Un ejercicio nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales concluyó la última semana en Matanzas y sus resultados arrojan luces sobre la compleja situación del territorio en cuanto a estas problemáticas.
Durante la ofensiva se realizaron más de 13 mil acciones, de ellas 10 986 por los órganos impositores, quienes aplicaron poco más de dos mil multas por un valor de más de 5 millones de pesos (CUP).
Organismos y entidades como la Oficina Nacional de Administración Tributaria, el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo y las direcciones de Inspección ejecutaron acciones de control para detectar violaciones a la legislación aprobada para el ejercicio del trabajo por cuenta propia (TCP) y las relaciones y responsabilidades de las empresas y formas de gestión no estatal.
En ese sentido, identificaron deudas con el fisco ascendentes a casi siete millones de CUP, de los cuales lograron cobrar poco más de tres millones; asimismo, se revisaron cuentas bancarias fiscales y se imputaron 13 sanciones por este concepto, ascendentes a más de 63 mil CUP.
Otras acciones de control en áreas específicas del TPC lograron la inspección a titulares de negocios y la aplicación de multas por un importe que superó los 137 mil CUP. La Dirección de Inspección impuso 262 multas, con un importe de más de un millón 131 mil CUP. De ellas, 148 responden al incumplimiento de las políticas de precio, con multas ascendentes a más de 800 mil CUP.
En este último particular enfocaron también sus esfuerzos la Dirección de Inteligencia Militar y los Ministerios de Agricultura y Finanzas y Precios, con resultados satisfactorios, al ser los precios elevados uno de los problemas que más afecta a la población.
La Dirección de Comercio, por su parte, controló a 337 actores económicos y detectó 92 deficiencias, entre las que prevalecen el poco uso de las pasarelas de pago y la inexistencia de autorizos comerciales, mientras que el Ministerio de Salud Pública encaminó sus acciones al control del brote de Hepatitis que afecta a la provincia.
En cuanto a la detección y esclarecimiento de delitos, ilegalidades e indisciplinas sociales, las principales autoridades y organizaciones del territorio desplegaron, de conjunto con el Ministerio del Interior, un operativo en el que se actuó contra 50 implicados.
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Los territorios más atrasados en la ejecución del ejercicio fueron Jagüey Grande, Colón y Limonar, mientras que el municipio cabecera alcanzó los mejores resultados en esta ofensiva que tendrá lugar las segundas semanas de cada mes.
