidades de actualización de la Ley 41, Ley de la Salud Pública, que data del 13 de julio de 1983.
“Por más de cuatro décadas, la Ley 41 ha acompañado al sistema nacional de salud con entereza. Significó un paradigma en su momento y fue su concepción de principios, como el ejercicio del derecho a la salud de manera universal y gratuita, lo que permitió brindar un marco jurídico con flexibilidad, que posibilitara llevar a cabo la transformación social y sanitaria en el país, concebida por el salubrista mayor, el Comandante en Jefe Fidel Castro”, dijo Portal Miranda.
No obstante, –recordó–, casi desde su aprobación fue insuficiente, “porque un año más tarde se implementó el Programa del Médico y la Enfermera de la Familia y su transversalidad en el sistema nacional de salud no se reconocía en la referida ley”.
Lo mismo sucedió con otros acontecimientos sanitarios, técnicos, medioambientales, estructurales y sociales que desde entonces se acumularon e impusieron la necesidad de un ejercicio de autorrevisión comparativo, nacional e internacional, para distinguir fortalezas, debilidades y riesgos, y plantear para la salud pública un blindaje jurídico actualizado, a tono con la Constitución, el Código de las Familias y otras normas de rango superior vigentes, de reciente aprobación, explicó el ministro.
Apuntó que el nuevo documento jurídico “toma esencias de la Ley 41, se perfecciona, se enriquece, se actualiza, y da paso entonces a una nueva ley que trasciende la voluntad política de garantizar ese derecho a la salud y la refleja en protección jurídica, en un cuerpo legal de rango superior”.
Entre los principales objetivos del proyecto de ley sometido al análisis de los diputados, Portal Miranda mencionó introducir al ordenamiento jurídico nacional los acuerdos adoptados en tratados internacionales, reforzar las responsabilidades del Estado con la salud pública en todos sus niveles, adecuar los principios de organización y funcionamiento de los servicios de atención, protección y recuperación de la salud en el sistema nacional de salud y promover las actividades de prevención de enfermedades y promoción de salud.
Además, reconocer las principales herramientas sanitarias, epidemiológicas, técnicas, investigativas y científicas, que son práctica diaria en la atención médica y social que recibe el pueblo, “y otras más novedosas que nos proponemos desarrollar en el futuro mediato en beneficio de la sociedad”.
A partir de noviembre, cuando el proyecto fue publicado en los sitios web del Parlamento y el Minsap, se desarrolló “un proceso de construcción conjunta que ha dotado al documento de mayores fortalezas, en tanto la sabiduría colectiva, en especial la de los profesionales del sector, ha sido indispensable para hacer de esta una ley mucho más completa y robusta”, destacó el ministro.
El grupo redactor del instrumento jurídico, en conjunto con las comisiones de Salud y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento, promovió acciones de divulgación y hubo 64 consultas colectivas y conciliaciones de forma presencial y cuatro por videoconferencia con los territorios del país.
En esos intercambios sobresalieron los sostenidos con los diputados, con una representación de trabajadores de la salud en unidades asistenciales nacionales, provinciales y municipales de todo el país, y con representantes de los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior.
También hubo intercambios en las universidades de Ciencias Médicas, con los grupos nacionales de las especialidades, las sociedades científicas de la salud y colectivos que integran las brigadas médicas en el exterior.
Además, para recibir más opiniones se habilitaron correos electrónicos e intervinieron otros organismos de la Administración Central del Estado, la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, las comisiones nacionales de Ética Médica y de Bioética, las asociaciones de personas en situación de discapacidad física e intelectual y representantes de las organizaciones que integran el sistema de Naciones Unidas, a lo que se sumó el monitoreo en sitios de prensa y redes sociales.
En el proceso de discusión del proyecto de ley fueron recibidos 569 propuestas, comentarios o recomendaciones, de los que 382 (67.2%) fueron aceptados, 135 (23.8%) aceptados en parte y 52 no aceptadas, en este último caso, fundamentalmente, por cuestiones vinculadas a otros marcos normativos.
Todo ello motivó la modificación de 98 artículos del proyecto de ley, el 47%, precisó Portal Miranda.
Añadió que 34 de las propuestas recibidas correspondieron a diputados en 91 intervenciones, de las que 82 (90%) fueron aceptadas.
