Los tribunales populares cubanos arriban a este aniversario inmersos en nuevos retos en su función de impartir justicia. Fotos: Ramón Pacheco Salazar
Creados como parte de un profundo proceso de transformaciones en el sistema judicial cubano e impulsados por el líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz, se constituyeron, el 23 de diciembre de 1973, el Tribunal Supremo Popular y el Sistema de Tribunales Populares y Militares del país.
Integran este órgano juristas de probada profesionalidad y ética revolucionaria, que tienen a su cargo la compleja misión de impartir justicia en nombre del pueblo de Cuba, una tarea que asumen con entereza, a pesar de las carencias materiales y las campañas que constantemente intentan desacreditar sus competencias.
Medio siglo después, las prioridades de los tribunales populares permanecen ancladas a la garantía de la tranquilidad ciudadana y el orden público con apego a las leyes vigentes. No obstante, muchos son los retos que enfrentan de acuerdo con las particularidades del contexto cubano en la actualidad.
DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO
Luego del triunfo revolucionario de enero de 1959, Fidel propuso la creación de un sistema comunitario de tribunales populares; integrado por los propios ciudadanos de la barriada, encargado de enjuiciar los delitos leves y contravenciones. El nuevo ente, surgido del pueblo y para el pueblo, procuraba que fueran sus ciudadanos los que impartieran justicia acorde con el sistema político-social de igualdad implantado en el país.
En la implementación de esta experiencia jurídica, los estudiantes de derecho de la universidad tuvieron una participación activa y en breve tiempo quedó fusionado el sistema de justicia de los tribunales populares de base, órganos que de manera ejemplar desarrollaron esta labor.
La institucionalización del país, fruto de cambios sustanciales en los ámbitos político y económico, implicó también un profundo análisis para arribar a niveles superiores en la administración de justicia en Cuba. Es por ello que como parte de esa ardua labor ocurre la promulgación de la Ley número 1250, en julio de 1973, sobre la organización del sistema judicial, por mandato de la cual, el 23 de diciembre de ese mismo año, quedaron constituídos el Tribunal Supremo Popular y el Sistema de Tribunales Populares y Militares del país.
Hablar de su período como presidente de esta institución en Matanzas transporta a Rodolfo Ortega Villalonga a una época que describe como una oportunidad de profundo aprendizaje. Su tránsito entre 1983 y 1989 por este cargo representó una oportunidad de ampliar su campo profesional como miembro del Ministerio del Interior.
“Yo me gradué —metafóricamente— de abogado en esa época. Lo recuerdo como un período muy bonito porque me aportó muchísimo, pero fue igualmente difícil: no teníamos buenas condiciones en el edificio, los materiales escaseaban tanto como ahora; sin embargo, teníamos jueces magníficos. Muchos de ellos, aunque ya no ejercen, se han mantenido vinculados al sistema como abogados y eso habla de un aspecto que para mí distingue al sistema de tribunales: el sentido de pertenencia”.
Según destacó Amaro Cabrera Calero, actual presidente del Tribunal Popular Provincial, más del 30 % de los jueces en Matanzas acumulan entre 10 y 20 años de labor vinculados al sistema, y el 33 % supera las dos décadas en estas funciones.
“Dirigir todos estos procesos en Matanzas implicó además muchos retos”, señaló Ortega Villalonga.
“Nos tocó la despenalización del dólar, en el cual a nivel de país tuvimos un trabajo destacado. Luego, implementamos una nueva experiencia que se socializó en el resto de las provincias, y fue la de celebrar los juicios de apelaciones en los municipios. Muchos de estos procedimientos requerían transporte y otro tipo de aseguramientos para su realización aquí en la cabecera provincial. Entonces, decidimos efectuar una preparación y empezar a realizar esos juicios a nivel de cada territorio, algo que contribuyó a viabilizarlos mucho más y a disminuir considerablemente el número de suspensiones”, argumentó.
Sobre la importancia del trabajo de este ente judicial en la sociedad cubana, Ortega Villalonga aseguró que se trata de una tarea compleja y sacrificada ante la cual los jueces matanceros de ayer y de hoy han sabido responder con compromiso y ética.
“Nuestros jueces son personas con una formación profesional y con una calidad humana muy buena. Muchas veces he tenido que salirle al paso a gente que duda de su integridad, porque trabajé aquí y ratifico que son intachables. Son conscientes de que son figuras públicas y que como tal deben mantener una conducta acorde”, enfatizó.
NUEVAS LEYES, NUEVOS RETOS
Hoy los tribunales cubanos, especialmente los matanceros, asumen una nueva etapa de trabajo en la que, a decir de su presidente, se debe alcanzar tanto la necesaria estabilidad del personal como una preparación elevada desde el punto de vista profesional y político.
