El General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, y Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, asistieron este viernes a la tercera y última jornada de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en el Tercer Período Ordinario de Sesiones de su X Legislatura.
En el Palacio de Convenciones de La Habana y ante Esteban Lazo Hernández, del Buró Político y presidente de ese órgano, los diputados discutieron importantes proyectos de ley, en correspondencia con el cronograma legislativo.
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La ANPP aprobó la Ley del Procedimiento Administrativo, sin antecedentes normativos en el país, la cual tiene como objetivo regular y sistematizar con carácter general la actuación administrativa.
Oscar Manuel Silvera Martínez, ministro de Justicia, explicó a los diputados que este texto legal es supletorio de otros procedimientos especiales atendiendo a las singularidades de algunos sectores.
La Constitución de la República de Cuba consagra el derecho de toda persona a disfrutar de un debido proceso, tanto en el ámbito judicial como en el administrativo, lo que constituye una garantía frente a las actuaciones administrativas, expresión de seguridad jurídica y requisito de legalidad, resaltó.
En cumplimiento del cronograma legislativo, se aprobó también la Ley del Sistema de Títulos Honoríficos y Condecoraciones de la República de Cuba, la cual ordena y perfecciona las disposiciones normativas vigentes.
El texto legal establece la creación, modificación o extinción de títulos honoríficos y condecoraciones; el otorgamiento, imposición o entrega de los mismos; así como los derechos y obligaciones de los condecorados, entre otros aspectos.
La normativa explica cuáles son los sujetos y los méritos para su otorgamiento; la creación, modificación o extinción como facultades del Consejo de Estado, definiendo las autoridades que las proponen.
Asimismo, fueron aprobados por los diputados la Ley de Migración y el Dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos.
En su presentación el primer coronel Mario Méndez Mayedo, jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE), del Ministerio del Interior, ahondó en la pertinencia de la nueva legislación, en un momento en el que se estiman que más de dos millones de cubanos nacidos en el país residen en otras naciones.
La normativa reconoce el derecho a la información, al trato justo, a la justicia, a la no discriminación, al trabajo, cuando se tiene la clasificación migratoria de residente, y a los demás derechos constitucionales.
Con respecto a los ciudadanos cubanos, se ofrecen soluciones migratorias para su inserción en el nuevo modelo económico, y se suprime el tiempo de estancia de 24 meses en el exterior y la designación de migrante por esta razón.
Con la aprobación, además, de la Ley de Ciudadanía, el país cuenta con una nueva norma que desarrolla los postulados constitucionales de fortalecer la relación entre el Estado cubano y sus ciudadanos, sin antecedentes en la nación.
La normativa mantiene el principio de que la adquisición de otra ciudadanía no implica la pérdida de la cubana, por lo cual los connacionales residentes en el exterior durante su estancia en el territorio nacional no pueden acogerse a otras para evadir responsabilidades legales.
Ese punto se enlaza al concepto de ciudadanía efectiva, que establece la obligatoriedad para los ciudadanos cubanos de hacer uso de la ciudadanía cubana, e identificarse como tal, para su ingreso, permanencia, tránsito y salida del territorio nacional y de no hacerlo, se establecen normas para la prevención de estas conductas.
En tanto, la nueva Ley de Extranjería, aprobada por los diputados cubanos, reconoce la diversidad de escenarios en los que se desarrollan los extranjeros en el territorio nacional.
La actualización responde a la estrategia para el desarrollo del turismo, la participación prevista de las inversiones extranjeras en la economía nacional, el modelo económico aprobado y el desarrollo de las relaciones internacionales en general.
De modo similar a la de Migración, tiene como objetivo establecer las bases normativas encaminadas a regular un sistema de extranjería actualizado, que se corresponda con los postulados constitucionales actuales.
Alina Balseiro Gutiérrez resultó ratificada hoy como presidenta del Consejo Electoral Nacional (CEN), órgano que se somete a la elección de su nueva membresía transcurrido un quinquenio desde su creación.
Sobre Balseiro Gutiérrez expresó el jefe de Estado, Miguel Díaz-Canel, que ha desarrollado una labor encomiable al frente de este órgano, el cual se encarga de organizar, dirigir y supervisar las elecciones, consultas populares, plebiscitos y referendos que se convoquen, y demás funciones reconocidas en la Constitución y las leyes.
Como vicepresidenta estará Mariela Rondón Pereña, quien ocupaba el cargo de funcionaria del Comité Central del PCC y se promovió a Eraida Espinosa Aguilar como secretaria.
La Ley Electoral establece que el Consejo Electoral Nacional se compone de 21 miembros, entre quienes el presidente, vicepresidente y secretario conforman la dirección y actúan con carácter profesional, y 18 son vocales que ejercen sus funciones con carácter no profesional, señaló Díaz -Canel.
Mirian Marbán González, quien se desempeñaba como primera vicecontralora, fue elegida por la ANPP como Contralora General de la República.
Al presentar la propuesta a los diputados, el Presidente cubano manifestó que se trata de un proceso natural de renovación de cuadros.
Reconoció los años de trabajo de Gladys María Bejerano Portela y su papel como fundadora de la Contraloría y, en medio de prolongados aplausos, subrayó que su comportamiento ético y revolucionario constituye un ejemplo de militante comunista para todos.
Finalmente, el Parlamento aprobó someter al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) a la más alta fiscalización en el próximo periodo ordinario de su actual X Legislatura.
De conformidad con la Constitución de la República, le corresponde a la Asamblea Nacional ejercer la más alta fiscalización a los órganos del Estado, para cuya realización se auxilia de sus comisiones permanentes de trabajo.
