Uno de los temas más acuciantes y a la vez sensibles para la población es adquirir los documentos legales de la vivienda. Trámites que quitan el sueño y la tranquilidad a numerosas familias por meses y años, cuando en realidad, si se actúa con prontitud y certeza, requieren no más de los 90 días estipulados.
Yanay Martín Almeida, subdirectora jurídica de la Dirección Provincial de Vivienda, aseveró lo anterior en exclusiva para el periódico Girón y agregó que los estudios realizados desde noviembre a la fecha, especialmente en el municipio de Matanzas, arrojaron que las trabas que disgustan a la población se hallan entre los diferentes departamentos que ejecutan estos trámites.
Por ejemplo, al concluir el año precedente se acumulaban entre todos los municipios 1 500 expedientes de trámites legales sin resolver, y transcurridos los tres primeros meses del actual tal cantidad aumentó a 1 718, concentrados la mayoría entre los territorios de la capital yumurina, Cárdenas, Jovellanos y Colón.
La licenciada en Derecho enfatizó que dicho estudio permitió conocer que en la Dirección Municipal de Vivienda de la cabecera provincial existen 749 expedientes atrasados y que las mayores dificultades estaban en el Departamento de Fondo Habitacional. Si bien en la parte jurídica existen focos rojos que también provocan fastidio entre quienes llevan demasiado tiempo de espera, no obstante este resultado, no quiere decir que sean los únicos con problemas burocráticos, pero sí los que más inciden en la excesiva demora.
El cuestionamiento también abarca a otros territorios, como Cárdenas, Colón y Jovellanos, que no están exentos de dificultades. Y aunque en menor grado, basta un solo día de atraso en la entrega para ocasionar disgusto, malestar y, sobre todo, señalamientos críticos al organismo por incumplir deberes sociales bajo su total responsabilidad.
Debe tenerse en cuenta que la búsqueda del documento conlleva gastos monetarios por concepto de transporte, ausencias laborales y, en no pocos casos, traslados entre municipios y provincias. Cuanto se hace, expresó Martín Almeida, es a partir de la entrada en vigor del Acuerdo 8574, que regula el proceso de ordenamiento y legalización de viviendas, cuartos, habitaciones y locales ilegales o sin formalidades observadas en la construcción; siempre que cumplan con las regulaciones territoriales y urbanísticas, con el fin de transferirlas y otorgarles la propiedad a quienes cumplen lo indicado en el documento rector.
Explicado todo el proceso de documentación integral, dictada la resolución adecuada para la entrega de la propiedad, previamente aprobado en el Consejo de la Administración del Poder Popular Municipal; consideró ella que resulta engorrosa la espera innecesaria debido a desacuerdos y falta de conciliación entre departamentos, como ocurre. Esto origina criterios demasiados fuertes.
Lea también: Entregarán viviendas a familias afectadas en la Base de Supertanqueros
