En el año 2007 Cristina Fernández de Kirchner (CFK) ganaba las elecciones presidenciales argentinas con el peronista Partido Justicialista, sucediendo en la Casa Rosada a su esposo Néstor Kirchner, quien había asumido la magistratura tras la victoria en los comicios de 2003, cuando la nación sudamericana vivía las secuelas de la crisis económica y política que terminaron forzando la renuncia de Fernando de la Rúa en 2001.
Durante los doce años de gobierno del kirchnerismo, en la nación porteña fueron impulsadas importantes políticas y legislaciones en distintas materias. No obstante, terminó perdiendo la presidencia de la nación frente a la derecha en 2015, cuando el candidato Mauricio Macri ganase los comicios presidenciales.
Desde este propio año, el poder judicial argentino inició una serie de causas contra Cristina Fernández: el Memorándum Irán, la causa Vialidad, la llamada causa Cuadernos y Hotesur–Los Sauces.
Dentro de la causa Vialidad, iniciada durante 2016 bajo el gobierno de Macri, a partir de una denuncia que se remontaba al 2008, y luego de casi diez años de disputas, la Corte Suprema de Justicia ratificó el pasado 10 de junio la condena a seis años de prisión —bajo arresto domiciliario— y la inhabilitación perpetua de la expresidenta, quedando anulada la posibilidad de presentarse a las próximas elecciones legislativas, para las que Fernández de Kirchner había anunciado semanas atrás su candidatura.
Sin embargo, la legitimidad de la condena y del propio proceso judicial ha sido puesta en duda por el propio entorno de la expresidenta, la izquierda argentina y sus simpatizantes, así como distintos medios y expertos; denunciando que, lejos de tratarse de una imputación judicial, el proceso sería un lawfare contra la figura más influyente del peronismo.
Los argumentos que apuntan a un lawfare contra CFK se centran en la cercanía de los magistrados con el expresidente Mauricio Macri, la ausencia de imputaciones contra otros miembros del gabinete bajo el que Fernández de Kirchner había aprobado el decreto utilizado como una de las mayores pruebas por parte de la acusación y el irrespeto de la presunción de inocencia.
Debe destacarse que, en la propia región, tras la restauración derechista que se operó luego de la era en que la izquierda dominó el espectro político regional, el lawfare ha sido un recurso ampliamente utilizado por los sectores reaccionarios a fin de anular las posibilidades de sus más fuertes opositores; mostrando los procesos promovidos en Brasil contra Luíz Inácio Lula da Silva y en Ecuador contra Rafael Correa estrechas similitudes con la causa que ha inhabilitado finalmente a CFK.
En todos los casos, los procesos han estado signados por la opacidad, la ausencia de imparcialidad, las limitaciones contra la defensa, la falta de pruebas sólidas y un ataque mediático orquestado por los mayores conglomerados mediáticos de estas naciones, en manos del capital privado.
Los procesos, asimismo, han quedado en entredicho por el contraste entre estos y los escándalos judiciales alrededor de la derecha oligárquica que los impulsó. Políticos como Michel Temer, Jair Bolsonaro, Guillermo Lasso, Lenín Moreno y Mauricio Macri se han visto salpicados por disímiles acusaciones y causas por corrupción y otros cargos dentro de procesos que cuentan con evidencias de mayor fortaleza, guardando prisión —por un exiguo período de tiempo— solo Michel Temer.
El nuevo capítulo de asedio contra la principal figura de la izquierda argentina llega en un momento en que la derecha aún posee un importante capital político tanto dentro de la región como del mundo, y en el que Argentina vive bajo uno de los gobiernos más autoritarios de los últimos años.
Frente al arresto domiciliario dictaminado por la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner, y a escasos meses de las elecciones legislativas, el peronismo y la alianza Unión por la Patria deberán reconstruir liderazgos y reestructurar alianzas. La cita pactada para el 26 de octubre resultará crucial para el pueblo argentino, dada la urgencia de mantener la minoría legislativa con que cuenta la coalición gobernante. (Por José Carlos Aguiar Serrano. Gráfica: Frank Arena Bonillo)
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