Revelaciones desde el limbo

Centro Mixto Antonio Maceo, ubicado en la periferia de la ciudad de Matanzas. Foto: Ramón Pacheco Salazar.

“Ven y pasa que tengo que hablar algo serio contigo”, me ordena un anciano espigado y seco, como las mazorcas que se malograron en el patio del vecino más cercano. Anda descalzo y solo lleva un short de mezclilla sin botones, abultado bajo el ombligo por el nudo que se amarra para no quedarse desnudo. Su pecho, ligeramente lampiño y blanquecino, se tiñe con el verde de las tiras de tela que le cuelgan desde el nasobuco, largas, hasta formarle una graciosa corbata. Me invita a sentarme sobre dos piedras en el patio de su casa. “¿Hasta cuándo va a seguir el abuso con los cigarros? ¡Una caja a 60 pesos! Eso no lo puedo permitir. Estoy guapeando un número de teléfono para que la queja llegue a La Habana. Si es a Díaz-Canel, mejor. Vaya, que si me puede atender vuelvo a montar la yegua y voy a trote hasta su oficina”.

Pasa las tardes sobre la armadura metálica de una silla, a la que le atraviesa dos listones de madera que duplican su tamaño y le permite garantizar sus comodidades, o sea, dos recipientes plásticos y deslustrados que coloca a su lado. En uno, antiguo frasco de Polivit, guarda el café de la mañana y se lo dosifica por tragos, para que le alcance hasta la comida. El otro es mucho más ancho y empercudido, lo abre y me enseña dos cabos de cigarro que ahora arroja en su regazo y los comienza a enrollar con una hoja de libreta. Lo sella con un poco de saliva y antes de prenderlo me lo muestra.

“¿Viste cómo es la vuelta?”, me dice; y en su rostro cuaja una sonrisa llena de arrogancia. El viejo aspira fuerte y echa una burlona bocanada de humo que le cubre la cara. Me dice que es el único gusto que le queda y se niega a abandonarlo, porque a estas alturas…

“¡Ay, papá! Déjalo tranquilo, que en esta comunidad el problema del cigarro es lo de menos”, le interrumpe su hija Anabel Cano, que acababa de aparecer en el patio. Ella calla unos segundos, y da paso a un silencio que más bien es premonición de la extensa serie de calamidades que aquejan a los pobladores del Centro Mixto Antonio Maceo de la ciudad de Matanzas, institución educacional que incluye la enseñanza primaria y secundaria.

Los nietos de José Ramón ponen fin al repentino mutismo. Los dos niños se acercan con una carriola y le reclaman a su madre el permiso para jugar en las afueras de la casa, pero la respuesta es tan rotunda que ni siquiera insinuaron su inconformidad. “¡No inventen más!”. Anabel los demolió con una sola frase.

“A ellos no se les puede dar mucha confianza, porque después se alejan y pueden desgraciarse encantado de la vida”. Ella es licenciada en Enseñanza Especial y hace más de cinco años que vive en una de las áreas del centro mixto Antonio Maceo, donde trabaja como logopeda.

Hacia allí la Dirección Municipal de Educación ofreció alojamiento a algunos profesores que enfrentaban una situación crítica de vivienda, pero con el tiempo sus albergues fueron ocupados de manera ilegal por personas que nada tenían que ver con el sector.

“A tal punto, que ahora hay trabajadores nuestros con familia numerosa y escasos recursos que no tienen donde vivir”, se lamenta Anabel y remata: “Esto ha cambiado mucho, y para peor, siempre para peor”.

A su lado también se encuentran habitados el antiguo salón de reuniones, la enfermería y un par de oficinas que se ubican justo a la entrada de la institución, antes del obelisco que lleva la imagen del héroe que da nombre a la escuela.

Todos se han empeñado en cambiar el aspecto rudimentario de estas construcciones de hormigón, estilo Sandino, de placas mal montadas y cubiertas ligeras. “Bueno imagínate que cuando llovía teníamos que dormir en el baño, único lugar que no se mojaba”, me explica Leandro Castronuño Garcell— profesor de Marxismo de la Universidad de Matanzas — y me enseña las marcas de las filtraciones por las paredes. “Todo lo que ves lo he hecho yo: el baño, la meseta, incluso con un yeso en el pie terminé de darle el fino al closet del cuarto. Aquí no había nada, solo basura”.

