Hablar de violencia de género en Cuba y de su enfrentamiento va siendo por fortuna cada vez más frecuente. Los abordajes desde las investigaciones académicas o los medios de comunicación, la aprobación de no pocas políticas de gobierno, marcos legislativos y espacios de debate acerca de su impacto y su prevención colocan el tema en el centro de muchos esfuerzos.
Se trata, según datos de la Encuesta Nacional de Igualdad de Género de 2016, de una realidad reconocida por más de la mitad de la población participante en la investigación. Asimismo, los datos muestran que un 22,6 % de las mujeres encuestadas han sufrido violencia a lo largo de su vida.
Su reconocimiento como problema de responsabilidad estatal en el Artículo 43 de la Constitución, la protección específica a este tema incluida en el Código de las Familias, el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM) así como la Estrategia Integral de Prevención y Atención resultan algunos de los avances más significativos en los últimos dos años.
Una estrategia con perspectiva de género
Para Odalys García Pérez, secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en Matanzas, la implementación de la citada estrategia para prevenir la violencia de género ha facilitado la evolución de algunos procesos en el territorio, aunque también representa un desafío constante para quienes asumen la responsabilidad de acompañar a las mujeres víctimas.
La Estrategia resalta por su carácter integral e integrador; su capacidad para transversalizar el enfoque de género a todas las áreas y organismos que inciden directa o indirectamente en la supervivencia de este fenómeno. De igual modo, según se ha señalado en diversos espacios, “las acciones que propone permitirán la detección, identificación, prevención, atención y reparación de daños a víctimas y/o sobrevivientes, así como el tratamiento a los agresores, de manera coordinada y oportuna”.
Por otro lado, según declaró a Cubadebate la miembro del Secretariado Nacional de la FMC Osmayda Hernández, el documento vincula a los organismos de la administración central del Estado, a las organizaciones sociales y de masas, a la sociedad civil y a los gobiernos municipales y provinciales, a partir de la definición de asuntos concretos a los que deben dar respuestas.
“Realmente su implementación no ha podido avanzar hasta hoy todo lo que nos gustaría porque depende de muchos factores y demanda de las instituciones implicadas una alta preparación y sensibilidad. Hacia ese derrotero hemos dirigido una gran parte de los esfuerzos este año”, explicó por su parte García Pérez.
Como parte de las acciones desarrolladas tras su publicación en diciembre pasado sobresalen los talleres de capacitación a autoridades del Minint y la creación de las consejerías para la atención a las mujeres víctimas de violencia, espacios donde confluye un equipo multidisciplinario que acompaña y asesora a quienes lo precisen.
“Las consejerías están compuestas por especialistas del Ministerio del Interior (Minint), el Ministerio del Trabajo, la Fiscalía y Salud Pública con psiquiatras y psicólogos que desempeñan en estos procesos un rol fundamental. Son grupos que antes no existían, y que pasan a formar parte de esta estrategia con el objetivo de atender únicamente los casos de violencia de género, tarea en la cual pienso que hemos logrado un desarrollo significativo”, valoró la secretaria de la Federación en Matanzas.
Presentes en todos los municipios matanceros, las consejerías reciben casos los últimos viernes de cada mes; sin embargo, ante situaciones de alta complejidad la atención es inmediata y el acompañamiento se extiende hasta que el agresor reciba sentencia.
No obstante, también subrayó uno de los desafíos principales para la efectividad de este acompañamiento: la preparación del personal que recibe las denuncias, a su juicio insuficiente, y de una gran importancia en el curso de la investigación y el apoyo a las víctimas.
“Nos pasa que con frecuencia se denuncia un caso y a las pocas horas o al día siguiente el agresor es puesto en libertad. Esto ocurre por muchas razones, por creer que se trata de un asunto “doméstico” u otras porque la propia víctima, en condiciones de dependencia económica o por miedo, retira la denuncia y ante este tipo de situaciones resulta esencial contar con oficiales sensibilizados para evitar la revictimización.
“Con ese propósito hemos estrechado en este año los nexos con el Minint, donde hasta la fecha se han impartido cuatro talleres con los oficiales y el resto del personal que recibe estos casos en las unidades, para ofrecerles herramientas y resaltar la importancia de este primer paso del proceso. Hablamos incluso en el último taller de establecer un espacio fijo cada mes.
“Sabemos que es una alternativa pero no la única. Creo que poco a poco iremos alcanzando mejores resultados, pero pienso que acompañar también en este proceso desde la FMC también es importante para lograr un curso adecuado de esas denuncias que, como sabemos, llevan mucho valor detrás”, enfatizó.
Lea también
FOMO: El miedo a la exclusión social en internet
Las nuevas dinámicas de consumir series y películas por streaming, los juegos de steam y prepagados y el aumento de la interacción con las redes sociales han generado una… LEER MÁS »
Leyes para detener la espiral de la violencia de género
La estrategia contempla además la necesidad de perfeccionar el marco jurídico nacional. De esta manera incorpora la perspectiva de género a todas las normas jurídicas, procesos e investigaciones relacionados con situaciones de violencia de género y en el escenario familiar.
Para Alina Domínguez García, fiscal jefa del Departamento de Protección a la Familia y Asuntos Jurisdiccionales, las acciones desarrolladas en esta área han llegado a un nivel de concreción mucho mayor en 2022, pues, como parte de la estrategia y sus objetivos, los órganos e instituciones a cargo de dar seguimiento a este asunto han perfeccionando sus normas internas.
“En el caso de la fiscalía se emitió la resolución 35, norma que va a coordinar los esfuerzos entre todas las especialidades de esa institución para enfrentar adecuadamente este fenómeno. Con ello se establece también un protocolo de acción que traza la ruta a seguir desde el proceso penal, donde se tramitan y se controlan los procesos de denuncia y, además, desde la especialidad de protección a la familia y asuntos jurisdiccionales que engloba la tramitación de quejas de quienes acuden a nuestra institución, ya sea por la violencia física, económica o psicológica, etc”, señaló Domínguez García.
Por otra parte, la especialista se refirió a importantes avances en torno a la protección que desde el punto de vista legal se ofrece al tema.
“Pienso que estamos en un momento superior partiendo del propio Código de Procesos que entró en vigor a inicios de año. Con ello no solo se permite que las mujeres puedan dirigirse directamente a los tribunales a solicitar tutela en los casos de violencia, sino que pueden solicitar incluso una indemnización cuando se consideren afectadas. Igualmente contamos desde septiembre con un nuevo Código de las Familias, donde se deja clara la voluntad estatal y la protección ante actos de violencia contra la mujer, y mejora desde el punto de vista legislativo la situación de esta en el ámbito familiar».
“Pienso que hay que resaltar también el código penal que entró en vigor recientemente, donde todas las figuras delictivas tienen un refuerzo cuando se trata de un hecho relacionado con este asunto, lo cual consideramos que constituye un paso de avance trascendental”, concluyó Domínguez García.
“Entre los principales retos, creo que está continuar capacitando a todo el personal del Minint, a todos nuestros cuadros, para que estén preparados todos los que tienen algún tipo de influencia en este proceso. Opino que otro reto importante para seguir acompañando de manera efectiva a estas mujeres es que logremos tener al fin un centro donde podamos albergar a las víctimas que no cuentan con una vivienda propia”, añadió García Pérez.
Frenar este flagelo en todas sus formas y manifestaciones y poner fin al maltrato no es tarea de un día y depende, además del apoyo de las organizaciones o el gobierno, de acciones profundas que impacten en los arraigados estereotipos machistas de nuestra sociedad que colocan todavía a la mujer en situaciones de subordinación.