“Igualmente, el grupo redactor contó en varios momentos con la experiencia y sabiduría médica y política del Comandante José Ramón Machado Ventura, quien es un profundo conocedor de la génesis del Ministerio de Salud Pública y nos trasladó importantes consideraciones”, apuntó el ministro.
Este ejercicio legislativo de discusión, al que se sumaron 76 100 personas, permitió perfeccionar el proyecto de ley en relación con el publicado el 1 de noviembre, al incorporarse todos los criterios aceptados y aceptados en parte, conformando un nuevo texto, la versión número 23, con cuatro títulos, 12 capítulos y 210 artículos, que ha estado disponible para los diputados.
“Apreciamos y agradecemos el proceso de consulta desarrollado con una representación de los colectivos laborales, en los cuales primó la ética, el sentido de pertenencia, la alta calidad científica y el compromiso, así como el reconocimiento a la necesidad de adoptar un nuevo marco jurídico que contribuya a alcanzar nuevos logros en materia sanitaria y continuar trabajando en nuestra misión fundamental: la elevación del estado de salud de la población cubana”, dijo Portal Miranda.
“Presentamos este proyecto para su aprobación, convencidos de la importancia estratégica de contar con una nueva ley de salud pública para el presente y futuro de la Cuba por la que apostamos: una Cuba inclusiva, digna, respetuosa de las diferencias y de los derechos de todas las personas, donde estos derechos cuenten con seguridad jurídica efectiva.
“Una Cuba donde se ratifique, una vez más y con el mayor alcance posible, que la salud pública es un baluarte de la Revolución, del pueblo y parte intrínseca del desarrollo económico y social al que estamos convocados. A todos los que participaron en su construcción colectiva, gracias, porque cada aporte ha contado”, afirmó.
El ministro agradeció y transmitió un reconocimiento a todos los trabajadores de la salud cubanos “por su esfuerzo y entrega cotidiana, en medio del duro escenario que vivimos, donde las limitaciones de recursos nos golpean, muchas veces con crudeza. Es un sector que ha tenido que crecerse en estos tiempos”.
Afirmó que “todos estamos conscientes de que una nueva Ley no va a transformar los problemas de aseguramientos que tenemos hoy en el sistema de salud. Los efectos de la crisis pospandemia y de un bloqueo recrudecido cada día están presentes y son obstáculos que tenemos que sortear. No tengan la menor duda de que el Estado y el Gobierno cubanos están, dentro de sus posibilidades, respaldando la recuperación paulatina del sector.
“Cada dinero que se logra destinar a las carencias que hoy enfrentamos, se prioriza allí donde es más sensible, y cada insumo que falta es un desvelo constante, porque en materia de salud, sabemos que cada recurso es esencial”.
En su intervención en el plenario de la ANPP, Portal Miranda subrayó que “Cuba necesita y merece esta nueva Ley de Salud, revolucionaria, atemperada a nuestras realidades, que retrate de mejor modo a un país con enormes retos sociodemográficos. Una ley con capacidad de durar en el tiempo por la propia visión con la que ha sido diseñada”.
“Es por eso que ponemos en manos del pueblo y de nuestros trabajadores del sector, una herramienta indispensable en el ejercicio de los derechos y deberes para con la salud”, concluyó.
Dictamen: Un proyecto novedoso, con la salud y la dignidad humana como centro
Al reafirmar que las comisiones de Salud y Deporte y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos “consideran pertinente significar la correspondencia del proyecto de Ley de la Salud Pública con la Constitución de la República y en consecuencia recomiendan su aprobación a la Asamblea Nacional”, la diputada Cristina Luna destacó el alcance integral del texto jurídico en beneficio de las personas, las familias y la sociedad en general.
“Tiene en su centro el derecho a la salud vinculado estrechamente con la dignidad humana y la calidad de vida como atributos intrínsecos a todas las personas”, dijo la presidenta de la Comisión de Salud y Deporte y agregó que es “novedoso” y “cumple con lo establecido en los artículos 46 y 72 de la Constitución de la República”.
Destacó, además, que el texto precisa temas cruciales como la organización del sistema nacional de salud en niveles de atención, define la salud como un servicio público y su desarrollo para la atención, protección y recuperación de las personas sobre la base de principios éticos y bioéticos.