Por la sala cuelgan adornos que disimulan las grietas y manchas de humedad tan antiguas como los locales; mientras que los búcaros, peceras, floreros y fotos de familia le confieren el aire íntimo y entrañable de un hogar.

“Estas cuatro casas de la entrada son las más ´decorosas´. Del obelisco hacia atrás es otra historia. Nos hemos tropezado con personas bañándose en los exteriores, porque donde viven no tienen baño, pero tampoco cuentan con cocinas ni muebles. Esta casa es pequeña pero al menos está arregladita”, se consuela Neivis Méndez de la Paz, profesora educación primaria y esposa de Leandro.

La ventana del frente, salvo en la presencia de alguno de ellos, permanece cerrada y con tranca, y delante levantan un muro de bloques que se extiende como muralla incipiente y protectora. Para el joven profesor toda precaución es poca en el lugar. Por ejemplo, en el frente colocó una lámpara que garantiza iluminación las 24 horas; sin embargo, se vio obligado a soldarla con tres expansionadores mecánicos, «si no te la llevan. El robo aquí está a millón».

En las madrugadas merodean «rateros» sigilosos y ágiles. Lo mismo arrebatan un bombillo que una gallina, un metro contador o una antena de televisión. La asidua «presencia» adaptó a Leandro a tener un sueño ligero, presto a espabilarse ante el menor ruido. “Ya no puedes descansar, vives con la tensión de que se te tiren en el patio y te roben lo poquito que tienes. No hay normas de convivencia. O sí, hay una: la de la supervivencia”, afirma el joven profesor, quien solo desea vivir en paz.

****

Más de cien personas pueblan hoy las 34 casas improvisadas en los albergues de esta escuela que se ubica en la periferia de la ciudad, sitio tan aislado que solo un callejón lo separa del municipio de Limonar. Esta coincidencia de la división político-administrativa sobrecarga los servicios de la circunscripción 63 de Pueblo Nuevo, a la que pertenece el centro, una de las más superpobladas de la ciudad y que supera las cuatro mil personas.

“Yo nunca te podré dar un dato exacto, mi población varía mucho — me explica Yonis Ortega Cantillo, el delegado — , pues tú pasas hoy y no ves nada, y vienes el fin de semana y te encuentras una casa. No sé cómo consiguen tan rápido los materiales, pero donde aparezca la posibilidad de levantar un ranchito lo hacen, por eso también me aumenta tanto la incidencia de casos sociales”.

“A nosotros nos han tocado la puerta niños que vienen a vendernos paquetes de café y refresco instantáneo”, me alerta Leandro y baja la voz de forma brusca. “Es que aquí hay que tener cuidado con lo que se dice, que te cazan la pelea y te mandan a dar un navajazo por cuatro pesos”.

A la escuela se llega por una de esas entradas que, a un costado de la carretera central, permanecen discretas y custodiadas por el follaje de los matorrales. Tan solo una línea de cemento se adentra en la institución, 200 metros de un camino al que en las noches casi nadie se acerca, más que nada por su aspecto sombrío y desolado.

La garita, o lo que quedó de ella, no es más que una caseta sin puertas con un teléfono en su interior, el mismo que cuando «se arma la bronca» el custodio de la escuela ha intentado utilizar sin mucho éxito, pues por lo general no tiene tono.

A partir de allí se desenrolla una larga y monótona carretera que atraviesa el asentamiento y se pierde en el camino pedregoso que desemboca en el río San Juan, sitio preferido de los más jóvenes, sobre todo los fines de semana, para reunirse hasta la madrugada y calentarse el gaznate con aguardiente.

Al interior de la escuela se desparraman instalaciones bien definidas de aulas, albergues, consultorio y tres talleres de carpintería emplazados justo en el centro del lugar, que por sus paredes de ladrillos, parecen chimeneas achatadas que en vez de humo, escupen el sonido roñoso de las sierras al morder la madera.

A un costado también se extienden filas de antiguas aulas ahora destartaladas, sin techo, a las que los pobladores han arrancado las losas y ventanas para remendar sus resquebrajados albergues.

Quizás hace seis (o siete) años que llegaron las primeras familias a «La Maceo». Algunos han logrado reparar los inmuebles, otros no; ya varias mujeres se hicieron madres en sus pasillos, y muchos otros pasarán sus últimos días allí, con autorizo o sin él. De cualquier forma, entre tanta diversidad existe un elemento que los iguala, y es que ninguno ha logrado conseguir la propiedad de su vivienda.

