En su declarada lucha contra el narcotráfico y los cárteles declarados como organizaciones terroristas globales, el gobierno de Estados Unidos ordenó la movilización de tres destructores con misiles guiados Aegis a aguas internacionales cercanas a Venezuela.
A estos se pudieran unir los buques militares USS San Antonio, USS Iowa Jima y USS Fort Lauderdale, con un total de 4000 efectivos a bordo, con más de 2000 marines entre estos. Junto a los buques, que pudieran llegar el domingo a las cercanías de Venezuela, se adicionarían varios aviones espía P-8 y al menos un submarino de ataque, de acuerdo a fuentes consultadas por Reuters.
El desarrollo de la operación militar estadounidense en el sur del mar Caribe, que ya ha disparado las tensiones en el área, tendría una duración de varios meses, emprendiéndose en el espacio aéreo y marítimo internacional. El poder militar que Estados Unidos movilizaría a las cercanías de Venezuela pudiera emplearse en operaciones de vigilancia e inteligencia, pero también en ataques selectivos.
Estos anuncios se corresponden con la directiva firmada en secreto por Trump este propio mes, que ordenaba al Pentágono la utilización de la fuerza militar contra determinados cárteles y grupos delictivos latinoamericanos, otorgando una base oficial para el desarrollo de operaciones en suelo y mar en el extranjero.
En reiteradas ocasiones el gobierno estadounidense ha calificado a Venezuela como un narcoestado, señalando incluso al mandatario venezolano como líder del Cartel de los Soles. En relación con esto, los Departamentos de Justicia y de Estado anunciaron el pasado 7 de agosto que el gobierno norteamericano duplicaba a 50 millones de dólares la recompensa por información que condujese a la captura de Nicolás Maduro, imputado por cargos de narcotráfico en Estados Unidos, juntoa otros dirigentes chavistas como Diosdado Cabello, por el que se ofrece una recompensa de 25 millones de dólares.
El pasado martes, interrogada por el envío de buques militares al Caribe, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmaba que Estados Unidos estaba listo para emplear toda su fuerza en la lucha contra el flujo de drogas hacia Estados Unidos, al tiempo que insistía en la ilegitimidad del gobierno de Nicolás Maduro.
Por su parte, Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), declaraba el jueves que Venezuela con las guerrillas colombianas en el envío de drogas a cárteles mexicanos que trafican hacia Estados Unidos.
En entrevista con la cadena Fox News, el máximo dirigente de la DEA expresó que, desde Venezuela, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) trasladan hacia Estados Unidos, a través de México, cantidades récords de cocaína, al tiempo que señalaba el papel de los miembros del Tren de Aragua —vinculado igualmente a Venezuela, según Estados Unidos— en la violencia en las calles y ciudades estadounidenses.
A raíz de ello, y teniendo en cuenta el largo historial de intervenciones militares en la región, y las similitudes de las presentes acciones con la invasión a Panamá en 1989, el gobierno de Nicolás Maduro ha convocado un alistamiento ciudadano para los días 23 y 24 de agosto, además de la movilización de las Milicias Nacionales Bolivarianas y las reservas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para ocupar los distintos territorios del país en caso de agresión.
La escalada de tensiones ha promovido asimismo el rechazo al intervencionismo norteamericano por parte de diferentes gobiernos latinoamericanos y caribeños, como México, Colombia, Cuba y otros, así como pronunciamientos organizaciones como las Naciones Unidas y el ALBA, y potencias como China.
#Declaración XIII Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno Del Alba-TCP pic.twitter.com/OgATBURhqU
— ALBA (@ALBATCP) August 21, 2025
¿Habrá intervención en Venezuela?
Aun cuando el Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas se presentan como obstáculos para las acciones militares en territorios foráneos, y la propia legalidad norteamericana posea impedimentos para que el poder ejecutivo ordene el desarrollo de incursiones militares sin ser facultado para ello por el Congreso, subyace la posibilidad de que el mandatario norteamericano ordenase una intervención militar, amparándose en interpretaciones de la propia Carta de Naciones Unidas y su artículo 51 —mecanismo utilizado con anterioridad por otras administraciones— y en alegaciones a la autodefensa frente a la crisis del fentanilo, por ejemplo.
Los anunciados movimientos militares norteamericanos en las cercanías de Venezuela, no obstante, difícilmente devengan en lo inmediato en una incursión contra la República Bolivariana.
Tanto las acusaciones —sin pruebas concretas que vinculen a Maduro y su gobierno con el narcotráfico—, como la aprobación del uso de la fuerza militar para combatir el tráfico de drogas bajo el supuesto de terrorismo; pudieran estar dirigidas a tantear el terreno regional en pos de valorar estrategias militares futuras, a socavar la estabilidad política regional en función de sus intereses geopolíticos, y a profundizar aún más el aislamiento de Venezuela, así como a legitimar las políticas antimigratorias y coercitivas de Trump hacia distintos países de la región.
No obstante, los acontecimientos que se vengan dando en los días venideros deben de seguirse con atención. Si algo va demostrando Donald Trump en su actual mandato, es la voluntad de retornar a las políticas más reaccionarias del imperialismo estadounidense, y Venezuela había sido ya un objetivo fundamental en la política exterior de su primera administración, y tales empeños, en la presente, no parecen haber disminuido.
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