Igualmente, “establece los derechos de las personas usuarias de los servicios, lo que da salida a múltiples postulados contenidos en otras leyes como el Código de las Familias y enarbola principios como la autonomía progresiva, interés superior de niñas, niños y adolescentes; el respeto a las voluntades, deseos y preferencias de las personas adultas mayores o en situación de discapacidad”.
También señaló que reconoce atenciones y procedimientos médicos de alta complejidad sanitaria y social, “como los vinculados a servicios de salud sexual y reproductiva, la planificación familiar y la terminación voluntaria del embarazo, las técnicas de reproducción asistida en seres humanos y su acceso sin distinción, como parte del derecho a formar familia de todas las personas”.
Se suman a todo esto “normas dedicadas al consentimiento informado, la dación y trasplantes de órganos, tejidos y células en donantes vivos y el derecho a la muerte digna mediante la implementación de las determinaciones para el final de la vida, y anuncia que otra norma de rango superior desarrollará los protocolos para la aprobación de las técnicas que ponen fin a la vida”.
Hablan los diputados
En el debate que siguió a la presentación del proyecto de Ley de Salud y el dictamen sobre el instrumento jurídico, el diputado y médico de familia Luis Ángel Tamayo, de Caimanera, Guantánamo, consideró que es “una ley de vanguardia, atemperada a la Cuba actual, y llega en un momento crucial”.
Destacó que la norma “patentiza deberes como usuarios, reconoce autonomía y expresa respeto a la voluntad personal. Esta es una ley necesaria para la protección del pueblo y el personal de salud. Aprobemos esta ley y estaremos asegurando el futuro de la salud pública”.
Taimí Martínez Naranjo, diputada de Matanzas, también médica, se refirió a los principios de la medicina y asuntos prácticos y humanos de la profesión, y opinó que la ley propuesta “es hecha por seres humanos en una época y un contexto determinados, pero es maravilloso leer sobre novedades en el concepto de salud y los derechos de nuestros pacientes, sus familias y nuestros trabajadores.
“En su sección décimo segunda, hay determinaciones para el final de la vida, se defiende el derecho de las personas a una muerte digna. Se reconoce el derecho a decidir sobre el proceso de su enfermedad, la formulación bioética de autonomía, beneficencia, no maleficencia, y justicia”.
Enfatizó que “estamos discutiendo hoy una ley que pone en el centro el respeto a los seres humanos y su derecho más importante: decidir. El concepto de salud va más allá de curar una enfermedad; pasa por prevenir, asesorar, aconsejar, aliviar, investigar, enseñar, sanar, acompañar. Tener una ley que respalde y que acompañe a nuestros pacientes, a sus familias y a las personas que lo asisten es una garantía para nuestro sistema de salud.
“Es un verdadero acto de justicia: el paciente decide respecto a los cuidados de su salud. Y nos toca a nosotros asistir cada momento y actuar según su voluntad. No puede existir una posición paternalista o de ejercicio del poder sobre él: es quien decide. En nuestro hospital se prepara una sala de cuidados paliativos, que contará con un personal rigurosamente escogido como principal requisito.
“Estamos soñando un espacio donde nuestros pacientes puedan sentir el alivio de sus dolores, la calma del estrés de la enfermedad y el acompañamiento de sus seres queridos. Y si no lo tienen, nos toca a nosotros amarlos y cuidarlos. Dar, también, atención a sus cuidadores, a sus temores; aliviar la carga y enseñar a cuidar”.
A continuación, Luis Alberto Ramírez, diputado por el municipio Manuel Tames, provincia Guantánamo, señaló que es una ley “democrática, derivada de la construcción del consenso colectivo. No solo aborda la atención, protección y recuperación de las personas sobre principios éticos y bioéticos, sino que dignifica el final de la vida, se articula con otras leyes, como el Código de las Familias”.
Yamila González Ferrer, diputada por el municipio Mantua, Pinar del Río, reconoció el trabajo de la comisión redactora y sostuvo que el trabajo para elaborar el texto jurídico “ha sido muy profundo, muy serio. Se discutió mucho previamente y se transformó mucho”.