****

Hace ya cerca de ocho años que surgió el actual centro mixto, resultado de la fusión de dos grandes politécnicos como el «Antonio Maceo» y el «Álvaro Reynoso», que mantenían matrículas muy bajas; a lo que se sumaba la necesidad cada vez más apremiante de abrir una escuela primaria y secundaria debido al crecimiento poblacional de comunidades como El Bolo, el Resplandor, El Comején y El Grupo Electrógeno, la mayoría habitadas de manera ilegal.

Pero como bien aclara Edilberto Casanova Armenteros, director provincial de Educación, el estatus legal no representa un impedimento para la inscripción escolar, y dondequiera que se encuentre un niño debe brindársele atención. «Ellos no deben cargar con la culpa de sus padres», afirma.

Aunque ya hoy al Centro Mixto Antonio Maceo asisten más de 300 alumnos, muchos de los antiguos locales del politécnico quedaron inutilizados y la Dirección Municipal de Educación decidió distribuirlos como un paliativo a la carencia de viviendas que presentaban muchos de los profesores.

“La historia se resume en pocas palabras a que ha habido directores de Educación que con muy buena voluntad le han dicho a una familia ´Mira, vayan para ahí´, pero todo de manera verbal, sin papeles ni documentos legales. Después pasa el tiempo y las personas tienen necesidad de pedir tarjetas, propiedad y otras facilidades lógicas, porque fácilmente te encuentras casos que llevan 30 años viviendo en una escuela”, aclara Armando Sanabria Ferrer, director provincial de Vivienda.

Y en efecto, varios de los reclamos más agudos de los habitantes de La Maceo se centran en la ausencia de transporte, la lejanía para adquirir la canasta básica — tres km para los afortunados que compran en la bodega más cercana — o la carencia de servicios médicos, pues aun cuando disponen de un consultorio, durante todo el periodo de pandemia las embarazadas se han visto obligadas a caminar hasta siete kilómetros para realizarse los ultrasonidos u otros exámenes vitales.

“Aquí tampoco hay contador, todas las instalaciones son tendederas. Y sí, pagar la corriente con los precios actuales es del carajo, pero peor es que nosotros ya hemos perdido cuatro televisores por el bajo voltaje; uno por año, este es el quinto que utilizamos”, dice Leandro, y me señala un Panda con varios botones vacíos.

La lista de insatisfacciones se multiplica de una persona a otra. La conforma una sucesión de acontecimientos angustiantes y, a simple vista, interminables que laceran la vida cotidiana de la comunidad. «Paradoja del destino» dicen algunos, que al llegar a los locales creyeron poner fin a su necesidad de vivienda, sin suponer que enfrentarían un proceso mucho más desgastante por convertirse en sus «dueños oficiales».

Todavía muchos ignoran que el origen de sus dilemas comienza desde el mismo momento en que ocupan los inmuebles, pues dicho otorgamiento se encuentra precedido por una serie de pasos que en la práctica se han omitido por la premura y las presiones de la necesidad habitacional.

Por ello, lo primero que debe comprenderse es que la propuesta de cambio de uso de un local para fondo habitacional es elaborada por el consejo de dirección del organismo, en este caso Educación Municipal, que luego tiene la obligación de presentarla al Consejo de la Administración Municipal — CAM — , entidad a la que se subordinan desde el punto de vista administrativo y la que finalmente aprueba o no la solicitud, tras un estudio detallado de la misma.

“Como parte de los análisis se presenta un aval al Instituto de Planificación Física — IPF — para valorar si el uso que pretende conferirse se ajusta a los planes generales de ordenamiento de la ciudad. Sin embargo, hasta que no se falle a favor dichos locales, estos deben permanecer vacíos bajo la custodia de su organismo. Lo que ha pasado es que las personas lo ocupan y después es que se comienzan a realizar los proyectos”, dice Rafael Alfonso Castillo, director de IPF municipal.

En tanto Edilberto Casanova apela a sus 15 años de experiencia en la Dirección Provincial de Educación y recuerda que mucho tiempo atrás, cuando se discutía la posibilidad de habilitar habitaciones en el Politécnico «Álvaro Reynoso», ya varios especialistas habían negado similar empeño en «La Maceo» debido a las escasas condiciones de habitabilidad de sus inmuebles.