Conseguir una justicia de mayor calidad, sustentada en la eficiente aplicación del derecho, que se corresponda cada vez más con nuestra realidad, a fin de preservar la defensa de las conquistas del socialismo cubano, constituye la premisa fundamental para el equipo de esta institución.
Así lo reafirmó a Girón Cabrera Calero, quien añadió que el contexto cubano demanda trascender la función de ser meros aplicadores de la norma. Se trata, en su opinión, de hacerlo con clara noción de lo justo, de manera que sus decisiones se caractericen por la transparencia, efectividad y humanismo.
“En ese sentido, hay que destacar el trabajo de las mujeres y los jóvenes dentro del sistema de tribunales, una fuerza esencial que nos enorgullece y que ha sido reconocida en el marco de las actividades por estos 50 años”.
Entre las juezas agasajadas destacan Keyla Esther Morera López y Dailenys Ibáñez Pedroso, dos mujeres frente a la presidencia de los tribunales populares de Cárdenas y Jovellanos, respectivamente, historias de crecimiento y de respeto a la profesión.
“Nosotras las mujeres, en esta y en cualquier otra profesión, somos vencedoras de imposibles, porque asumir responsabilidades, y específicamente la de ser presidenta del Tribunal Popular Municipal en un territorio como Cárdenas, entraña un sacrificio inmenso siendo mujer y siendo madre.
“He tenido muy claro siempre que ser jueza es eso y me siento muy orgullosa de esta profesión que ejerzo hace 23 años”, declaró Morera López, quien acumula una década en su actual cargo.
Ibáñez Pedroso, de solo 35 años, actual presidenta del Tribunal Popular Provincial de Jovellanos y temporalmente al frente de esa institución también en Pedro Betancourt, recalca que si bien es un camino difícil, no es imposible si se ama la profesión.
“Inicié mi vida laboral en abril de 2007 como secretaria, pero siempre me gustó la carrera de derecho. Una vez ahí me presenté al concurso de oposición y empecé a ejercer como jueza en el 2012, con en los procesos civiles. Luego pasé a atender la materia penal en 2013, hasta que me proponen la presidencia hace dos años.
“Por supuesto, implicó un esfuerzo inmenso, pero gratifica mucho ver el fruto, que son los buenos resultados. Además la confianza, porque un año después me piden dirigir también el municipio de Pedro Betancourt.
“Llevar esta doble responsabilidad no es un mérito personal, sino un esfuerzo conjunto por sacar adelante el trabajo más allá del déficit de trabajadores, esforzándonos como equipo para que todo salga bien, porque es lo que nos gusta”, explicó Ibáñez Pedroso.
“En la esfera de lo penal, los órganos de justicia hemos contribuido y seguiremos contribuyendo a mantener la disciplina y el orden social, especialmente en el enfrentamiento a ciertas conductas delictivas que tratan de ganar espacio y que deben ser reprimidas con fuerza para mantenerlas bajo el necesario control. La tranquilidad ciudadana que disfrutamos como ningún otro país del mundo tiene que ser preservada, aunque para ello sea preciso utilizar todo el rigor que la ley permite y que la situación y el caso particular reclamen”, resumió Cabrera Calero en su informe durante el acto conmemorativo por los 50 años.
En declaraciones a este medio, agregó que parte de los retos que marcan hoy la ruta del sistema de tribunales en Matanzas radica en la implementación de las nuevas normas, la identificación de las complejidades para juzgar delitos que hasta el momento no eran reconocidos, así como el proceso de digitalización que, enfatizó, no constituye una opción, sino un paso obligatorio si se pretenden alcanzar resultados diferentes.
“La actividad empresarial ha introducido nuevas modalidades en la contratación y genera conflictos a los cuales debemos dar la solución más adecuada y oportuna. Por otra parte, se desarrollan nuevas formas de relaciones laborales en el país y en ocasiones provocan conflictos que son subjetivos a la decisión judicial de los tribunales.
“Otros litigios de carácter civil, familiar o administrativo, también de naturaleza distinta a lo que veníamos conociendo, están presentándose ante las salas correspondientes de justicia en esta materia. Por todo ello resulta fundamental la superación del personal para dar una acertada respuesta dentro del marco del derecho y a tono con los intereses que protege nuestra sociedad.
“Arribamos al aniversario 50 de la creación de los tribunales populares con una alta confianza del pueblo y las autoridades en nuestra institución. Creo que gozamos de prestigio y consideración social. Aquí la justicia no está presa ni enferma”, concluyó Cabrera Calero.