“Es que además la escuela se encuentra en el medio de la zona industrial de Matanzas — remarca Roberto Zubaznábar Medina, especialista en ordenamiento territorial urbano — por lo que la posibilidad que se valoró con las personas que vivían dentro fue reubicarlas en el asentamiento El Bolo y acercarle los servicios allá”.

“Muchacho, ¡¿tú sabes el susto que pasamos?! Yo que soy comelón perdí el apetito, ni podía dormir cuando nos dijeron que iban a sacarnos de aquí para montar una pollería. Vivimos varios meses con el corazón en la boca”, recuerda Leandro Castronuño y agrega que solo se tranquilizó al recibir el Acuerdo, documento de asignación que otorga el Gobierno y que concede el derecho de iniciar los trámites de legalización.

No obstante, ninguna de sus gestiones posteriores logró concretarse en la tan ansiada titularidad del inmueble. Una lamentable realidad que confirma William Junco Alfonso, técnico de urbanismo del IPF municipal, mientras revisa los expedientes del año pasado.

“Aquí recibimos tres casos de La Maceo que presentaron el Acuerdo, pero los denegamos a todos. Nuestros técnicos asistieron al lugar y dictaminaron que no cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad. Allí hay una situación crítica con el abasto de agua y sin este servicio tan básico, no puede ni pensarse en consentir su legalización”.

Y en largo tiempo se podrá «pensar» en tal posibilidad, pues ni «La Maceo» ni el resto de las comunidades cercanas se encuentran incluidas en el presupuesto para el próximo año de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.

“Ello llevaría un nivel de inversiones y de aprobación que hasta ahora no se ha manejado. Ninguno de esos asentamientos se abastece con nuestro sistema, ni siquiera se incluyen en la ruta de las pipas”, afirma Yosiel Landín Gamazo, director de mantenimiento y logística de la empresa.

“Lo peor es que cuando se percatan que estuvo mal hecho, el que autorizó los locales ya no es director municipal y nada se puede hacer”, reflexiona Sanabria Ferrer, quien alarmado me comenta que se ha convertido en un fenómeno indetenible y en ocasiones crítico, con familias que delimitan su espacio con paredes de nylon o sacos de yute.

Por si fuera poco, Bárbara Rodríguez González, jefa del departamento de inspección de la Dirección Provincial de Educación, revela cifras que aumentan el asombro, al enumerar los terrenos de las escuelas que han perdido, como el patio de la primaria «José Antonio Echeverría» o todo un edificio de la secundaria «Baraguá», que ocupan más de cincuenta familias.

“Cuando entras, lo primero que te tropiezas son las tendederas con las camisas y ropa interior de las personas; lo menos que piensas es que llegaste a una escuela”, dice Bárbara Rodríguez. No obstante, Casanova Armenteros agrega que, sin ánimos de justificar nada, esta realidad se ha encontrado matizada por el hecho, a su juicio insoslayable, de que en sus 15 años en la Dirección Provincial apenas se han otorgado cuatro viviendas, y de ellas dos han sido para directores provinciales. “Cuando tú tiras cuatro, contra 23 mil trabajadores, la cuenta no da”.

La llegada del 2019 significó un gran alivio para miles de personas en el país, que vieron sus anhelos reflejados en la aprobación de las nuevas normas jurídicas vinculadas al ordenamiento y legalización de viviendas, cuartos y habitaciones.

Específicamente el Acuerdo 8575, aprobado por el Consejo de Ministros de la República de Cuba, encarga al Instituto de Planificación Física la organización y el control del proceso de cambio de uso de locales para asumir funciones habitacionales y otros usos, en correspondencia con lo autorizado en los instrumentos de ordenamiento territorial y urbanismo.

“Ahora nos encontramos en la fase de levantamiento — explica Rafael, director municipal de IPF —. Ya medimos incluso en el interior de La Maceo y valoramos la posibilidad de construir dos o tres niveles de vivienda en las naves que allí quedan; pero algo debe quedar claro, este proceso aplica para los que han ocupado los inmuebles con la autorización de Educación, los que han llegado de manera ilegal ya tienen su cuadernillo — expediente que se trabaja de conjunto con el Minint y otros factores — y la decisión se tomará por esa vía”.

“Mientras — me dice Leandro con voz de muy hondo desaliento — a nosotros solo nos dicen que debemos esperar. Incertidumbre y espera, solo eso tenemos hasta ahora”.

****

A diferencia del envejecimiento poblacional que desde hace años alarma la nación, Odalis Ortiz Taureaux, enfermera del consultorio 23 ubicado en La Maceo, asegura que la población del territorio es mayormente joven, compuesta por personas que llegan de las provincias orientales en busca de nuevas oportunidades. De hecho, la más reciente edición del anuario demográfico de Cuba ratifica que Matanzas es, tras La Habana, el segundo destino en preferencia por los migrantes de todo el país.

De todas formas, si bien una parte se emplea de forma intermitente en la cantera y la fábrica de bloques que se encuentran en las cercanías, a Yonis Ortega Cantillo, delegado de circunscripción, le preocupa la elevada cifra de jóvenes sin vínculo laboral. “Antes yo les conseguía algo en los “Mosquitos” o en otro lado, pero ahora todo está detenido, y no se sabe hasta cuándo. Mi preocupación es que hay muchos, muchísimos desvinculados”.

“Así los ves todo el día”, me dice Odalis Ortiz, y hace una pausa para esperar que pase una calesa con una pareja de no más de doce años encima. Ella los siguió con la mirada hasta el otro extremo de la plaza. El que llevaba las riendas castigó al animal de un correazo. «Muévete cojone», le gritó, y el caballo se apuró como pudo. “Con esos tamaños ya compran sus botellas y empatan un cigarro con el otro”.

“Lo peor es que tanto tiempo sin hacer nada — comienza a decir Jesús Arias García, profesor de primaria que escuchaba la conversación — tú verás que en cualquier momento”…

“Terminan complicándose la vida por gusto”, le interrumpió Odalis. “Nada más que se junten con alguien que les enseñe”.

“Tarde o temprano encontrarán al maestro. Y aquí será temprano”.

Ambos me conducen a un cubículo derruido, de paredes blanqueadas por las telarañas, donde un grupo de ocho muchachos juega bolas por dinero, o apuestan sus pertenencias con tal de añadirle emoción a cada partida. A veces combinan las bolas con el siló o las carreras de caballo.

“Mi niño por poco cae en los juegos ilícitos, me dieron la queja una vez y enseguida me movilicé y lo llevé para Colón a pasar la secundaria, con la familia de mi esposo. Yo voy una vez al mes allá a verlo, me preocupo por él, intento participar en las reuniones de padres, pero había que sacarlo de aquí para evitar problemas. Fue por su propio bien”, me cuenta Anabel Cano y las palabras le salieron del pecho de una forma que eran la esencia misma de su tristeza.

“Si yo pudiera hiciera lo mismo con el mío”, se suma Yanelis Delgado Linares — también profesora — quien confiesa que par de noches atrás su hijo de 16 años salió para el Resplandor y se lo devolvieron con el rostro macerado a golpes. “Para mí que le echaron algo a la bebida. Cuando llegó no se acordaba de nada”.

“Ayer mismo fue muy grande lo que se armó en la zona”, cuenta ahora el delegado, pero sin alarma, con la mirada vagamente perpleja: “Dos muchachos se cayeron a machetazos, fíjate si se tiraron a matar que los dos se cortaron el cuello, uno con un machete y el otro con un cuchillo. Ambos de veintipico de años”.

“Es que aquí tampoco hay mucho que hacer”, me explica Juan Carlos, de 15 años, largo y mustio, con barba incipiente que le da un aspecto montuno: “Cuanto más, vamos al río o buscamos mamoncillos pa’ después venderlos. El alcohol es más bien pa’ alegrarnos un poco ¿Ve? Nada más”.

Que los jóvenes no tienen opciones de distracción es una verdad que se repite en todas las entrevistas, y que Yonis Ortega achaca no tanto a la ausencia de recursos como a la ineficiente gestión y falta de sensibilidad, pues desde hace tres años se previó la construcción de un parque comunitario que, por demás, se ha incluido en el plan de la economía del municipio.

Ya se recibió el equipamiento e inclusive, en dos ocasiones él mismo movilizó a los vecinos para chapear el lugar, algo que hicieron gustosos ante la idea de contar con un lugar de recreo para sus hijos; no obstante, lo cierto es que nadie ha venido a instalarlos y las áreas vuelven a ocultarse bajo los matorrales. “Ha faltado apoyo, aún más, diría que ha sido cuestión de dejadez. Las organizaciones de masas no se hacen notar por esta zona”.

“Bueno, déjame explicarte que nosotros todavía no sabemos a qué CDR pertenecemos”, comienza a hablar Anisley Carmenate, metodóloga del municipio de Educación y directora en funciones de la escuela. Una mujer de baja estatura, de uñas muy largas, afiladas y amarillas que agita mientras habla: “Yo inauguré estos albergues, fíjate el tiempo que llevo aquí. Pero no hay un orientador, no se hacen actividades de ningún tipo, nadie nos convoca para reuniones, ni para ver qué situación nos preocupa, qué nos afecta. Nada de eso existe, ni CDR o FMC. Nosotros sentimos que estamos flotando, en un limbo”.

El impacto de la desatención se agrava en un asentamiento con elevada tasa de embarazo adolescente. «Llegué a tener 20 cuando en otros consultorios lo normal es tres o cuatro», explica la enfermera, quien reconoce además la presencia de varios casos de prostitución.

«Es muy fácil identificar a las muchachas. Algunas son de 18 o 20 años, que estudiaron aquí mismo. El cambio es evidente: viven en condiciones precarias y de pronto te las tropiezas con celular nuevo, tacones altos», alerta Yanelis Delgado Linares.

“Hay algunas que se pegan el precio en la suela del zapato y lo cruzan cuando ven pasar a los hombres — se ha percatado Leandro Castronuño —. También se paran a la orilla de la carretera. Y a veces uno escucha en las conversaciones de los cocheros en voz alta: “¿Viste?, fulanita ya salió… y está en tanto”.

Varios días después, en la sede municipal de la Federación de Mujeres de Cubanas, le pregunto a Isairis Pérez Peña, secretaria general de la organización, qué estrategia concibe la FMC para llegar a comunidades vulnerables como la ´Antonio Maceo´.

“Bueno, tenemos una funcionaria que las atiende y planifican visitas a la base. Todos los martes se realiza una reunión de prevención que analiza los problemas del consejo, dígase menores con problemas, desvinculados, casos sociales, madres con más de tres hijos. En el caso de ´La Maceo´ está el consultorio, y en él reforzamos el tema de las brigadistas sanitarias, que ayudan en las pesquisas”.

– ¿Y sobre las manifestaciones de prostitución, están al tanto?

“A las muchachas con conductas inapropiadas, que es como las llamamos, nosotros las atendemos antes. Prostitución como tal allí no hay. Eso lo atacamos antes, les hacemos talleres”.

– ¿Entonces asegura que no hay prostitución en dicha comunidad?, insisto.

“No, allí no hay. Porque el trabajo de nosotros es preventivo, nosotros le llegamos antes de que eso suceda”, responde convencida.

****

Una de las mayores angustias de la comunidad desde el inicio de la pandemia hasta la fecha se centra en el acceso a los productos de primera necesidad, que si bien el suministro se ha mantenido bastante inestable, aquí los alimentos y el aseo parecen inalcanzables por otras razones.

“Descaro, un monopolio. La TRD de la zona se ha convertido en un gran negocio», sintetiza Ariel Bouza, ayudante de carpintería, su experiencia con la entidad. «Es que la etapa del QR fue amarga, designaron a un compañero de la Pesca para llevar el control y la organización de este proceso, pero ajustaba todo a su conveniencia”.

Luego, ante la limitación en el traslado de las personas y la disminución máxima de los trámites, se entregó una tarjeta para regular el acceso a los productos de aseo y de primera necesidad, hecho que los pobladores no solo tomaron muy en serio, sino con gran alborozo.

“Pero mantuvieron al mismo funcionario y todo sigue igual. A veces vende por la libre, otras por tarjeta, no te marca la tarjeta y sí en el torpedo, no prioriza a los ancianos ni discapacitados”, se queja Ariel.

El kiosco al que se refiere se encuentra en medio de una explanada lisa y ardiente, desprovista de sombra, semejante al polígono de una unidad militar. Allí se consumen las personas durante horas, después de atravesar cuatro kilómetros por un trillo resbaloso e irregular.

Los manejos, de tan escandalosos y visibles no pasan inadvertidos para nadie, por lo que Ariel no ha sido el único en sufrirlo, como tampoco el último en denunciarlo. En la más reciente ocasión Neivis Méndez acudió al Gobierno y tras dos horas de espera, fue atendida en una de sus oficinas.

“Ya sé por lo que usted está aquí”, le dijo la funcionaria, apremiada por la conversación que sostenía a la vez por su celular. Ahora no tengo solución a su problema. Las personas que atienden Alimento no se encuentran, así que no puedo hacer mucho más por usted, escribiré su planteamiento y lo entregaré cuando vengan.

“¿Tú sabes lo que es ir ocho veces y no coger nada?”, inicia Leandro. “Imagine que estamos tirando con el regalo del 22 de diciembre de mi esposa. Saca cuentas. Bueno, nosotros hemos tenido que guardar todos los picotillos y astillas de jabón, los derretimos y lo vertimos en el molde de una jabonera, para reciclar y darle nuevo uso”.

En un arrebato de impotencia, después de la insolación del día y de comprobar la impunidad con que las coleras cobraban una comisión por permitir el paso, el matrimonio acudió al delegado y le contó, excitado, la escena de corrupción que acababan de sufrir; algo que Yonis Ortega no tomó con igual dramatismo. Él se limitó a confirmarles su conocimiento de los reclamos, los mismos que le había planteado ya media comunidad, aunque la solución escapara de sus manos.

«Antes de despedirnos nos aseguró que al día siguiente nos acompañaría en el quiosco, pero nunca apareció», revela Neivis.

****

Desde el mes de septiembre, el Centro Mixto inició el curso con graves problemas con el funcionamiento de los baños, que no disponen de las condiciones mínimas para prestar servicio a su personal.

«Yo siento que esta escuela ha sido olvidada. Me duele decirlo. Yo estudié en una rural, allá por Colón, y se mantenía en mejores condiciones que esta. Ya en las escuelas de Cuba no deben quedar baños como este», se molesta Anabel Cano, logopeda de la institución.

Y en efecto, Bárbara Rodríguez González, jefa del departamento de inspección de la Dirección Provincial de Educación, no se encuentra ajena a las dificultades del centro y reconoce que desde la llegada de la COVID y la reducción del combustible, se les ha dificultado ofrecer el seguimiento de periodos anteriores.

El propio Edilberto Casanova, director Provincial, se propone incluirla en el Plan de Mantenimiento Constructivo, mas tendrá que esperar al 2023. “Por ahora ya es imposible, aunque sé que lo necesita, sobre todo porque está en el medio de una comunidad bastante vulnerable”.

Tan necesaria como la reparación de los baños resulta la construcción del cercado perimetral, en un contexto tan sensible, en el que han frecuentado las agresiones de los padres a los maestros. “A Pedro Luis, uno de los profes, le sacaron un machete. Aquí se ha tenido que llamar varias veces a la policía”.

“Este es un centro que recibe niños muy mal atendidos”, dice Odalis Ortiz, la enfermera: “No sabes si se llevaron un plato de comida a la boca antes de acostarse la noche anterior. A veces que me los traen al consultorio con fatiga y debo prepararles un poco de agua con azúcar. Para colmo no le puedo brindar nada más porque aquí no hay una bodega en la que puedas adquirir los alimentos”.

La apertura de la bodega representa uno de los planteamientos más envejecidos de la circunscripción 63 de Pueblo Nuevo y aunque se han ofrecido fechas tentativas de inauguración, nada se ha concretado hasta la actualidad.

“Es que se han producido desacuerdos en la selección del local”, reconoce Odalys López Aguerrebere, presidenta de la Asamblea Municipal. “En realidad el tema se ha quedado en el aire. Desde la administración no se le ha dado el seguimiento que debería; de todas formas, antes que se acabe el año queremos organizar un apoyo integral comunitario para la circunscripción, en el que le daremos el impulso definitivo a este tema”.

Más allá de la voluntad o el cumplimiento de las tareas en un cronograma, lo esencial radica en el diseño de estrategias profundas que se adapten a las necesidades de cada localidad y se inserten en la solución de sus conflictos: única manera de evitar resultados efímeros, o peor aún, engañosos.

“Para que se sienta el efecto en ´La Maceo´ el apoyo no puede ser comunitario, sino masivo, total, es demasiado lo que hay que cambiar aquí”, bromea Luis de la Paz, coordinador de la Asociación de Combatientes de la localidad; en tanto, José Ramón Cano, sentado sobre la tabla que duplica su tamaño, se empuja un trago de café y desliza su lengua por la hoja de libreta. “¿Coño finalmente me podrás resolver el temita de los cigarros?”, dice; y la pregunta queda en el aire, como la bocanada de humo que envuelve su rostro.